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CONTRIBUCIÓN DE LA REINTEGRACIÓN A LA
RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA
Maestría en Estudios Interdisciplinarios en Desarrollo Centro de Estudios Interdisciplinarios en Desarrollo - CIDER
Opción: Conflicto, paz y desarrollo Énfasis: profesionalizante
Director: Mauricio Uribe
ANDREA SALAZAR ARANGO Código: 200212908
Universidad de Los Andes Marzo de 2015
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CONTRIBUCIÓN DE LA REINTEGRACIÓN A LA
RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA
TABLA DE CONTENIDO
LISTA DE ABREVIACIONES ........................................................................................................ 3 PALABRAS CLAVE ........................................................................................................................ 4 RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................. 4 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 5 CONSTRUCCIÓN DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y REINTEGRACIÓN .................................. 7 Evolución de un concepto ................................................................................................................... 7 Construcción de Paz y Desarrollo .................................................................................................... 9 Reconciliación, coexistencia y Construcción de Paz ............................................................... 12 DDR y Reconciliación ......................................................................................................................... 15
REINTEGRACIÓN EN COLOMBIA .......................................................................................... 19 REINTEGRACIÓN Y RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA ................................................... 24 Reintegración Basada en Comunidades ...................................................................................... 27 Acciones de Servicio Social .............................................................................................................. 28 Perspectivas y aportes de la Reintegración a la reconciliación .......................................... 29
CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 39 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................... 47 RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 42 Sobre la Reintegración Basada en Comunidades y el servicio social ................................ 42 Sobre el programa de reintegración ............................................................................................. 43 Sobre la promoción de la reconciliación nacional ................................................................... 45
ANEXOS ........................................................................................................................................ 53 ANEXO 1 – CUADRO DE DEFINICIONES DE IDDRS ..................................................................... 53 ANEXO 2 – PERSPECTIVAS DE DESMOVILIZACIÓN, DESARME Y REINTEGRACIÓN ....... 54 ANEXO 3 -‐ MARCO LEGAL DE LA REINTEGRACIÓN EN COLOMBIA ...................................... 61 ANEXO 4 – INFOGRAFÍA DE LA RUTA DE REINTEGRACIÓN ................................................... 65
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CONTRIBUCIÓN DE LA REINTEGRACIÓN A LA
RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA
LISTA DE ABREVIACIONES
ACR – Agencia Colombiana para la Reintegración
ASS – Acciones de Servicio Social
CNC – Centro Nacional de Consultoría
CNRR – Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
CONPES – Consejo Nacional de Política Económica y Social
DDR – Desarme, Desmovilización y Reintegración
DNP – Departamento Nacional de Planeación
IDDRS – International DDR Standards (en español Estándares Integrados de DDR)
IWAG – InterAgency Working Group (en español – Grupo Interagencial de Trabajo)
OACP – Oficina del Alto Comisionado para la Paz
OIM – Organización Internacional para las Migraciones
ONU – Organización de las Naciones Unidas
PPR – Persona en Proceso de Reintegración
PRSE – Política de Reintegración Social y Económica
PRVC– Programa de Reincorporación a la Vida Civil
RBC – Reintegración Basada en Comunidad
SIDDR – Stockholm Initiative on DDR (en español – Iniciativa de Estocolmo en DDR)
SSR – Security Sector Reform (en español – Reforma del Sector de Seguridad)
UARIV – Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
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CONTRIBUCIÓN DE LA REINTEGRACIÓN A LA
RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA
PALABRAS CLAVE
Reintegración, reconciliación, construcción de paz, Desarme, Desmovilización y Reintegración,
Desarrollo, Resiliencia, reintegración basada en comunidades, servicio social, reintegración en
Colombia, coexistencia pacífica.
RESUMEN EJECUTIVO
Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración juegan un papel fundamental
en la Construcción de Paz. No sólo por sus aportes en la reconfiguración de la seguridad luego de
un conflicto sino, y más importante aún, por el rol que pueden jugar en la contribución de aspectos
más amplios de desarrollo, necesarios en países que emergen de situaciones de violencia. Parte
del éxito de estos programas se mide en la contribución que puedan hacer para reconciliar
comunidades y fortalecer la coexistencia pacífica como método de promoción de la resiliencia. El
proceso de reintegración en Colombia fundamenta sus acciones en la promoción de la
reconciliación de las comunidades que han sido fuertemente afectadas por el conflicto que ha
vivido el país por más de 50 años. No obstante, estos esfuerzos son aún insuficientes para generar
escenarios en donde la construcción de imaginarios colectivos de convivencia permita el
fortalecimiento de una sociedad que pueda demandar instituciones que, efectivamente, respondan
a sus necesidades.
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CONTRIBUCIÓN DE LA REINTEGRACIÓN A LA
RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA
INTRODUCCIÓN
La construcción de paz en Colombia implica un proceso tanto de superación de las causas
que, en principio, generaron el conflicto, como de los efectos negativos causados por el conflicto
mismo sobre la sociedad. En un escenario como el nuestro es fundamental entender que no sólo
se deben plantear opciones de reintegración económica para las comunidades que, de una u otra
forma, han sido afectadas por el conflicto. Para que la paz sea sostenible, también se deben
emprender procesos en donde las mismas comunidades sean agentes dinamizadores de desarrollo
y cambio positivo.
Lograr la paz en Colombia es una tarea urgente y nada fácil. El país enfrenta una situación
difícil, sobre todo si se compara con la de otros países que han experimentado procesos de DDR1.
Esta dificultad se presenta porque no es posible diferenciar claramente una etapa de conflicto y
una de postconflicto. Tanto es así que el actual proceso de DDR sucede en medio del conflicto.
Históricamente, los programas de DDR han sido concebidos como parte fundamental en
los procesos de construcción de paz. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha sido claro que estos
procesos no pueden entenderse exclusivamente desde la perspectiva de seguridad y permanecer
aislados de objetivos de desarrollo humano mucho más amplios. Aun cuando el énfasis principal
de un proceso de desmovilización consiste en desarmar las estructuras de guerra, los mecanismos
por medio de los cuales el DDR se implementa han evolucionado para abarcar también desarrollo
de capacidades, gobernabilidad local, generación de empleo, condiciones de desarrollo
1Desde principios de los años 90, se han documentado en el mundo más de 60 procesos de DDR. En el 2007 hubo aproximadamente 20 procesos activos que brindaron apoyo a más de 1 millón de beneficiarios directos. (Muggah, 2009)
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económico, reconstrucción postconflicto y reconciliación (Contribución de Cartagena al DDR,
2009).
El DDR, aún cuando no puede ser responsable por la transformación total de una sociedad
que ha sido afectada por el conflicto, sí juega un rol fundamental como catalizador y articulador
de iniciativas, estrategias y programas enfocados en generar procesos de desarrollo económico y
social para la comunidad. De ese modo se entendería que la reintegración es sostenible en la
medida en que también depende de la recuperación social y económica de las comunidades
receptoras que han sido afectadas por el conflicto mismo. Si un proceso de reintegración es
integral, aporta a la transformación de la sociedad, a la reconstrucción del tejido social y a
alcanzar la reconciliación (PNUD, 2009).
El punto de partida de este documento se encuentra en un análisis conceptual de los
elementos de construcción de paz, reconciliación, desarrollo y DDR. Posteriormente se hace una
descripción de los componentes principales del proceso de reintegración en Colombia. Lo
anterior funciona como sustento teórico para un tercer capítulo sobre las relaciones entre la
reintegración y la reconciliación en el país. Este capítulo ofrece una descripción de los
componentes de reconciliación en ciertas estrategias de reintegración, luego aporta las distintas
visiones, perspectivas, puntos de encuentro y críticas que hay en esta relación. Finalmente, se
presentan recomendaciones al programa de reintegración implementado por la ACR tanto para sus
estrategias, como para las necesidades de coordinación con otras políticas y entidades.
El presente documento no pretende hacer una valoración e investigación de las variables
en la implementación de las estrategias de reintegración basadas en comunidades o proyectos de
servicio social. Ciertamente, no constituye una evaluación de impacto y efecto del programa de
reintegración. Tampoco pretende hacer una comparación de los beneficios dados a diferentes
grupos relacionados con el conflicto como las víctimas versus los desmovilizados. Más bien, a
partir de un análisis de la documentación histórica del proceso de reintegración 2 , su
2 El periodo de tiempo en el que se basará este análisis es entre noviembre de 2006, momento de creación de programa de reintegración actual y hasta el presente. No obstante, se harán breves menciones a los hitos históricos previos al 2006 que fueron determinantes para la construcción del proceso que existe hoy en día. Adicionalmente, se efectuaron algunas entrevistas y conversaciones con funcionarios de la ACR y funcionarios de la OIM que están implicados en el desarrollo de las ASS y la RBC
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conceptualización y sus filosofías, evaluaciones y protocolos de implementación3, identifica los
aportes o contribuciones hechas al fortalecimiento de la coexistencia y la reconciliación y se
constituye como un documento de análisis de intervención pública para el énfasis
profesionalizante de acuerdo con el reglamento establecido por la Universidad de Los Andes.
Luego de hacer una revisión exhaustiva de literatura sobre el tema de reconciliación, para
efectos del presente texto se propone la siguiente definición que parte de una combinación de
varias perspectivas: La reconciliación es un proceso de reconstrucción de relaciones y vínculos
sociales que se basa en las relaciones de confianza y cooperación entre los ciudadanos, y de estos
hacia las instituciones políticas. Se materializa a partir de: 1. La expresión de emociones
generadas por pérdidas, traumas y reflexiones del pasado para construir un imaginario conjunto
del futuro deseado. 2. El uso de métodos multidisciplinarios que promuevan un balance entre la
paz, la justicia y la coexistencia, porque buscan satisfacer necesidades humanas de desarrollo. 3.
La reconciliación promueve la aceptación de diferencias y forja actitudes como la tolerancia y el
respeto por el otro. Esto lo hace creando espacios para la interacción entre los actores del
conflicto4.
CONSTRUCCIÓN DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y REINTEGRACIÓN
EVOLUCIÓN DE UN CONCEPTO
Si bien las transiciones de la guerra hacia la paz son un problema tan antiguo como las
guerras mismas, el concepto de construcción de paz sólo emerge recientemente como un conjunto
coherente de herramientas y análisis para la administración de dichas transiciones y la
para dar contexto a la filosofía de las acciones implementadas. Estas personas se seleccionaron por su conocimiento del proceso y su involucramiento en las acciones encaminadas a la reconciliación que promueve el proceso de reintegración. 3 En vista de que las acciones de servicio social se crearon en 2011, las evaluaciones que se considerarán para este efecto serán a partir de ese momento. Con respecto a la Reintegración basada en comunidades, se contemplaran evaluaciones y documentos producidos en el mismo periodo de tiempo del análisis de este documento. 4 Para efectos de esta definición se entiende que los actores del conflicto son todos los actores de la sociedad, puesto que de una u otra forma, directa o indirectamente, están involucrados en las causas y las consecuencias del conflicto. Es decir, actores del conflicto no se suscribe exclusivamente a las víctimas y los victimarios, sino que se entiende como el conjunto de actores de la sociedad.
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transformación de los conflictos. Sin embargo, se trata de un concepto en constante evolución y
construcción.
En 1992, el entonces Secretario General de la ONU Boutros Boutros-Ghali, publicó la
“Agenda para la Paz” en donde, por primera vez en el ámbito de los organismos internacionales,
se presentaron elementos de la construcción de paz para el postconflicto. Su finalidad era ayudar a
la prevención y a la solución de las guerras en la posguerra fría. Así, definió la construcción de
paz como todas las acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y
solidificar la paz para evitar una recaída en el conflicto (Ghali, 1992).
Aun cuando “Agenda para la Paz” evidentemente transformó el escenario de operaciones
de construcción de paz y postconflicto, poniendo sobre la mesa discusiones sustanciales sobre la
terminología y los conceptos de política internacional e investigación de conflictos, este concepto
ya existía en 1976 en la literatura de Johan Galtung. El concepto de construcción de paz planteado
por Boutros Ghali es similar al de Galtung cuando reconoce la necesidad de levantar fundamentos
que impidan que el conflicto recaiga (Ryan J. , 2013).
Tres años después de la publicación de “Agenda para la paz”, el mismo Boutros-Boutros
Ghali publicó un suplemento que complementó la visión de la ONU sobre las acciones en
construcción de paz (Ghali, 1995), donde resolvió de paso algunas de las críticas que se habían
hecho no sólo sobre esta visión, sino también sobre la visión de Galtung. En este suplemento, la
construcción de paz se plantea como un conjunto de acciones que incluyen esfuerzos adicionales
para prevenir el conflicto antes, durante y después del conflicto mismo. De igual forma, el
suplemento hace hincapié en la importancia de tener capacidad local que, además de dialogar, se
apropie de los procesos para asegurar la sostenibilidad de la paz (Ryan J. , 2013). El concepto de
construcción de paz está aún en evolución. Sus avances se han dado gracias a la implementación
de esfuerzos ad hoc, aprendiendo sobre la marcha y partiendo de los análisis, primordialmente
post intervención, que se han hecho sobre sus efectos.
Usualmente, los procesos de construcción de paz han tenido una tendencia liberal que
parte de la siguiente premisa: los estados democráticos no entran en guerras los unos con los otros
o en conflictos internos. Esta teoría se basa en tres preceptos: a) Evitar la recaída del conflicto, b)
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Reducir las causas que dieron origen al conflicto, y c) Que la estrategia usada no genere nuevas
reivindicaciones que impulsen nuevos conflictos (Paris, 2004).
Roland Paris, en su libro At War’s End, considera que el foco debe estar en que los
constructores de paz se concentren en promover instituciones efectivas antes de promover la
liberalización política y económica. Estas instituciones requieren procesos de construcción de
nación y tejido social que les den sentido (Paris, 2004). En este sentido, John Paul Lederach
propone mecanismos de soporte para implementar procesos de paz a partir de la reconstrucción de
las relaciones humanas (Lederach, 2010).
Si bien hoy en día hay diferentes teorías, visiones y aproximaciones sobre cómo entender
la construcción de la paz, parece haber consenso sobre dos aspectos: por un lado, todas las teorías
concuerdan en la necesidad de abordar las causas que generaron el conflicto, para así prevenir la
aparición de nuevas disputas. Por otro lado, aun cuando hay perspectivas mucho más centradas en
el rol de la cooperación e intervención internacional, existe un interés general en reconocer la
importancia de la apropiación nacional de sus procesos.
La consolidación de una paz duradera depende entonces de varios factores: desde los
esfuerzos por recuperar la infraestructura afectada por el conflicto y garantizar la seguridad de la
población, hasta la instauración de sistemas democráticos de gobierno, incluyendo procesos de
DDR y SSR, justicia transicional y recuperación del tejido social (Rettberg, 2003).
CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y DESARROLLO
¿Cómo puede entonces lograrse un proceso de estabilización postconflicto a la par de un
proceso de desarrollo económico, social y de reconstrucción de estado? En países que emergen de
conflictos, el Estado generalmente es frágil y sus instituciones son demasiado débiles como para
abordar no sólo las necesidades de la reconstrucción, sino además problemáticas más amplias del
desarrollo. En esta medida, las instituciones no logran dirimir conflictos y propender por
sociedades con capacidad de gestar la cohesión social y política necesaria para abordar las causas
estructurales, tanto de los conflictos como de la fragilidad institucional. Estas sociedades frágiles
se sumergen en ciclos de conflicto y violencia como mecanismo de solución de problemas.
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Al respecto, una aproximación común ha sido hacer énfasis en procesos de
implementación de ley y orden (Van Tongeren, 2011), que si bien pueden ser exitosos en
restablecer la estabilidad, no son suficientes para abordar las dificultades que emergen de los
conflictos. Estos tienden a reaparecer si las capacidades de los estados, o de las sociedades, para
lidiar con las causas estructurales permanecen débiles. Para abordar estos retos las sociedades
requieren instrumentos e instituciones que permitan superar las causas estructurales de los
conflictos violentos.
Jordan Ryan habla de este círculo vicioso desde esta perspectiva: la construcción de paz
debe estar enfocada en promover la resiliencia en las comunidades, para que el resultado sean
sociedades que puedan demandar de sus instituciones respuestas pertinentes al logro de los
objetivos de desarrollo humano (Ryan J. , 2013). La resiliencia se funda en la transformación de
actitudes, relaciones y capacidades robustas para manejar y transformar conflictos
constructivamente y prevenir la violencia. Las sociedades resilientes son aquellas con capacidad
de tolerancia y diálogo, en donde los procesos existen para permitir que las diferencias sean
mediadas de forma pacífica. Estos patrones contribuyen a la inclusión y la participación dentro de
comunidades con sentido de pertenencia. El énfasis creciente en desarrollo sostenible basado en
la resiliencia reconoce la agencia del ser, de las instituciones y de los sistemas. Se construye
sobre una aproximación centrada en el ser humano en donde se busca superar la fragilidad
mediante un entendimiento común de los retos, una apropiación local, la prevención de nuevos
conflictos y respuestas integrales a problemas complejos (Ryan J. , 2013).
El final de la guerra no implica la llegada de la paz. Si la falta de confianza y consensos
persiste, las causas de fondo del conflicto pueden perdurar o incluso ser exacerbadas por la
violencia. Pero entonces, ¿cuáles son esos aspectos puntuales que debe abordar la construcción de
paz? ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Cuáles son sus límites?
La reconstrucción y desarrollo de los estados y la construcción de la paz se buscan
generalmente por medio del mismo grupo de actividades y estándares. En la arena de la
seguridad, elementos como el DDR de excombatientes y/o de SSR sirven para la implementación
del Estado de Derecho. En los aspectos de gobernabilidad, se busca establecer un marco político
que pueda sostener la paz promoviendo la democratización, la participación y el respeto por los
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Derechos Humanos. En los temas de convivencia y desarrollo social, se impulsan programas que
contribuyan a la reconciliación y coexistencia pacífica vía diálogo. Finalmente, en ambos
esfuerzos, se busca establecer bases socioeconómicas para la paz por medio del manejo de
agravios y reconstrucción de infraestructuras (Campbell & Peterson, 2013).
De cualquier forma, un gran número de sociedades en transicion de la guerra a la paz
enfrentan enormes retos en términos de desarrollo. Las raíces por lo general son (aunque no
exclusivamente): la pobreza, las grandes inequidades, instituciones débiles, infraestructura rota,
poca gobernabilidad, altos niveles de inseguridad y bajos niveles de capital social.
Paradójicamente, estas ausencias en términos de desarrollo son causa y consecuencia de los
conflictos: violaciones sistemáticas de Derechos Humanos pueden provocar pobreza, profundizar
la inequidad, debilitar las instituciones, destruir la infraestructura, empobrecer la gobernabilidad e
incrementar la inseguridad (De Greiff, 2009). En esta medida los procesos de construcción de paz
deben incluir procesos de justicia y desarrollo que, en conjunto, restablezcan la fuerza de las
normas, fortalezcan la confianza en las instituciones y generen incentivos para la reconstrucción
de tejido social (Lenzen, 2013).
Tanto la pobreza como la victimización debilitan la capacidad de aspirar, disminuyen las
expectativas de la población y empobrecen la capacidad de agencia de las personas. Con el
tiempo la iniciativa para promover acciones y para reclamar frente a otros, especialmente frente a
instituciones del estado, también se debilita. Es justamente esa agencia debilitada la que produce
conflictos. La debilidad para proteger de dichas violaciones genera costos para todos y esto tiene
un alto impacto en el desarrollo (De Greiff, 2009).
Cuando los grupos sociales comparten imaginarios comunes hay una variación sustancial
en su comportamiento y contenido. Esto contribuye con la agencia de las personas y las
comunidades. Es decir, cuando los eventos y las personas pueden conectarse cognitiva y
emocionalmente a las vivencias, éstos no sólo son más significativos sino que además tienen una
incidencia directa en la resiliencia, la reconciliación y, en últimas, la construcción de identidades
conjuntas que refuerza la cohesión social (Ross, 2013).
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RECONCILIACIÓN, COEXISTENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Los conflictos armados generalmente encuentran cabida en contextos de alta fragilidad
institucional5. Esta fragilidad es, a su vez, exacerbada por las consecuencias mismas de una
guerra. Así, en un proceso de construcción de paz o postconflicto, un estado presenta grandes
retos en el desarrollo de bases y estructuras sólidas para el manejo de todas las necesidades de una
sociedad. Por esta razón, las capacidades para responder a la fragilidad o promover la resiliencia
son generalmente ausentes o muy débiles. Es en estos contextos en donde la reconciliación juega
un rol fundamental.
Aun cuando hay millares de ejemplos interpersonales y de grupos pequeños que muestran
casos contundentes de reconciliación, la discusión demuestra que los técnicos y expertos en
construcción de paz están aún en el principio de la exploración sobre cómo se implementa y se
potencia. Desafortunadamente, todavía no se mapean los diferentes métodos de reconciliación
que han existido en la experiencia humana, y los diferentes autores abordan el tema desde diversas
perspectivas.
Johan Galtung se ha referido a la reconciliación en términos genéricos para representar
todas las estrategias de construcción de paz que se implementan. Estrada–Hollenbeck, por su
parte, lo usan en términos de resolución de conflictos. Kriesberg y Fisher hablan sobre las
diferencias en los conceptos de coexistencia y reconciliación, mientras que Kriesberg enfatiza que
la reconciliación puede ser una de las relaciones de la coexistencia activa (Abu-Nimer, 2001).
Asimismo, el debate teológico asociado al perdón y a nociones según las cuales cuando se
trata de reconciliación ¨todos somos pecadores¨ suele suscitar resistencia entre las víctimas,
5 El caso colombiano es diferente. En una entrevista realizada a Fernán González del CINEP y Angelika Rettberg de la Universidad de los Andes, ambos plantean que el estado Colombiano no puede considerarse como un estado fallido, sino más bien, un Estado en construcción. El Estado Colombiano presenta fallas severas en la provisión de servicios básicos, protección de sus ciudadanos y control de algunas partes del territorio. No obstante, el concepto de debilidad o precariedad del Estado frente a la sociedad oculta diferencias notables frente a otros países de la región: en Colombia han estado prácticamente ausentes los gobiernos militares que han favorecido el avance de movimientos populistas y la proliferación de manifestaciones sistemáticas de la población a la intervención del Estado en la vida económica y social, fuertemente marcadas en otros países cercanos. Una de las paradojas del caso colombiano es que muchos de los avances en capacidades del Estado se han dado en condiciones de conflicto armado, lo que desdice del efecto netamente devastador que otros países en situaciones similares. (Martinez & Rettberg, 2010)
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quienes rechazan que se use para diluir responsabilidades y tender un manto de olvido. Algunos
han hablado de la reconciliación solamente desde la esfera pública, para evitar entrar en
discusiones sobre lo individual del perdón, mientras que otros han preferido permanecer en el
término coexistencia como lugar más genérico, apropiado y respetuoso (Prieto J. D., 2012).
En términos generales parece haber un consenso sobre la reconciliación como parte de la
construcción de paz que tiene una connotación de transformación y de proceso, en donde el
diálogo, tanto horizontal como vertical, es necesario. Asimismo, la consideración de la expresión
de las emociones como condición necesaria en donde se dibujan nuevos imaginarios de un futuro
común deseado, acuerdos comunes sobre el pasado y entendimiento del presente, puede lograrse
con el uso de elementos espirituales y religiosos. Lo anterior, más un acompañamiento de alguna
forma de justicia, son elementos cruciales para el uso de métodos multidisciplinarios que
permitan recrear escenarios de reconciliación. La cultura local debe ser fuente principal de estos
procesos, siempre y cuando se entienda que el perdón es el único elemento individual y particular
de la reconciliación. Finalmente, lograr la reconciliación, la justicia y la paz es posible en la
medida en que se entienda su relación con el logro de las necesidades humanas básicas (Abu-
Nimer, 2001).
Las características de los conflictos contemporáneos requieren innovación, desarrollo de
ideas y prácticas que vayan más allá de la negociación de intereses puntuales para su solución.
Un punto de encuentro fundamental entre el realismo necesario y la innovación requerida es la
idea de la reconciliación (Lederach, 2010). Las relaciones son la base tanto para el conflicto como
para su solución a largo plazo. Por esto deben ser el punto focal en el diseño de estrategias de
construcción de paz y de promoción de la reconciliación.
Esta construcción asume un espacio de encuentro, de personas y de actividades diversas e
interdependientes. La reconciliación debe encontrar formas de abordar el pasado sin quedar
encerrada o lastrada en círculos viciosos. Por el contrario, plantea la posibilidad de que las
personas tengan la oportunidad de expresar sus emociones generadas por las pérdidas y los
traumas, para que en un diálogo sostenido se pueda imaginar un futuro compartido. Es entonces
un balance entre la verdad, la justicia y la paz. La verdad entendida como el reconocimiento de
los daños y las pérdidas causadas y la validación de las experiencias vividas. La justicia como la
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búsqueda de los derechos individuales y grupales. Y la paz como un espacio de interdependencia,
comunidad, bienestar y seguridad (Lederach, 2010).
La construcción de paz y la reconciliación están relacionadas intrínsecamente. La primera
se refiere a procesos más amplios que establecer el orden y la estabilidad luego de un conflicto. La
reconciliación, por su parte, lidia con las heridas profundas que deja ese conflicto en la sociedad
(Hutchison & Bleiker, 2013). Proveer seguridad y construir instituciones es importante en la
búsqueda de confianza, pero un orden estable no puede ser alcanzado a menos que los motivos
psicológicos del conflicto también sean abordados, puesto que los residuos de la violencia surgen
y permanecen mucho tiempo después de que las hostilidades han cesado. La reconciliación
aborda esas heridas profundas. El entendimiento de las emociones, no como reacciones privadas
sino como fuerzas socio políticas que contribuyen a la construcción de identidad y comunidad es
fundamental para promover una canalización de los legados emocionales del conflicto (Hutchison
& Bleiker, 2013).
Las emociones son centrales en el proceso de reconciliación. No obstante, poco se sabe de
cómo, exactamente, abordarlas puede llevar a procesos de sanación a comunidades. Usualmente,
las emociones han sido entendidas como sentimientos privados e irracionales. Por eso el mayor
reto consiste en diseñar políticas que entiendan que las emociones son mucho más que meras
reacciones personales (Hutchison & Bleiker, 2013). Éstas, son un factor fundamental político y
social en las experiencias tanto privadas como colectivas de los conflictos y los traumas y por eso
se pueden traducir en experiencias grupales y formaciones políticas. La canalización de las
emociones que derivan de los efectos de un conflicto pueden configurarse en rasgos de identidad
clave que conduzcan a las comunidades a estar juntas.
El énfasis debe estar en la importancia de generar puntos de quiebre emocionales, para que
sociedades que han estado divididas puedan cultivar nuevas formas de asimilación del trauma y,
posiblemente, visualizar un nuevo orden armonioso y no violento. Este proceso de
reconocimiento puede aportar también en la humanización de los actores del conflicto para
abordar exitosamente la reconciliación (Hutchison & Bleiker, 2013).
Finalmente, Johan Galtung concluye que, aunque existen muchas aproximaciones a cómo
implementar procesos de reconciliación, ninguno de ellos –en su singularidad– puede lidiar por sí
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solo con la complejidad de una situación postconflicto y cerrar los ciclos de violencia. Esto
porque la mayoría de ellos se construye sobre la base de presunciones, incluso de orden cultural,
que no permiten hacer estandarizaciones de lugar y tiempo (Galtung, 1990). Combinar las
estrategias, en cambio, tiene más sentido. Multiplicar esfuerzos multidisciplinarios y
multidimensionales puede arrojar mejores resultados a la hora de promover la reconciliación:
esfuerzos basados en conocimientos profundos de los contextos, que tengan cabida ojalá en
infraestructuras de paz que deriven visiones comprometidas y conjuntas del futuro que se quiere.
DDR Y RECONCILIACIÓN
Al igual que el concepto de construcción de paz y de reconciliación, el DDR es un
elemento que desde finales de la década del ochenta ha ido en constante evolución y cambio.
Incluso ha llegado a proveer elementos para enfrentar contextos de violencia sin conflicto armado
(Organización de las Naciones Unidas, 2010). Sus mecanismos de intervención se han robustecido
y reformado de manera estructural con documentos como la Agenda para la Paz (Ghali, 1992) y el
Reporte Brahimi (Organización de las Naciones Unidas, 2000) en donde se ha resaltado la idea de
que, para garantizar la paz, es necesario trascender la mera interposición de tropas para la
separación de ejércitos combatientes regulares o irregulares.
Aun cuando el énfasis principal de un proceso de desmovilización consiste en la reducción
y reconfiguración de las herramientas de guerra, los mecanismos a través de los cuales el DDR es
implementado han evolucionado para abarcar también el desarrollo de capacidades,
gobernabilidad local, generación de empleo, condiciones de desarrollo económico, reconstrucción
postconflicto y reconciliación (Shaw B. , 1984). En la actualidad, existen herramientas que, lejos
de configurarse como doctrinas vinculantes, se han convertido en guías o cartas de navegación
para que los estados u organismos internacionales diseñen sus propios programas de transición a
la paz, en función de las características específicas de las dinámicas de la confrontación y de los
intereses y necesidades de la población6 (Fundación Ideas para la Paz, 2014).
6A pesar de los avances en el concepto de DDR logrados en la década del 90, a principios del siglo XXI no se contaba con un marco estratégico que permitiera conducir y apoyar de manera efectiva estos procesos. Ante la necesidad inminente de unificar criterios, alrededor de 15 agencias de la ONU conformaron el IWAG. Este grupo se encargó de elaborar lo que hoy se conoce
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El DDR es sólo uno de los componentes de un proceso de construcción de paz (ver Anexo
1 y 2) y, en esa medida, aun cuando no puede ser responsable por la transformación total de una
sociedad que ha sido afectada por el conflicto, sí juega un rol fundamental en la articulación de
iniciativas, estrategias y programas enfocados a generar procesos de desarrollo económico y social
para la comunidad en general. En los programas de DDR para excombatientes, la fase de
reintegración se visualiza como un paso decisivo en la consolidación de la seguridad tras el cese
de la violencia armada. Además, se considera como un primer paso fundamental para el
desarrollo, lo que implica considerarlo en perspectiva de largo plazo (PNUD, 2009). Por esta
razón, la viabilidad del DDR depende de procesos más amplios de desarrollo humano. Es así
como se puede analizar el impacto y la sostenibilidad de los procesos de reintegración a la vida
civil. Una reintegración es sostenible en la medida en que también depende de la recuperación
social y económica de las comunidades receptoras y que han sido afectadas por el conflicto
mismo.
Además de incluir atención psicológica, educación, salud, apoyo a familias, empleo,
alianzas con el sector privado, entre otros, el DDR –particularmente la Reintegración– también
debe trascender el enfoque individual de los excombatientes para prestar atención a las
comunidades donde estos se encuentran. El objetivo de los enfoques comunitarios es disminuir
reacciones negativas o rechazos de quienes, en principio, pueden ser considerados como riesgos
de seguridad y convivencia para la población (Prieto J. D., 2011). Pero entonces, ¿cómo entender
la paz? ¿Cuál paz se pretende garantizar, construir y/o consolidar? ¿Cómo aportarle a la
construcción de paz desde el DDR?
como los IDDRS en el 2004. Este documento es hasta la fecha, la hoja de ruta utilizada para el diseño, implementación y evaluación de programas de DDR en el mundo. Fue elaborado en reconocimiento de los aciertos, aprendizajes, errores y buenas prácticas derivadas de las experiencias de cada agencia en esta materia. Luego de ser divulgados, estos estándares fueron traducidos en un amplio acervo de políticas, lineamientos y guías que se materializan en una guía operacional de implementación. De manera complementaria, el Gobierno de Suecia lideró la SIDDR, con el fin de identificar los errores y debilidades de estos procesos y contribuir con la creación de un marco de referencia para la planeación e implementación efectiva de estos programas. La mayor contribución de este documento es el planteamiento de una perspectiva holística de la reintegración en clave del entendimiento de las necesidades inmediatas de los desmovilizados y la comprensión de sus expectativas a futuro. Finalmente, en el año 2009, el Gobierno de Colombia publicó la CCDDR. Este documentó buscó complementar las herramientas existentes en DDR a partir de la experiencia del país y el intercambio de experiencias entre técnicos y expertos de otros países. Este documento propone adoptar un enfoque maximalista de la reintegración, entendido como un proceso integral en donde se articulan metas más ambiciosas de largo plazo de desarrollo social y económico, de gobernabilidad, fortalecimiento institucional, justicia y reconciliación. (Fundación Ideas para la Paz, 2014).
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Según la propuesta de Galtung, la paz tiene un conjunto de 10 principios o valores que se
convierten en garantes de la denominada paz multidimensional, la cual constituye el ambiente más
deseable en los entornos de postconflicto.1) La cooperación entre los diferentes actores en un
sistema interdependiente. 2) Poder contar con las herramientas y capacidades para enfrentar
entornos difíciles y calamidades. 3) Satisfacción de las necesidades básicas como alimentación,
morada, seguridad, etc. 4) Entornos de crecimiento económico y desarrollo que conlleven una
mejora en la distribución de recursos. 5) Ausencia de explotación entre actores, en donde las
interacciones se den en condiciones de equidad. 6) Igualdad en la forma como cada actor es visto
por el otro, así como igualdad en el acceso a las oportunidades. 7) Un entorno que garantice el
respeto a los derechos fundamentales.8) Un entorno que permita y facilite el desarrollo del libre
albedrío del actor. 9) Un entorno pluralista que reconozca la diversidad. 10) Un ambiente
dinámico que admita posiciones variadas (políticas, culturales, religiosas, etc.) (Galtung, 1967).
En ese orden de ideas, es necesario darle un alcance mayor al DDR, particularmente a la
reintegración. La idea es que por medio de sus acciones se facilite una recuperación temprana en
escenarios postconflicto, tanto en términos socioeconómicos como en términos de consolidación
del Estado, fortalecimiento de la democracia y aportes a la construcción de una paz
multidimensional con ausencia de cualquier manifestación de violencia estructural7, basada en la
reconciliación. Esta contribución al desarrollo se puede materializar proporcionándole a las
comunidades receptoras instrumentos, recursos, capacidades y mecanismos de participación para
apoyar la reintegración de desmovilizados (PNUD, 2009).
Aun así, Özerdem discute que luego de más de dos décadas de implementación de
programas de DDR, especialmente enfocado desde la agenda de la paz liberal, aún no se
7El término violencia estructural fue introducido por Johan Galtung en su artículo Violence, Peace and Research, publicado en 1969. En este artículo, la definió como la forma de violencia en la que una estructura o institución social puede hacer daño a través de impedir que se cumplan las necesidades humanas. De acuerdo con el autor, la violencia estructural está fuertemente relacionada con la injusticia social. Es aplicable en las situaciones en las que se produce un impedimento de las necesidades humanas básicas como resultado de los procesos de estratificación social. Este concepto parte de la existencia de un conflicto entre dos o más grupos sociales en el que el reparto de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes o en perjuicio de las otras. En la violencia estructural no se identifica un emisor o persona concreta, sino que corresponde a una estructura que provoca que los seres humanos estén por debajo de sus realizaciones potenciales. (Galtung, 1969).
18
comprueba del todo su pertinencia para la sostenibilidad de los procesos de construcción de paz.
No hay investigaciones concluyentes del impacto a largo plazo de los programas de DDR
(Özerdem, 2013). El argumento sobre por qué los excombatientes pueden necesitar asistencia y
qué pasaría si ellos no la reciben, reposa sobre el riesgo de seguridad mencionado por Collier, en
donde los excombatientes son vistos como un riesgo tanto a nivel macro como micro (Collier,
Elliot, Harvard, Hoefller, Reynal-Querol, & Sambanis, 2003). En el nivel micro, lo que puede
ocasionar la generación de nuevos conflictos es el miedo de violencia personal, generado por la
inexistencia de ingresos para los combatientes, y la ausencia de competencias para el trabajo de
los desmovilizados. En el nivel macro, el argumento es que la desmovilización puede aumentar la
inseguridad porque los excombatientes pueden retornar a las armas si sus frustraciones continúan
ignoradas.
Otra perspectiva considera que la relación entre el DDR y la construcción de paz puede ser
cimentada sobre la base del desarrollo. Los combatientes son entendidos como un grupo afectado
por el conflicto, con el potencial de contribuir al desarrollo general de la comunidad y el país: son
fuerza de trabajo y pueden aportar al desarrollo económico. Se sugiere entonces que el DDR se
enfoque en una perspectiva más amplia de desarrollo comunitario y persiga un balance entre la
ayuda a los excombatientes y la ayuda a las comunidades. Con esta conceptualización en mente,
el modelo basado en comunidades pone énfasis en aspectos estructurales de la comunidad y
aborda las necesidades de la comunidad en la absorción de los excombatientes. Esto se basa en el
argumento de que, con sólo enfocarse en el individuo excombatiente, los retos relacionados con
un contexto social más amplio –en donde la reintegración tiene cabida– no pueden ser abordados.
Además es crucial que la reintegración reconozca y promueva los procesos de reconciliación local
(Özerdem, 2013). McMullin, por ejemplo, propone que la reintegración debe buscar crear
ambientes sostenibles, tanto para los combatientes como para las comunidades que los reciben.
Preocuparse por el simple retorno a las condiciones previas implica el retorno a las condiciones
que, en principio, generaron el conflicto (McMullin, 2013).
Los excombatientes pueden contribuir al fortalecimiento general de la paz y la
reconciliación en el largo plazo, por medio de la interacción entre diferentes grupos y antiguas
facciones combatientes. En otras palabras, una reintegración exitosa puede y debe ayudar a
19
construir relaciones de confianza y cooperación. Y de la misma forma, las relaciones de confianza
y cooperación enfocadas a la reconciliación y la coexistencia son las que pueden asegurar el éxito
de un proceso de reintegración (McMullin, 2013).
Ahora bien, ¿es la reconciliación una meta alcanzable dentro de un proceso de DDR? En
algunos casos es una meta demasiado ambiciosa. La reintegración en muchos casos sucede en
ambientes sociales hostiles, en donde las comunidades pueden no ser receptivas a la aceptación de
desmovilizados, muchos de los cuales han cometido hechos de guerra atroces en esos mismos
lugares. Además, la reintegración se ha dicho que también sucede en sociedades con profundas
necesidades de desarrollo. Esto puede generar resentimiento de las comunidades por el apoyo
dado a los excombatientes (McMullin, 2013).
Usualmente no existe confianza. Las personas en proceso de reintegración se sienten
rechazadas por las comunidades y las comunidades no confían en los desmovilizados (Derks,
Rouw, & Briscoe, 2011). Pero esta desconfianza y resentimiento puede deberse más directamente
a la reacción de las comunidades frente a las fallas de la reconstrucción postconflicto y los
procesos de desarrollo, que a una evidente y permanente fragmentación entre excombatientes y
ciudadanos (McMullin, 2013).
Si bien el DDR no puede ser responsable de la transformación total de las causas que
generaron el conflicto, sus acciones, además de buscar promover relaciones de confianza entre la
sociedad, sí deben estar encaminadas a fortalecer los lazos entre los ciudadanos y las instituciones.
Esto permite también reconstruir el capital social tanto horizontal como vertical: ambos necesarios
en un escenario de reconciliación.
REINTEGRACIÓN EN COLOMBIA
En 2003, mediante el decreto 200, se creó el PRVC, dentro del Ministerio del Interior y de
Justicia, como oficina que asumió las funciones del programa de reinserción individual, con
excepción de los acuerdos de paz, que serían atendidos por la OACP. El PRVC fue el encargado
de liderar iniciativas de formación y actividades sicosociales y productivas para los
desmovilizados. En principio la oferta en materia de incorporación a la vida civil se centraba en
un enfoque que privilegiaba la reinserción y garantizaba una asistencia inmediata al
20
desmovilizado por medio de apoyos financieros y kits humanitarios. En total, el proceso no
duraba más de 24 meses8 para un desmovilizado (Agencia Colombiana para la Reintegración,
2014).
En 2006, en vista del crecimiento exponencial de las desmovilizaciones, el Gobierno creó
la ACR. La creación de esta entidad también supone un cambio estructural en las estrategias
implementadas. Se pasa de un proceso asistencialista a un proceso de reintegración basado en el
largo plazo y la generación de capacidades en el individuo para asegurar su permanencia en la
legalidad. Adicionalmente, el nuevo proceso incorpora elementos de reintegración comunitaria
(Agencia Colombiana para la Reintegración, 2012). Este trabajo se centra en el análisis del
proceso de reintegración que se ha construido a partir del 2006 bajo el liderazgo de la ACR.
El Gobierno colombiano presentó la PRSE, definida en el Documento CONPES 3554 de
2008 como “un plan de Estado y de Sociedad con visión de largo plazo, que busca promover la
incorporación efectiva del desmovilizado con voluntad de paz y de su familia a las redes sociales
del Estado y a las comunidades receptoras” (CONPES 3554, 2008).
El proceso de reintegración en Colombia fue concebido, en sus inicios, con el objetivo de
prevenir la reincidencia en la comisión de delitos y promover la permanencia en la legalidad
(Agencia Colombiana para la Reintegración, 2012). En los últimos años los documentos internos
de implementación de política de reintegración evidencian un interés por ampliar la comprensión
de la sostenibilidad del proceso. El proceso de Reintegración aporta al desarrollo del país y
contribuye a la paz, basándose en principios de reconciliación, garantías de no repetición,
ejercicio autónomo de la ciudadanía y trabajo con comunidades.
El proceso de Reintegración implementado por la ACR dejó de enfocarse en el apoyo
económico exclusivamente y privilegió otros aspectos como la atención y acompañamiento
psicosocial, acceso a la educación, acceso a la salud, apoyo y acompañamiento jurídico del
desmovilizado y apoyo en generación de ingresos. Al día de hoy, la ACR implementa una ruta de
reintegración enfocada en ocho dimensiones que pretenden que la persona desmovilizada
8La atención a los desmovilizados individuales podía alcanzar los 24 meses, mientras que para un desmovilizado colectivo (proveniente de un proceso de negociación) la atención duraba 18 meses.
21
encuentre una vida sostenible en la civilidad y cuyo objetivo principal es el ejercicio autónomo de
la ciudadanía mediante el desarrollo y la reorientación de las competencias de cada individuo
(Agencia Colombiana para la Reintegración, 2014).
La ruta de reintegración parte del diseño de un plan de trabajo concertado con la persona
desmovilizada. Este plan de trabajo “requiere unas categorías heurísticas que reflejen las
diferentes variables que inciden en el desarrollo y/o fortalecimiento de las capacidades del
individuo y de su grupo familiar” (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2014). Las
dimensiones de la ruta son: personal, productiva, familiar, habitabilidad, salud, educativa,
ciudadana y seguridad.
La dimensión personal se basa en el desarrollo de la identidad de la persona, su
vinculación afectiva y su forma de interactuar con los demás. Esta dimensión contempla el
acompañamiento psicosocial de la persona desmovilizada para que logren el ejercicio autónomo
de la ciudadanía por medio del fomento de la salud mental. El objetivo es “fomentar en la persona
en proceso de reintegración la salud mental, enmarcada en la relación individuo-sociedad,
acrecentando la capacidad de establecer relaciones sociales, interpersonales e intergrupales que le
posibiliten el mejoramiento de la calidad de vida como miembro activo y autónomo de la
sociedad” (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2014).
La dimensión de salud se implementa en coordinación con el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, que favorece el ingreso al sistema tanto de la persona desmovilizada
como de su núcleo familiar. Esto se hace con el objetivo de que, además de poder obtener una
atención integral, puedan también acceder a programas de promoción y prevención que
favorezcan su vida y, por consiguiente, su proceso de reintegración. Igualmente, la dimensión
educativa se logra gracias a la coordinación con otras entidades del Sistema de Educación
Nacional. Se pretende que tanto el desmovilizado como su familia alcancen niveles educativos
que, de acuerdo con su contexto y necesidades de su ruta, posibiliten el acceso y permanencia en
entornos productivos y el desarrollo de su proyecto de vida.
La dimensión productiva fortalece las capacidades de individuo y su grupo familiar para la
generación de ingresos sostenibles en el marco de la legalidad. La dimensión familiar busca
construir y fortalecer entornos protectores por medio de la convivencia familiar y la promoción y
protección de los derechos y deberes familiares. Adicionalmente, se promueve la capacidad de
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los desmovilizados para mejorar las condiciones de habitabilidad que faciliten su vida familiar y
comunitaria, contribuyendo al bienestar y a la dignidad humana.
La prevención, atención y manejo del riesgo son también factores que se abordan desde la
dimensión de seguridad, con el objetivo de que la población reconozca y gestione los riesgos de
victimización y reincidencia. Finalmente, la dimensión ciudadana está enmarcada en la necesidad
de superar la situación de vulnerabilidad de la persona desmovilizada9. La ACR ha estipulado que
esta superación se logra a través del fortalecimiento de las capacidades en civilidad, participación
en contextos comunitarios y, más importante aún, la reconciliación.
Con estos cambios y evoluciones en el proceso de reintegración en Colombia “se busca
potencializar el rol de la ACR en temas de reconciliación, fortalecimiento de entornos protectores,
además de propender por la corresponsabilidad de las diferentes instituciones encargadas de la
planeación y ejecución de las agendas públicas locales y regionales. Este esfuerzo no sólo está
dirigido a consolidar la reintegración como política pública, también está enfocado a estructurar el
proceso de reintegración como eje promotor del desarrollo humano (Agencia Colombiana para la
Reintegración, 2014).
¿Cuál es la finalidad última que se busca con el desarrollo de unas capacidades y activos
en el marco de un proceso de reintegración?: el retorno sostenible a la legalidad mediante el
ejercicio autónomo de la ciudadanía. No obstante, al entender el proceso de DDR y, en particular,
el proceso de reintegración como uno de los medios para la construcción de paz, tal ejercicio
autónomo debe comprender y enmarcarse en el horizonte de la reconciliación y de una cultura de
paz (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2014).
Desde el año 2003 han pasado por el proceso de reintegración más de 47.124 personas, de
un total de 56.127 desmovilizados (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2014). “La ACR
ha aprendido que un excombatiente perteneció en promedio 14 años a una estructura ilegal, que el
reclutamiento se produce en promedio entre los 13 y 14 años, y que reintegrarlo a la legalidad
requiere entre 6 y 7 años y una inversión aproximada de 5 millones de pesos por persona al año”
(Agencia Colombiana para la Reintegración, 2014). De ese total de personas que han pasado por
9 Se habla de situación puesto que se considera la vulnerabilidad como algo transitorio que puede superarse y no como una condición permanente.
23
el proceso de reintegración, a junio de 2014, han culminado exitosamente el proceso 5.809
personas (Contraloría General de la Nación, 2014)10.
Sin embargo, para la ACR una persona no se considera reintegrada sólo por el hecho de no
reincidir en la comisión de delitos, sino que el éxito se concentra en aquellos factores que reflejan
el contexto y entorno de los excombatientes a un entorno legal. Ahí es donde la promoción de una
coexistencia pacífica juega un factor fundamental.
De acuerdo con documentos de estrategia de la ACR, dentro de la ruta de reintegración de
cada desmovilizado se plantean unos objetivos estratégicos que, bajo el marco del Desarrollo
Humano, pretenden:
1. Promover habilidades y competencias en la población desmovilizada y en su entorno.
2. Promover la convivencia y las acciones de reconciliación en los contextos receptores.
3. Promover la corresponsabilidad de actores externos frente a la reintegración11.
Para cumplir estos objetivos, y en concordancia con la normatividad existente12, el proceso de
reintegración diseñó un Protocolo de Escenarios para la Reconciliación, que empezó a
implementar desde noviembre de 2011. El detalle de estas acciones de promoción de la
reconciliación se detallará en el siguiente capítulo.
En síntesis, la ruta de reintegración es una oferta de servicios en la que el Estado
colombiano le ofrece a personas desmovilizadas el desarrollo de habilidades y competencias
ciudadanas (Ver Anexo 4). Adicionalmente, la ruta propone propiciar espacios para la
convivencia y acciones de reconciliación y fomentar la corresponsabilidad de actores externos
(Agencia Colombiana para la Reintegración, 2014).
10 El proceso de reintegración en Colombia ha sido considerado como voluntario. De las casi 57 mil personas que se han desmovilizado en el país han estado activas en el programa, un poco más de 47 mil. Adicionalmente, solo hasta el 2013 el proceso de reintegración liderado por la ACR contempló la culminación responsable del mismo. Previo a este momento el proceso no tenía un horizonte de tiempo. En 2013, la resolución 0754 de 2013, en el artículo 38, estipuló los requisito para culminar exitosamente el proceso de reintegración. Desde entonces, la ACR ha implementado además una estrategia de monitoreo post, por un plazo de dos años a quienes se gradúan de la reintegración. 11Tomado del documento de estrategia interno de la ACR, elaborado en 2012 (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2012) 12El Programa de Reintegración implementado por la ACR se fundamenta en una serie de normas, decretos y documentos CONPES (CONPES 3554, 2008). Ver Anexo 3.
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REINTEGRACIÓN Y RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA
Existen dos elementos fundamentales para entender las dimensiones de las necesidades de
reconciliación en el conflicto colombiano. Por un lado, Colombia continúa con un conflicto
armado interno que responde no sólo a la persistencia de grupos guerrilleros, sino además a la
proliferación de bandas criminales. Por otro lado, a diferencia de otros conflictos, el colombiano
no está marcado por grandes diferencias étnicas o religiosas, que dificultan la reconciliación por el
carácter hereditario de identidades. En Colombia se ha mostrado que, en general, tanto víctimas
como combatientes comparten características demográficas y, en muchos casos, provienen de las
mismas comunidades. Asimismo, individuos pueden pasar por varias de estas características a lo
largo de sus vidas (Prieto J. D., 2012).
En el año 2011 se promulgó en Colombia la Ley 1448, por medio de la cual se dictan
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y
se dictan otras disposiciones. El decreto reglamentario 4800 que reglamenta esta ley dispone una
definición de reconciliación. “Las medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas en
los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, buscan cimentar un proceso de reconciliación
nacional sobre bases sólidas de equidad e inclusión social, entendiendo que la reconciliación es un
proceso que tiene por objeto favorecer la construcción de escenarios de convivencia pacífica entre
las víctimas, la sociedad civil, el Estado y los desmovilizados, a través de la profundización de la
noción de participación conjunta y mediante la reconstrucción del tejido social de tal forma que se
fortalezca las relaciones de confianza entre las comunidades y de estas con el Estado”(DECRETO
4800, LEY 1448).
Por su parte, el Documento CONPES 3554 establece la reconciliación como uno de los
principios del DDR en Colombia y uno de los objetivos a largo plazo de la PRSE. “Es un proceso
de (re)construcción de relaciones y vínculos sociales que se basa en las relaciones de confianza y
cooperación entre los ciudadanos y de estos hacia las instituciones políticas. La reconciliación
implica reconocer y reflexionar sobre el pasado para construir un futuro común. Además, aceptar
las diferencias y forjar actitudes como la tolerancia y el respeto por el otro. Este principio
contempla la creación de espacios y lugares para el encuentro de actores en conflicto. La
reconciliación se puede abordar desde tres dimensiones: la interpersonal que contempla la
construcción o reconstrucción de confianza y cooperación entre individuos, la social que involucra
25
a la sociedad y a los afectados por la violencia y la política, que implica la restauración y/o el
fortalecimiento de las relaciones de confianza entre la sociedad y el Estado” (CONPES 3554,
2008).
En consecuencia, la construcción de paz y la reconciliación implican que la sociedad en su
conjunto transite de un estadio tal de violencia, a uno en el cual los ciudadanos ejerzan de manera
autónoma la ciudadanía y valoren formas de vida democráticas no violentas. Es decir, se trata del
tránsito hacia “un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la
vida, al ser humano y a su dignidad y que pone en primer plano los derechos humanos, el rechazo
a la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y
tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas” (Caireta &
Barbeito, 2005).
La aplicación de los enfoques de vulnerabilidad y desarrollo a un proceso de reintegración
cuyo horizonte es, en últimas, el tránsito de una cultura de la violencia a una cultura de paz,
orienta el desarrollo de las capacidades de los individuos a actuaciones frente a situaciones de
conflicto que no legitimen el uso de la violencia. Desde el enfoque de la construcción de paz,
John Paul Lederach retoma el concepto de las capacidades para entender de qué forma se
desarrollan los procesos de reconciliación en sociedades divididas. “La capacitación o
construcción de capacidad se refiere por tanto al proceso de reforzar las actitudes y conocimientos
inherentes a las personas con relación al desafío del conflicto en su contexto y a la filosofía
explícita orientada a la adopción de nuevas medidas proactivas, dotadas de poder, a fin de
conseguir el cambio deseado en esos lugares (Lederach, 2010).
Bajo esta perspectiva, el desarrollo de capacidades en las personas en proceso de
reintegración orientadas a la construcción de una cultura de paz pretende, en últimas, que éste
pueda enfrentar las diferentes barreras de la reintegración a partir de una agencia que no recurra ni
legitime el uso de la violencia.
Para efectos de este trabajo el concepto de Reconciliación que se usará será una
combinación de los conceptos antes mencionados dados por el CONPES 3554, los aportes de John
Paul Lederach y los aportes de Mohammed Abu Nimer. El concepto que se propone será el
siguiente:
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La Reconciliación es un proceso de reconstrucción de relaciones y vínculos sociales que se
basa en las relaciones de confianza y cooperación entre los ciudadanos, y de estos hacia las
instituciones políticas. Se materializa a partir de: 1. La expresión de emociones generadas por
pérdidas, traumas y reflexiones del pasado para construir un imaginario conjunto del futuro
deseado. 2. El uso de métodos multidisciplinario que promuevan un balance entre la paz, la
justicia y la coexistencia, porque buscan satisfacer necesidades humanas de desarrollo. 3. La
reconciliación promueve la aceptación de diferencias y forja actitudes como la tolerancia y el
respeto por el otro. Esto lo hace creando espacios para la interacción entre los actores del
conflicto.
El horizonte de reconciliación en el DDR recoge la necesidad de trabajar sobre elementos
de convivencia pacífica, propiciar la comprensión de la violencia instaurada en la sociedad,
identificar y promover acciones de encuentro de víctimas y victimarios, y trabajar sobre la
consolidación de relaciones sociales a partir del diálogo. Estos escenarios implican la necesidad
de ver al desmovilizado como un agente de cambio.
COMPONENTES DE LA RECONCILIACIÓN EN EL PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN
Es claro que las discusiones, tanto académicas como de política relacionadas con los temas
de construcción de paz, han resaltado la importancia de caracterizar, reconocer y abordar tanto a
las víctimas como a los desmovilizados. Incluso, han resaltado la importancia de tener en cuenta
a las comunidades. Sin embargo, poco se ha hecho para explorar la coexistencia de unos con
otros, qué tipo de relaciones desarrollan entre ellos, y qué lecciones se puede extraer para procesos
nacionales de construcción de paz, justicia transicional y más, importante aún, reconciliación
(Prieto J. D., 2012).
En Colombia, los asuntos de víctimas y desmovilizados suelen ser tratados separadamente.
La institucionalidad encargada de implementar las distintas políticas y estrategias es diferente13.
13En la actualidad, la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas (UARIV) es la entidad encargada de responder por la implementación de la Ley 1448 de 2011, mejor conocida como “Ley de Víctimas”, esto además lo hace en coordinación con el SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas) compuesto por 46 entidades. Previo a la existencia de la UARIV, en el país la entidad responsable por la atención a las víctimas era Acción Social (Hoy Departamento de Protección
27
Asimismo, tanto los debates académicos como los debates jurídicos suelen separar radicalmente a
las “víctimas” de los “victimarios” (excombatientes) (Prieto J. D., 2011). Tal vez el único
aspecto en el que estos debates se encuentran y se tratan simultáneamente es a la hora de hablar de
reconciliación.
Sin embargo, como mencionamos al principio, este documento no pretende hacer una
revisión o una comparación sobre los beneficios de las víctimas versus los beneficios de las
personas desmovilizadas. Tampoco es objetivo nuestro hablar de reconciliación solamente en
términos de dichas poblaciones. El carácter de este trabajo se enfoca en revisar los aportes del
programa de reintegración a la reconciliación del país en términos generales. Esto en muchos
casos incluye a las víctimas, pero principalmente a las comunidades en donde los desmovilizados
habitan.
El proceso de reintegración en Colombia, desde sus inicios, ha tenido un enfoque de
reintegración comunitaria. No obstante, con la promulgación de la ley 1424 de 2010, se le
imprimió al proceso un escenario más integral en perspectiva de acciones que le apuntasen a la
reconciliación y al rol, idealmente protagónico, que deben tener los desmovilizadas en promover
la coexistencia pacífica y la convivencia entre sus comunidades. Es decir, a la percepción de los
desmovilizados como actores de paz.
REINTEGRACIÓN BASADA EN COMUNIDADES
Desde 2007 la ACR ha implementado un modelo de reintegración comunitaria en varios
regiones del país con el objetivo de “generar espacios de convivencia y reconciliación” en zonas
de presencia de excombatientes. También ha adelantado proyectos de generación de ingresos para
desmovilizados, con la participación de víctimas, que han sido presentados como iniciativas
promotoras de reconciliación (Prieto J. D., 2011). Estas intervenciones comunitarias se ejecutan
bajo cuatro componentes: 1. La realización de un diagnóstico participativo en el cual se
identifican y priorizan necesidades por la comunidad misma. 2. Procesos de formación ciudadana
Social), la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en conjunto con la Unidad de Fiscalías para la Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
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y talleres en temas de resolución pacífica de conflictos, participación, derecho y liderazgo. 3. La
ejecución de un proyecto comunitario que puede ser de formación, de infraestructura o
productivo. 4. La ejecución de una acción simbólica dirigida a divulgar los resultados del
ejercicio. Hasta la fecha se han realizado 123 intervenciones en 110 Municipios. 19.000 personas
han sido beneficiadas14 (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2014).
Esta estrategia tiene tres componentes:
1. Formación ciudadana: Que se entiende como el proceso pedagógico que promueve la
participación, la confianza y la cooperación que generan espacios de convivencia
2. Acción simbólica: que tiene en cuenta la cultura, tradiciones locales y el simbolismo
para generar un espacio en el que los distintos actores sociales se sensibilicen,
reflexionen y se comprometan con el proceso. El propósito es transformar aquellos
factores que impiden la convivencia y la reconciliación
3. Proyecto comunitario: Promueve la confianza, la cooperación y la convivencia por
medio de la concertación, diseño e implementación de iniciativas que resuelvan
problemáticas públicas entre actores comunitarios.
ACCIONES DE SERVICIO SOCIAL
Con la promulgación de la Ley 1424 en 2010, se estableció que los desmovilizados debían
cumplir con el desarrollo de actividades de servicio social dentro de su ruta de reintegración. Este
servicio social promueve acciones enmarcadas en medidas de satisfacción15 y en garantías de no
repetición16. La delimitación de estas acciones corresponde a que las otras medidas de reparación
14 Cada proceso de intervención comunitaria tiene duración de un año y es implementado a través de la contratación de operadores locales o regionales (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2014). 15De acuerdo con la CNRR, las medidas de satisfacción son una de las modalidades contempladas por el concepto de reparación integral. Se entiende por estas, medidas dirigidas a ofrecer satisfacción a las víctimas, tienen un carácter simbólico y contribuyen al deber estatal de recordar y preservar el olvido y la memoria colectiva. Son medidas no pecuniarias, que pretenden compensar el daño moral causado por la comisión de crímenes atroces. Tienen un impacto tanto individual como colectivo, porque permiten la dignificación de las víctimas. (CNRR, 2007). 16De acuerdo con la CNRR, se entiende por garantías de no repetición, las medidas dirigidas a evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que vulneren su dignidad. Tomado de Recomendación de Criterios de Reparación y de proporcionalidad restaurativa (CNRR, 2007).
29
integral (la indemnización, la rehabilitación y la restitución) incluyen acciones jurídicas, médicas,
psicológicas, financieras, que no se enmarcan en los objetivos del proceso de reintegración.
Específicamente, de acuerdo al Protocolo de Servicio Social, del programa de
reintegración, este tiene los siguientes objetivos (Agencia Colombiana para la Reintegración,
2011):
1. Brindar un espacio para la acción responsable y ciudadana de los participantes del
proceso de reintegración en procesos de desarrollo comunitario.
2. Fortalecer las competencias ciudadanas en los participantes del proceso de
reintegración.
3. Aportar al fortalecimiento de las capacidades intelectuales y competencias personales
del participante.
4. Contribuir en la construcción de escenarios para la convivencia armónica en las
comunidades que los acogen.
El servicio social es, entonces, una actividad de la ruta que debe durar como mínimo 80 horas, que
debe ser concertada con la comunidad y debe responder a las siguientes siete líneas:
embellecimiento del espacio público, recuperación ambiental, acompañamiento a la atención en
salud, acompañamiento a la atención alimentaria, generación de espacios de deporte, arte y
cultura, multiplicadores de conocimiento y/o prestación de servicios especiales (Organización
Internacional para las Migraciones, 2014) (Ver anexo 5).
PERSPECTIVAS Y APORTES DE LA REINTEGRACIÓN A LA RECONCILIACIÓN
A lo largo de este documento, se ha dicho que los procesos de reintegración de
excombatientes deben entenderse desde focos más amplios de mejora de las condiciones de vida
de las comunidades donde habitan. Este capítulo hará una aproximación a la reintegración en
Colombia, a la luz de los conceptos y debates expuestos en la primera parte de este texto.
30
LA REINTEGRACIÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y EL DESARROLLO EN COLOMBIA
El proceso de reintegración en Colombia se ha implementado a través de unas dimensiones
que abarcan todos los niveles de necesidades de los individuos en proceso de reintegración. Este
enfoque de competencias y habilidades está planteado para mejorar la agencia de las personas en
procesos de reintegración de sus propios proyectos de vida y de la superación de su situación de
vulnerabilidad. Asimismo, el proceso de acompañamiento psicosocial (que extiende sus
beneficios a la familia y en algunos espacios a la comunidad) tiene como meta aumentar la
resiliencia de estas personas para que puedan adaptarse mejor a los contextos que los reciben y a
las demandas de una nueva vida en la legalidad. En este sentido, y de acuerdo con los
documentos que se analizaron a lo largo de este texto, la reintegración en Colombia tiene la
intensión de aportar al desarrollo a través del mejoramiento de las condiciones de vida de los
individuos que se desmovilizan de grupos armados ilegales.
Asimismo, como consecuencia del conflicto, los desmovilizados enfrentan serias barreras
para la integración con las comunidades receptoras. Estas barreras son el debilitamiento de la
confianza interpersonal y comunitaria y la destrucción de normas y valores que determinan la
cooperación y la acción. Un tema recurrente es que la reintegración generalmente puede hacerse
entre un ambiente social hostil. En otras palabras, las comunidades pueden no ser receptivas a la
reintegración de grandes cantidades de excombatientes, muchos de los cuales han cometido
hechos de guerra atroces en esos mismos lugares y las comunidades pueden resentir cualquier
apoyo dado a estos antiguos combatientes, que no está siendo dado a civiles (McMullin, 2013).
Estas barreras están relacionadas con la ausencia o debilitamiento del capital social y la
cohesión social entre desmovilizados y comunidad receptora (Centro Nacional de Consultoría,
2011) y se pueden abordar a través de la estrategia de RBC que busca generar puentes entre los
desmovilizados y la comunidad receptora que permita establecer confianza y acción colectiva
entre estos dos grupos.
Durante los últimos años, los procesos de RBC han adquirido una relevancia particular
puesto que se ha comprendido que los excombatientes regresan a entornos sociales difíciles y es
31
altamente probable que éstos sean percibidos como victimarios y no como sujetos que pueden
contribuir al impulso del desarrollo comunitario (Herrera, Suarez, & Thylin, 2011).
Abordar el proceso de reconciliación a través del modelo de RBC implica que el
desmovilizado se visibilice frente a la comunidad, con el fin de promover un diálogo sobre la
violencia y sus consecuencias (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2014). Lograrlo debe
tener como consecuencia la generación de confianza, cooperación e integración de los diferentes
actores y roles dentro de una sociedad, tal como lo plantean Prieto y Lenzen (Lenzen, 2013)
(Prieto J. D., 2011).
A pesar de sus logros y beneficios, este programa de reintegración tiene un enfoque
altamente centrado en el individuo y sus capacidades. Sus beneficios sólo se extienden a la
comunidad en aspectos muy puntuales en la ruta de reintegración, como se verá más adelante, y
ese fortalecimiento de la agencia, la participación y la toma de decisiones no se extiende
necesariamente a las comunidades que los rodean. Esto tiene impactos importantes en la falta de
iniciativas concentradas en la promoción de la cohesión social
Así, la contribución al desarrollo para la construcción de paz se ve truncada en la medida
en que el programa no contempla a las comunidades como actores centrales y fundamentales del
proceso (Ryan J. , 2012). Por ende no se promueve el fortalecimiento de su resiliencia y su
capacidad de agencia como factores fundamentales tanto para romper los círculos de violencia y
victimización (De Greiff, 2009) como para fortalecer las relaciones humanas más allá de los
núcleos familiares, en pro de la reconciliación y el desarrollo (Lederach, 2003).
Además, la RBC en Colombia tiene grandes limitaciones de tiempo. Los procesos de
reconstrucción de confianza y lazos sociales son largos y dependen del involucramiento activo de
la sociedad. Si se quiere, son procesos más exitosos en la medida en la que provienen de diálogos
horizontales. Si bien la RBC puede constituirse como un inicio para la promoción de la
confianza, el proceso de reintegración debe preocuparse por considerar de forma más transversal
la participación de las comunidades en todas las dimensiones del mismo.
32
LA REINTEGRACIÓN Y LA RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA
Prieto, en su investigación sobre coexistencia entre víctimas y desmovilizados realizada en
2011, preguntó a personas (que podían ser excombatientes o miembros de la comunidad) sobre su
consideración al respecto de la posibilidad de la reconciliación en el país. La mayoría de los
encuestados respondió afirmativamente, mientras que la misma pregunta hecha a las víctimas
arrojó que el 40% de los encuestados dijo que sí era posible, el 40% dijo que no era posible, y el
20% afirmó no saber la respuesta. Para este efecto, estas poblaciones relacionaron los temas de
reconciliación con la paz, que, a su vez, se asocia con el fin de la guerra con la guerrilla. Muy
pocas personas, incluidas víctimas, desmovilizados y comunidad, relacionaron la reconciliación
con la reconstrucción de las relaciones entre víctimas y comunidades y menos aún con el perdón
(Prieto J. D., 2011).
En una evaluación realizada por el CNC en 2010 sobre el componente comunitario del
proceso de reintegración, se observaron cambios en las condiciones de vida de los beneficiarios y
no beneficiarios. Esto generó recomendaciones sobre la utilidad de las intervenciones, y permitió
orientar los esfuerzos hacia los componentes que demuestren mejores resultados que puedan
ampliar y/o enriquecer la estrategia comunitaria (Centro Nacional de Consultoría, 2011). Esta
investigación arrojó que existen aún muchos sentimientos negativos frente a la población
desmovilizada que impiden la coexistencia pacífica y la reconciliación (Centro Nacional de
Consultoría, 2011). Esta resistencia se fundamenta en la convicción de que los pasos hacia la
verdad, la justicia y la reconciliación entre los desmovilizados y sus víctimas han sido hasta ahora
insuficientes.
En contraposición, el mismo estudio concluye que esta estrategia contribuye con
elementos importantes al proceso de reintegración comunitario entre los individuos que están
involucrados en el proceso. El modelo ofrece espacios de relacionamiento horizontal de unos con
otros, crea espacios de interacción social y rompe barreras de desconfianza. El conocimiento
recíproco contribuye a romper imaginarios negativos sobre la población desmovilizada.
Asimismo, la participación de desmovilizados en la estrategia cumple también con una función de
rehabilitación en el imaginario colectivo (Centro Nacional de Consultoría, 2011).
33
Entre tanto, en una evaluación de resultados de la política de reintegración hecha por el
DNP en asocio con la firma Econometría en el año 2010, se recomienda ampliar la cobertura,
intensidad y calidad de la RBC. Se debe estimular la realización de ejercicios de reparación y de
aporte a la comunidad, no sólo en términos de aceptación, sino para efectos de lograr integrarse
como sujetos que aportan y están siendo activos en la construcción de comunidad. Este ejercicio
es en doble vía, en el sentido que beneficia a los participantes del proceso y a la comunidad
cercana a esta población (Departamento Nacional de Planeación, 2010).
De acuerdo a un informe de impacto elaborado por la OIM sobre las ASS en 2014, en
donde se entrevistó a 2950 personas desmovilizadas en diferentes ciudades del país, la percepción
general frente a los logros en la prestación del servicio social es altamente positiva. El 100% de
las personas en proceso de reintegración tuvo valoraciones positivas en todas las categorías
evaluadas: trabajo voluntario por otros, oportunidad de integrarse a la comunidad, satisfacer una
necesidad de la comunidad, empezar nuevas redes sociales y compensar el daño causado por su
accionar en el grupo armado (Organización Internacional para las Migraciones, 2014). De la
misma forma, existe una buena percepción de los participantes que considera el servicio social
como una oportunidad favorable para fortalecer sus relaciones con su familia y su comunidad.
Por su parte, el mismo estudio abordó aproximadamente una muestra de 2000 personas
beneficiarias de la comunidad de las actividades de servicio social hecho por desmovilizados. De
esta muestra, un poco más del 50% consideró que las ASS benefician a toda la comunidad y
resuelven una necesidad de la misma. No obstante, las personas encuestadas reconocieron que el
principal aporte del servicio social es justamente ese: resolver una necesidad específica de la
comunidad. Así, se presenta un bajo reconocimiento en la comunidad de cómo el servicio social
puede favorecer la transformación de instituciones y fortalecer más profundamente a la
comunidad.
Las líneas de trabajo que registran mayor población participante es la de embellecimiento
de espacios públicos, seguida de recuperación ambiental. Esto demuestra que las ASS se
desarrollan principalmente con actividades que contribuyen a solucionar necesidades relacionadas
con el espacio público, más que aquellas que involucran saberes personales (Organización
Internacional para las Migraciones, 2014).
34
“Los participantes consideraron que su principal aporte al realizar el servicio social
fue resolver una necesidad específica de una comunidad. Ninguno de los encuestados
respondió que no hubo aporte. Mientras que la retribución del servicio social para su vida
fue interesarse por el trabajo comunitario y aprender a tratar a los demás con respeto”
(Organización Internacional para las Migraciones, 2014). En relación con la participación
de la comunidad esta manifestó que “el acercamiento con las personas que desarrollaron el
servicio social fue prácticamente el saludo y hablar sobre el trabajo que desarrollaban.
Solo el 30% de los encuestados supo en algún momento que eran personas en proceso de
reintegración. Si bien el rol de los desmovilizados fue percibido como un actor generador
de cambio, las comunidades aun sostienen sentimientos de zozobra frente a la posibilidad
de que estos retornen a la vida armada”17.
Una de las conclusiones principales del estudio de OIM es que todas las personas
encuestadas convergen en la necesidad de hacer más esfuerzos en términos educativos,
económicos y laborales para que los desmovilizados se reintegren satisfactoriamente a la sociedad
(Organización Internacional para las Migraciones, 2014). De igual forma, un estudio realizado por
la Universidad de Columbia y la Fundación Ideas Para la Paz sobre las dimensiones del fenómeno
de reincidencia de la población desmovilizada, se determina que para disminuir el riesgo a
reincidir de esta población, es fundamental diseñar una estrategia que permita identificar la
voluntad del desmovilizado en participar en cada uno de los beneficios. Por otro lado, recomienda
conocer el sentido que los desmovilizados le otorgan a los beneficios que ofrece el programa.
Esto aplica para las acciones relacionadas con la reconciliación, especialmente porque permitiría
superar una potencial visión de estos beneficios como simples requisitos a cumplir para culminar
un proceso (Fundación Ideas para la Paz, 2014).
En el VIII seminario de Investigación Urbano–Regional realizado en 2009 por la
Universidad Nacional, Ugarriza y Mesías presentaron una ponencia sobre los dilemas de la
reintegración de excombatientes en Bogotá. En este documento presentan importantes
conclusiones sobre la percepción de la población desmovilizada en Bogotá, frente a los beneficios
17Entrevista realizada a Cristina Alzate, Funcionaria de la OIM, el 3 de febrero de 2015.
35
que ofrece el programa. Al respecto, con relación a la estigmatización existente frente a la
población desmovilizada, los autores proponen y argumentan la necesidad de incorporar el
discurso de la reconciliación en el programa de reintegración. “Los desmovilizados deben
enfrentar el hecho de que los ciudadanos perciben negativamente sus actos del pasado, y que el
rechazo que experimentan no es gratuito” (Ugarriza & Mesías, 2009).
Finalmente, la reconstrucción en los espacios locales no parece ser el resultado de los
procesos de reconstrucción sociopolítica en el ámbito nacional sino un proceso que aparentemente
avanza de manera simultánea a esos procesos macro. Es decir, asumiendo que se pudiese asegurar
que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación fueran respetados y
defendidos, esto no necesariamente aseguraría el éxito de la reconstrucción social en ámbitos
compartidos por víctimas, excombatientes y otras poblaciones vulnerables (Prieto J. , 2012). Esto
implica que, aun cuando los esfuerzos por implementar estrategias encaminadas a la
reconciliación y la coexistencia pacífica en comunidades donde hay presencia de población
desmovilizada, estos esfuerzos no son suficientes en la medida en que no se promuevan diálogos
más directos de construcción de imaginarios conjuntos, al tiempo que se asegura una coordinación
de programas que beneficien a la comunidad en general.
Partiendo de la definición de reconciliación planteada por este documento, de analizan las
siguientes categorías:
PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE RELACIONES Y VÍNCULOS SOCIALES
Un proceso de DDR enmarcado en la construcción de paz debe estar en estrecha relación
con el mejoramiento de las condiciones políticas, económicas y sociales de los territorios.
Además, debe ser llevado a cabo participativamente por el conjunto de actores sociales que lo
constituyen (Hoyos & Fattal, 2013). En este sentido, privilegiar los procesos de reintegración con
participación de múltiples actores incide en la promoción de espacios de dignificación, en superar
enemistades y prejuicios, reducir los conflictos por la recepción desigual de beneficios y encontrar
proyectos comunes (Hoyos & Fattal, 2013).
Tanto en los programas de RBC como las ASS es clara la intensión de promover
escenarios en donde los desmovilizados en proceso de reintegración busquen resolver
36
problemáticas de la comunidad y “devolver algo que la comunidad perdió”. Estas acciones
apuntan a la reparación integral desde la perspectiva de medidas de satisfacción y garantías de no
repetición. Pero estas acciones parecen estar muy dirigidas a la solución de problemas puntuales y
no necesariamente a la reconstrucción de relaciones.
Los programas de reintegración comunitaria y servicio social aún se perciben como
esfuerzos dispersos que han “aterrizado” en las comunidades con muy poca conexión real con las
necesidades locales (Derks, Rouw, & Briscoe, 2011). Si bien estas estrategias se llevan a cabo
con componentes en los que la comunidad puede priorizar y decidir sobre las acciones que se
llevarán a cabo, esa participación es muy limitada y puntual. Aún permanece una actitud
altamente individualista en el programa de reintegración. En contextos altamente degradados
socialmente, la reconciliación y la creación de una verdadera sensación de comunidad, requieren
un compromiso de muy largo plazo, en donde las comunidades se apropien del proceso de
reintegración y no se limiten a recibir unas acciones realizadas por los desmovilizados. (Derks,
Rouw, & Briscoe, 2011).
PROMOCIÓN DE CONFIANZA Y COOPERACIÓN
La promoción de confianza en el marco de la reconciliación debe hacerse para fortalecer la
integración y las relaciones entre los desmovilizados y la comunidad. Además, para reforzar la
relación de estos con las instituciones oficiales. Cabe destacar entonces 3 aspectos que pueden
afectar ese proceso de construcción de confianza:
Por un lado, el programa de DDR en Colombia ha tenido un fuerte sesgo contrainsurgente.
Concebido sobre la base del aumento sustancial de incentivos económicos a quienes se
desmovilizan de los grupos guerrilleros, sumado a un programa casi secreto de beneficios por
delación, entrega de todo tipo de materiales, e incluso la participación en objetivos militares
(Fundación Ideas para la Paz, 2014). Si bien esta estrategia ha tenido importantes impactos en el
aumento de las desmovilizaciones en el país, estos elementos juegan en contra de la construcción
de confianza de las comunidades frente a los desmovilizados. Además, impiden la construcción
de un proyecto de vida en la legalidad porque perpetúan el rol militante de los desmovilizados.
37
Por otro lado, los diferentes niveles del Estado (nacional, local y regional) frecuentemente
se enfrentan entre sí, en vez de aprender a cooperar. Como resultado, el objetivo de involucrar a
la sociedad civil, las autoridades locales y el gobierno central en un mismo escenario armonioso
de participación y administración del DDR ha estado frustrado (Derks, Rouw, & Briscoe, 2011).
Este caso es muy evidente con el programa de reintegración. Si bien la evolución de la
reintegración en Colombia ha incluido la descentralización en la prestación de los servicios del
programa y las estrategias de servicio social y RBC incluyen la participación de algunos
miembros de las autoridades locales, estos esfuerzos se quedan cortos en generar una articulación
real entre sectores. El programa de reintegración se diseña y se planea desde el nivel central con
poca participación de las autoridades locales o las comunidades.
En tercer lugar, hasta el momento en el país, tanto la política de DDR como los
instrumentos de justicia transicional, se han fundado en la construcción de categorías excluyentes
de víctimas y victimarios. A cada una de ellas se le asigna beneficios diferentes, pero se le niegan
espacios efectivos de participación, desembocando en ciudadanías dependientes. La política
pública del DDR y los esfuerzos de construcción de paz deben superar los enfoques
asistencialistas que generan identidades sociales ligadas a los beneficios brindados por el Estado
(Hoyos & Fattal, 2013).
EXPRESIÓN DE EMOCIONES Y REFLEXIONES SOBRE EL PASADO
Los procesos de reconstrucción de memoria deben ser integradores de múltiples voces que
expliquen la complejidad del conflicto armado. Esta memoria debe poder dar cuenta de las
relaciones históricas entre las víctimas y victimarios y superar la constitución de identidades
ancladas en la demanda, la lógica de la culpa y la venganza en favor de la convivencia (Fundación
Ideas para la Paz, 2014).
Tanto la RBC como las ASS buscan que los desmovilizados “hagan algo” para retribuir a
las comunidades en donde habitan. Sin embargo, a lo largo de los documentos revisados no se
evidencia que en estos escenarios se promueva una reflexión sobre el pasado y la construcción de
imaginarios conjuntos de sociedad. Las PPR deben realizar ejercicios de memoria histórica con
38
las comunidades sobre lo sucedido durante el conflicto armado, enmarcado en contextos
regionales y comunitarios específicos y con ello asumir el reconocimiento de sus daños (Hoyos &
Fattal, 2013). Se reconoce que dentro de la RBC uno de los componentes promueve la reflexión y
sensibilización con el proceso de reintegración a través de acciones simbólicas que tienen en
cuenta la cultura y las tradiciones locales. No obstante, este ejercicio no parece incluir la
expresión de emociones sobre el pasado y percepciones de futuro.
USO DE MÉTODOS MULTIDISCIPLINARIOS QUE PROMUEVAN UN BALANCE ENTRE LA VERDAD,
LA JUSTICIA Y LA RECONCILIACIÓN
Varios han sido los factores que han generado dificultades para la convivencia: 1. El
temor de las comunidades frente a algunos de sus victimarios. Más aun cuando las comunidades
han sido fuertemente golpeadas por los efectos del conflicto. 2. El sentimiento de inequidad e
injusticia que se profundiza por las marcadas diferencias en las rutas de atención para las víctimas
y los desmovilizados 3. Que las víctimas están accediendo de manera limitada a la verdad, lo cual
obstaculiza la creación de espacios de convivencia. Si las actividades de reintegración se dirigen
especialmente a los excombatientes, sin beneficios evidentes a la comunidad, esto puede hacer
peligrar el proceso (PNUD, 2009).
Es importante superar la oposición antagónica de la relación víctimas / victimarios en los
discursos, políticas y programas de atención por una de resolución franca y constructiva de las
mismas, sin dejar de reconocer integralmente los derechos de las víctimas de graves violaciones
como asunto sustancial de la construcción de paz y la reintegración (Hoyos & Fattal, 2013). Más
importante aún, las estrategias del programa de reintegración se enmarcan en generar escenarios
de retribución a las comunidades en general y en sus documentos se refleja una coherencia con los
preceptos de atención y reparación integral a víctimas en el país. Sin embargo, esto no denota una
coordinación real entre los programas. No se evidencian espacios articulados de trabajo conjunto
entre los programas de víctimas y desmovilizados, y de éstos con las comunidades y autoridades
locales.
39
PROMOCIÓN DE TOLERANCIA, RESPETO Y ACEPTACIÓN DE LA DIFERENCIA EN ESCENARIOS
DE INTERACCIÓN
Las actividades que el programa de RBC incluye (liderazgo, habilidades civiles, proyectos
comunitarios de pequeña escala y actividades simbólicas) pueden ser vistas como pequeños pasos
para empezar procesos de diálogo local y acciones menores en búsqueda de una paz sostenible,
pero no se puede pretender que logren una reintegración sostenible (Derks, Rouw, & Briscoe,
2011).
La estrategia de RBC de la ACR ha sido una innovación fundamental en el proceso. No
obstante, también es considerada por tener un enfoque muy limitado y un tiempo muy corto para
lograr hacer alguna contribución real a una reconciliación duradera. Por esta razón es vital
trascender para usar a la comunidad como parte fundamental del proceso de DDR y no sólo
involucrarla en RBC, sino involucrarla desde una perspectiva más amplia de seguridad
comunitaria como un objetivo en donde la reintegración puede contribuir (Derks, Rouw, &
Briscoe, 2011).
CONCLUSIONES
¿Le aporta la reintegración a la reconciliación del país? la respuesta es que lo que se hace
es necesario pero no es suficiente y hace falta. La paz debe entenderse como un proceso y no
como un punto de llegada. En ese proceso, la articulación de instituciones, esfuerzos, políticas y
programas y la promoción de diálogos tanto horizontales como verticales con todos los actores de
la sociedad, son fundamentales para promover la reconciliación que le da cabida a la paz.
Los programas de reintegración muchas veces fallan en abordar los mismos retos que
representan: reducen los componentes de reconciliación a la mera aceptación, construyen la
reconciliación como procesos lineales y promueven la reintegración a la pobreza dejando de lado
la promoción del desarrollo.
Por un lado, las mediciones que se hacen sobre reconciliación usualmente terminan por
medir el nivel de aceptación de los desmovilizados por parte de las comunidades receptoras.
Algunas mediciones incluyen datos económicos para determinar qué tanto los desmovilizados
están mejor o peor que otros en sus comunidades. Estas medidas reflejan una creencia de que la
40
asistencia de reintegración debe hacer que los desmovilizados se vuelvan como cualquier otro a
través de proveer suficiente asistencia (ni más ni menos) para borrar las diferencias de ingreso y el
estatus entre los antiguos combatientes y las comunidades en donde se ubican. Por el contrario, la
asistencia de la reintegración debería enfocarse en transformar comunidades y desdibujar las
marcadas diferencias que hay entre actores del conflicto.
Por otro lado, los retos de reconciliación se extienden más allá de la aceptación. Esto
incluye cómo la reintegración debería complementar los procesos de justicia transicional y sobre
si la reconciliación puede ser lograda dadas las asunciones prevalentes y las afirmaciones de los
actores del DDR que la comunidad es propensa a resentir a los excombatientes y cualquier
beneficio que ellos reciban (McMullin, 2013). Así, la reintegración debe enfocarse en procesos de
convivencia, paz y reconciliación. Esto supone pensar en cómo se deben equilibrar programas de
atención a PPR con programas de atención a víctimas y atender sus derechos a la verdad, la
justicia y la reparación. Es decir, plantear una reintegración que beneficie también a las
comunidades afectadas, y no sólo a los individuos, para promover la reconciliación, basada en
principios de convivencia y respecto y en perspectivas de desarrollo (PNUD, 2009).
La política de DDR debe ser una estrategia para ganar la paz y no para ganar la guerra. En
este sentido, debe ser entendida tanto como una medida para dar fin al conflicto como el primer
paso de una agenda social, política y económica más amplia, que no sólo beneficie a las y los
excombatientes sino que se articule con una política integral de paz, que guíe sus principios y
acciones (Hoyos & Fattal, 2013).
Entender los retos estructurales que subyacen los procesos de reintegración involucra la
identificación de contradicciones entre las asunciones de la reintegración y sus resultados, entre la
retórica y la práctica de la construcción de paz. El DDR debe contemplar programas que puedan
crear un ambiente adecuado para la estabilidad y para que el desarrollo proceda. No obstante, el
éxito de la reintegración se mide solamente por la ausencia de conflicto, o como el puente para
que otras tareas de reintegración y construcción de paz y reconstrucción tengan lugar (McMullin,
2013). Las fallas de los programas de reintegración en contemplar problemas y retos estructurales
que impidan la práctica de la integración significa que los programas replican las estructuras de
poder que profundizan la exclusión social, económica y política en vez de la integración. La falla
41
además refleja una división más amplia de construcción de paz, en donde las diferentes tareas y
programas no están relacionados unos con otros en una perspectiva holística.
Para el caso colombiano, el reto de promover la reconciliación a través de la reintegración
implica un entendimiento del proceso en clave de las necesidades de las comunidades, de la
importancia de su participación, de la inclusión y de la corresponsabilidad en un espectro más
amplio de construcción de paz. Esto requiere pensar en procesos colectivos, y no tan
individualistas, de promoción de la reconciliación y el desarrollo, que realmente aborden las
causas que han generado el conflicto. Ahora bien, de acuerdo con el marco teórico, estos
esfuerzos de desarrollo reconciliación rebasan la capacidad de la reintegración. Abordar la
complejidad de la reconciliación a nivel comunitario no puede ser sólo tarea de la reintegración.
No obstante, la coordinación con otras políticas, impulsar y demandar procesos más amplios de
desarrollo, en integración con los gobiernos y actores locales, si debe ser una prioridad dentro de
la agenda de la reintegración y de quién la implementa.
A la fecha, son varios los avances en transformaciones del proceso de reintegración que
apuntan al espíritu de la reconciliación. Podría decirse que el proceso empezó a trazar un camino
en dirección a una visión más integral de la reintegración. Sin embargo, aun no se cumplen las
expectativas trazadas en materia de reconciliación. Las actividades contempladas dentro de la
Reintegración Basada en Comunidad y las Acciones de servicio social no propician la
construcción de imaginarios conjuntos, tanto de lo sucedido como del planteamiento de un futuro
de sociedad en paz. Evidencia de esto son las evaluaciones hechas a estas estrategias que reflejan
que ambas actividades están encaminadas a la solución de problemas puntuales y no
necesariamente a la promoción de construcción de tejido social en torno a la reconciliación.
Así las cosas, la tarea pendiente es la de fortalecer la perspectiva comunitaria, y no tan
individualista dentro de la reintegración en torno al fortalecimiento de las comunidades que la
rodean.
42
RECOMENDACIONES18
SOBRE LA REINTEGRACIÓN BASADA EN COMUNIDADES Y EL SERVICIO SOCIAL
A partir de las evaluaciones hechas por distintos organismos de las líneas del programa de
reintegración enfocadas hacia la reconciliación, efectivamente es posible evidenciar una inclusión
tangible de apuestas que se hacen en esta materia que se materializan en cambios en las
condiciones de vida de la población desmovilizada y algunos beneficiarios directos, tanto de las
ASS como de la RBC.
No obstante, aun cuando la RBC contempla unos espacios de diálogo e interacción, éstos
no están enfocados hacia el acuerdo y construcción de imaginarios colectivos que contengan
visiones conjuntas de lo que sucedió y planteamientos de futuro. Si bien estos espacios
promueven la coexistencia pacífica, no necesariamente responden a las necesidades de las
víctimas y las comunidades de reconocer lo sucedido para armar un proyecto de futuro de
comunidad. En efecto, en algunas de las evaluaciones hechas a estos programas, las comunidades
no necesariamente identificaban con claridad el rol que jugaban los desmovilizados. Por su parte
el servicio social parece estar más enfocado en la mitigación de necesidades particulares de sus
entornos, y no promueve una interacción activa con sus comunidades más allá de la actividad de
reparación o retribución que estén desarrollando.
Esto no implica que el programa de reintegración deba eliminar estas actividades. Por el
contrario, se recomienda fortalecerlas (e incluso ampliar su cobertura) y que ambas estrategias
contemplen componentes en donde la reconciliación tenga cabida más allá de la recuperación de
los espacios de interacción y la coexistencia. Más importante aún, donde la reconciliación se
entienda más allá de la aceptación del desmovilizado. Este fortalecimiento se debe construir a
partir de escenarios que promuevan la expresión de emociones generadas por lo sucedido y el uso
de diferentes métodos para satisfacer necesidades humanas de desarrollo. Donde se promueva la
identificación de esas diferentes visiones que se pueden encontrar en una comunidad sobre el
18 Estas recomendaciones se construyen a partir del análisis de la documentación bibliográfica y como conclusión de lo analizado en las distintas evaluaciones hechas al programa de reintegración. Asimismo, son un reflejo de la percepción de la autora frente a las acciones realizadas por la reintegración en Colombia a la luz de la definición de reconciliación propuesta.
43
significado de la paz y la reconciliación. Y que sean partícipes de la construcción de los
escenarios con los que se podrían identificar.
A pesar de los esfuerzos que se realizan en Colombia, el desafío es empoderar a las
poblaciones locales y a las víctimas de la violencia. Reconocer que sus vivencias son lo más
importante para el proceso de reintegración de excombatientes. Es decir, empoderar a las
comunidades como transformadoras de sus propios conflictos y la validación de las instituciones
como instancias legítimas para la resolución de los mismos (PNUD, 2009). Empoderar a las
comunidades y hacerlas dueñas y partícipes del programa de reintegración. La forma más
apropiada de hacerlo es efectivamente a través de la reintegración basada en comunidades. No
obstante, debe ser un proceso en donde la sociedad y las comunidades tengan un rol más activo en
la identificación de sus conflictos y sean ellas mismas quienes propongan las vías de solución. La
RBC y el proceso de reintegración deben ser un vehículo o mecanismo para que las
congregaciones de individuos se apropien de sus agendas de desarrollo.
SOBRE EL PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN
Los procesos de DDR son un primer paso hacia la paz. Requieren de un proceso exitoso
de reintegración que tenga en cuenta las víctimas y sus derechos y que aporte a la reconciliación y
a la reparación. Además, deben ser procesos enmarcados en esfuerzos más amplios de desarrollo
que busquen atacar las causas que originaron los conflictos para evitar su recaída.
Sin embargo, una visión demasiado amplia de los alcances de la reintegración puede ser
tan nociva como una visión demasiado estrecha. Los estándares internacionales han enfatizado
sobre la importancia de prestar atención a aspectos políticos, sociales, culturales y comunitarios de
la reintegración pero teniendo en cuenta que su objetivo principal es la reducción de la violencia.
En este sentido, es necesario enfrentar los riesgos de reincidencia y fortalecer las garantías de no
repetición. Esto se logra no solamente con un control y seguimiento cercano a la población
desmovilizada. Además, requiere de la generación de espacios en donde la comunidad acepte a
las personas en proceso de reintegración, se generen relaciones basadas en la confianza y se
promueva la reconciliación. Esto no sólo permite garantizar un proceso en ejecución, sino
consolidar una institución preparada para brindarle oportunidad a nuevos desmovilizados que
decidan dejar las armas. “Su fracaso (el del proceso de reintegración) conllevaría un peligro de
44
inseguridad e implicaría también un clima de desconfianza por parte de otros grupos que quisieran
iniciar otros procesos de desmovilización, así como de desazón por parte de la sociedad civil y las
víctimas” (PNUD, 2009).
No obstante, en investigaciones hechas en procesos de reintegración en países como Sierra
Leona, Humpreys y Weinstein encontraron que quienes fueron partícipes del proceso de DDR no
fueron ni más ni menos exitosos que quienes no lo hicieron. Esto sugiere que los éxitos de la
reintegración se deben en parte a factores que van más allá de las actividades del programa como
tal. Estos factores están intensamente relacionados con la aceptación por parte de las
comunidades, las oportunidades laborales y la apropiación de las comunidades del proceso mismo
de reintegración (Humpreys & Weinstein, 2007). Esto quiere decir que la reconciliación, la
extensión de beneficios a la comunidad en general, la resiliencia y el reconocimiento de las
víctimas y sus derechos son fundamentales para la reintegración. El proceso de reintegración en
Colombia, si bien filosóficamente parece entender estas necesidades, debe ser más contundente en
las acciones que promueve para su consecución.
El proceso de reintegración debe trabajar más de la mano con las autoridades locales y con
la comunidad. Este trabajo debe exceder la solución de necesidades puntuales e involucrar los
diferentes actores en la definición de las rutas para la reconstrucción del tejido social. Las
estrategias del programa requieren mayor divulgación, porque mucho del desconocimiento que
existe sobre los participantes y su proceso alimenta los imaginarios de exclusión y rechazo hacia
ellos (Departamento Nacional de Planeación, 2010).
Finalmente, los documentos que produce la ACR son contundentes a la hora de plantear
las fortalezas institucionales y los logros del proceso de reintegración. Si bien esto es cierto y se
refleja en las evaluaciones y análisis hechos desde diferentes perspectivas, lograr la
corresponsabilidad de todos los actores frente al proceso y sus éxitos debe ser una tarea urgente.
Los éxitos de la reintegración en Colombia no pueden ni deben ser medidos exclusivamente en
términos de los avances en las metas propuestas por la ruta de reintegración de cada individuo. El
proceso debe construir, medir y monitorear indicadores que permitan conocer el avance y
resultados en términos de la participación de las comunidades en la definición de imaginarios
conjuntos de reconciliación, construcción de relaciones de confianza y activa participación de
todos los actores en la reparación de las víctimas y la reintegración de los desmovilizados.
45
Desafortunadamente, como se menciona en la primera parte de este documento, en el mundo no
existen baterías de indicadores que permitan conocer los avances en términos de reconciliación y
estos temas siguen siendo, a la fecha, el resultado de pruebas de ensayo y error. Aun así, la
experiencia que ha tenido Colombia, la apropiación nacional del proceso de DDR y los recursos
que se invierten anualmente en el programa, pueden ser incentivo suficiente para capitalizar el
conocimiento adquirido y diseñar baterías que permitan por un lado conocer los avances en
materia de reconstrucción de la confianza y por otro lado fortalecer las iniciativas de
reconciliación que se implementan.
SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL
Los conceptos que se tienen hoy de reconciliación surgen a partir de posiciones de
gobiernos, académicos, expertos, ONGs nacionales o internacionales, más que de los mismos
actores del conflicto con las víctimas, los desmovilizados o las comunidades. Los asuntos
relacionados con la construcción de la paz y la justicia transicional son usualmente manejados
desde arriba por parte de los gobiernos y expertos, con poca participación de quienes los viven
diariamente (Shaw & Waldorf, 2010).
Asimismo, los desmovilizados, víctimas y comunidades siguen enfrentando retos en lo
local que evidencian la falta de consensos sobre el pasado y el futuro. Más importante aún,
evidencian la ausencia de participación de los mismos en el diseño de políticas de DDR, justicia
transicional y construcción de paz en Colombia. Hasta el momento es relativamente poco lo que
se sabe al respecto y hace falta estudiar de manera directa sus perspectivas, experiencias y
relaciones (Prieto J. , 2012). En este sentido, se requiere una participación más activa de las
comunidades mismas sobre la definición de sus visiones de reconciliación y sus necesidades en
materia de reconstrucción.
Las intersecciones entre la reintegración y la justicia transicional no deben conducir a la
creación de un solo programa que contemple todos los esfuerzos de construcción de paz. Más
bien, es recomendable asegurar una coordinación y coherencia entre ellos (De Greiff, 2009). Para
el caso colombiano, esto implicaría revisar las visiones, definiciones y líneas de trabajo en materia
de reconciliación y la implementación de acciones conjuntas que complementen el grupo de
46
beneficios que tienen tanto los desmovilizados, como las víctimas, cuidando siempre la inclusión
de las comunidades que los rodean.
El DDR en Colombia debería estar subordinado a los objetivos de construcción de paz: es
un componente más en el andamiaje de la construcción de paz y de ningún modo su eje principal.
Considerar el DDR como eje principal de la paz enviaría una señal negativa a las víctimas y
comunidades afectadas por el conflicto al enfocarse primordialmente en los excombatientes y
podría socavar la legitimidad del proceso mismo. En especial, el DDR debería considerar
adecuadamente los derechos de las víctimas y estar enmarcado en los presupuestos de la justicia
transicional. (SINU, 2014)
Finalmente, en Colombia no existe una sola entidad encargada de la reconciliación o del
desarrollo comunitario. Esta tarea queda en manos de cada una de las entidades que tienen que
ver con la construcción de paz. En este sentido, se recomienda la construcción de una política
sombrilla que por un lado proporcione lineamientos generales en términos de resiliencia,
coexistencia pacífica y desarrollo comunitario a quienes están involucrados en estos asuntos. Pero
más importante aún, que contemple la identificación de las posturas y visiones de las comunidades
frente a sus propios procesos de reconciliación.
47
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53
ANEXOS
ANEXO 1 – CUADRO DE DEFINICIONES DE IDDRS
FASE DEFINICIÓN COMPONENTES BENEFICIARIOS
DESARME Recolección, control y eliminación de armas pequeñas, ligeras y pesadas, municiones y explosivos de los combatientes y en algunos casos de la población civil. Incluye programas de gestión responsable de armamento.
1. Recolección de información y planeamiento operativo
2. Recolección de armas 3. Almacenamiento 4. Destrucción bajo condiciones
que generalmente se analizan en dos niveles, uno estratégico y uno operacional
Miembros de las Fuerzas Armadas del Estado
Grupos Armados no estatales
Población Civil (a través de programas de recolección de armas)
DESMOVILIZACIÓN Proceso por medio del cual las fuerzas armadas regulares o irregulares se desarticulan o disuelven completamente. Supone el acantonamiento de las tropas en cuarteles o centros temporales.
1. Recolección de datos personales
2. Entrega de uniformes y desarticulación de los grupos
Hombres y mujeres adultos combatientes
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes desvinculados de grupos armados (para quiénes generalmente se plantean rutas de rintegración diferentes)
Personas no combatientes asosciadas a los grupos armados (redes de apoyo, estructuras clandestinas)
Personas con discapacidad, heridos en combate y enfermos
Familiares de los combatientes
REINSERCIÓN Asistencia ofrecida a excombatientes durante de la desmovilización pero previo a un procesos de largo plazo de reintegración. Es una forma de asistencia transitoria para ayudar a cubrir las necesidades básicas de quieres se desmovilizan y sus familias.
1. Entrega de kits y paquetes de alimentación, vestido, servicios médicos, alojamiento provisional, entre otros.
2. Provisión de entrenamientos de corto plazo en educación, empleabilidad y herramientas para la vida.
Hombres y mujeres adultos combatientes
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes desvinculados de grupos armados (para quiénes generalmente se plantean rutas de rintegración diferentes)
Personas no combatientes asosciadas a los grupos armados (redes de apoyo, estructuras clandestinas)
Personas con discapacidad, heridos en combate y enfermos
Familiares de los combatientes
REINTEGRACIÓN Proceso por medio del cual los excombatientes adquieren estatus civil y logran sostenibilidad en el ingreso. La reintegración es un proceso social y económico con un margen de tiempo abierto, que toma lugar principalmente en las comunidades a nivel local. Es parte de un proceso general de desarrollo de un país y una responsabilidad nacional.
1. Reintegración Social 2. Reintegración Económica 3. Reintegración comunitaria 4. Reintegración Política
Hombres y mujeres adultos combatientes
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes desvinculados de grupos armados (para quiénes generalmente se plantean rutas de rintegración diferentes)
Personas no combatientes asosciadas a los grupos armados (redes de apoyo, estructuras clandestinas)
Personas con discapacidad, heridos en combate y enfermos
Familiares de los combatientes
Comunidades receptoras
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ANEXO 2 – PERSPECTIVAS Y REFERENTES INTERNACIONALES DE PROCESOS DE
DESMOVILIZACIÓN, DESARME Y REINTEGRACIÓN
Este Anexo resume algunas características principales de procesos de Desmovilización Desarme y Reintegración internacionalmente. El primer proceso del programa de DDR, ordenado por el Consejo de Seguridad de la ONU tuvo lugar en Namibia en 1989, y fue llevado a cabo con el apoyo del Grupo de Asistencia de Transición de la ONU (GANUPT). Este esfuerzo inicial fue rápidamente seguido por misiones similares en Camboya, América Central y Mozambique. Desde estas primeras misiones, a finales de los años ochentas y principios de los noventas, más de 60 procesos documentados de programas de DDR han sido desarrollados en todo el mundo (CCDDR, 2009).
Duración y Presupuestos En el mundo en promedio la duración de un proceso de DDR, incluyendo todas sus fases es den 3.5 años (Escuela de Cultura de Paz, 2009). Por etapas, lo usual es que el Desarme y la Desmovilización tomen aproximadamente un año o un año y medio mientras que la reinserción y la reintegración duran en promedio dos años (FIP, 2014). El caso colombiano es particular porque el proceso de reintegración dura hasta 7 años por participante (ACR, 2014). En cuanto a los recursos, como lo usual es que estos procesos se desarrollen en países que por razón del conflicto, han quedado fuertemente afectados política, económica y socialmente, los recursos usualmente provienen de ayuda extranjera (a través de donaciones bilaterales o multilaterales, o de préstamos otorgados por entidades como el Bando Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano para el Desarrollo). Entre el 2001 y el 2008 países como Angola, Burundi, República Democrática del Congo y Ruanda han usado capitales mixtos (entre su gobierno y donantes internacionales) para la financiación de sus procesos de DDR, dándole especial importancia al monto donado por la comunidad internacional. No obstante, países como República Centroafricana, República Democrática del Congo y Afganistán han usado recursos provenientes exclusivamente de la Comunidad Internacional para la financiación de sus programas de DDR. Donantes como el Banco Mundial, UNDP, Multi-Donor Trust Fund y diferentes Gobiernos de países europeos, norteamericanos y asiáticos han destinado recursos para financiar un total de costos de US$ 13.200.000 para el programa en República Centroafricana, US$ 202.000.000 para República Democrática del Congo y US$ 141.200.000 para Afghanistán (Escola de Pau, 2008).
En contraposición a lo anterior, entre Agosto de 2002 y finales de 2006, el Gobierno colombiano invirtió aproximadamente US$ 295.000.000 (revisar) en el proceso de desarme, desmovilización y reinserción de personas provenientes de grupos armados ilegales. Durante el mismo periodo, solo US$ 11.000.000 provenían de recursos de cooperación internacional destinados al DDR en Colombia. Estas cifras ilustran la disparidad en los recursos financieros destinados al DDR por el Gobierno Colombiano y la comunidad internacional. Desde la creación de la Alta Consejería para la Reintegración, actualmente, Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), la consecución de recursos en términos totales de cooperación internacional ha sido mayor, aunque en términos porcentuales con relación al costo total se ha mantenido alrededor de 4,9%. Entre el año 2006 y el año 2011, la ACR ha contribuido con US$ 736.757.941 para el programa de DDR y ha cooptado US$ 15.900.000 de cooperación internacional para el programa. Esta
55
proporción de recursos nacionales versus recursos internacionales es muy baja comparativamente con procesos de Reintegración en otros países (Escola de Pau, 2008).
Referencia: tabla tomada de datos obtenidos de:
• Escola de Pau. DDR 2008: Análisis de los programas de DDR existentes en el mundo durante 2007. Barcelona, 2008 • ACR. Hoja de datos Colombia. Bogotá, Diciembre 2011 • República de Colombia. Decreto 4803 de 2010, Decreto 4996 de 2009 y Decreto 4841 de 2008.
Menores desvinculados En un grupo de 19 casos activos estudiados en 2008, la tasa promedio de vinculación de niños combatientes es de 10.8%. En Colombia, en el periodo comprendido entre 1999 y Abril de 2011 se han atendido 4.631 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, desvinculados de Grupos Armados Ilegales (ICBF, 2001). En todos los casos se presenta participación de mujeres.
PAIS FECHAS DEL PROCESO COSTO TOTAL
RECURSOS DEL GOBIERNO RECURSOS DE COOPERACIÓN
MONTO % DEL COSTO TOTAL
MONTO % DEL COSTO TOTAL
Colombia
Noviembre de 2003 a Agosto de 2006 (con posibilidades de
desmovilizaciones individuales actuales)
US$ 774.718.040 US$ 736.757.941 95.1 % US$ 37.960.099 4.9 %
Angola Agosto de 2002 a Diciembre de 2008 US$ 246.300.000 US$ 157.000.000 63.7 % US$ 89.330.000 36.2 %
Burundi Diciembre de 2004 a Diciembre de 2008 US$ 104.909.000 US$ 27.039.000 25.7 % US$ 78,570,000 74.89 %
República del Congo
Diciembre de 2005 a Diciembre de 2008 US$ 25.100.000 US$ 4.000.000 15.9 % US$ 21.100.000 84.06 %
Ruanda Diciembre de 2001 - Sin fecha precisa US$ 62.500.000 US$ 2.700.000 4.3 % US$ 59.800.000 95.7 %
República Democrática del
Congo
Enero de 2004 a Diciembre de 2007 US$ 202.000.000 - 0% US$ 202.000.000 100%
Afganistán Octubre de 2003 a Diciembre de 2008 US$ 141.200.000 - 0% US$ 141.200.000 100%
Republica centroafricana
Diciembre de 2004 a Abril de 2007 US$ 13.200.000 - 0% US$ 13.200.000 100%
56
Proporción de armamento entregado En promedio, en un grupo representativo de procesos de desmovilización que incluye 8 procesos de África, Asia y el caso Colombiano, el promedio de armas entregadas por hombre es 0.42. En el caso colombiano ha sido de 0.57 (Escola de Pau, 2009).
Fuente: Vicenc Fisas. Introducción al Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de excombatientes. Escuela de Cultura de Pau, 2011.
Justicia Transicional
Casos como Burundi y Angola se han caracterizado por acudir a la amnistía y a la inmunidad temporal. Indonesia, Liberia, Burundi, Nepal, han optado fundamentalmente por la conformación de comisiones de verdad y reconciliación (Rettberg, 2005). En Colombia se han adoptado diversos mecanismos a lo largo de los diferentes procesos realizados, en los procesos recientes de desmovilización colectiva de las AUC en Colombia, así como en Ruanda se han implementado mecanismos más complejos y restrictivos de aplicación de la justicia, tal como la Ley de Justicia y Paz (o también conocida como Ley 975 de 2005) en Colombia, cuyo objetivo es el de plantear un instrumento legal que establece penas alternativas dentro del marco del DDR. En cambio en casos como Chad y Sudan, no se ha hecho mención a ningún mecanismo de este tipo (Escola de Pau, 2009).
País Desmovilizados Armas Entregadas Armas por persona Años
Afganistán 63.000 47.575 0,75 2003 – 2005
Angola 85.000 33.000 0,38 2002
Colombia (AUC) 31.673 18.051 0,57 2004 – 2006
Congo 15.000 6.500 0,43 2000
El Salvador 11.000 10.200 0,93 1992
Filipinas (MNLF) 10.000 4.874 0,49 1999
Guatemala 3.000 1824 0,61 1995
Indonesia (Aceh) 3.000 840 0,28 2005
Liberia 107.000 28.314 0,26 2005
Nepal 31.152 3.475 0,11 2011
Nicaragua (Contra) 23.000 17.000 0,74 1990
Nigeria 20.000 2.700 0,15 2010
Sierra León 72.500 42.300 0,50 2002
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Momento adecuado – “timing”
Los procesos de DDR pueden llevarse a cabo antes, durante o después de unas negociaciones de paz. Desde la visión clásica, los procesos de DDR se inician una vez se haya finalizado la situación del conflicto (que incluso puede darse no sólo como resultado de una negociación de paz, sino también por vía de victorias militares, desescalamiento del conflicto, entre otros). Esta tendencia se ha mantenido en la mayoría de experiencias documentadas en el mundo. Sin embargo, países como Colombia, Sierra Leona, Somalia y Afganistán han innovado en llevar a cabo operaciones de DDR en medio de la confrontación armada. Esto ha dado paso a duros cuestionamientos sobre si el objetivo del DDR es una estrategia contrainsurgente de debilitamiento de los grupos ilegales o si por el contrario representa una salida sostenible a las acciones insurgentes (FIP, 2014). En cualquiera de estos casos, es fundamental respetar unos momentos específicos para el diseño, la implementación y la evaluación de todas las fases del proceso.
Retos del DDR Los procesos de DDR tienen al menos dos grandes objetivos: la creación de mecanismos para la reintegración social, económica, política y comunitaria de antiguos combatientes y otro asociado con la necesidad de evitar la recaída de la violencia. Este último ha sido entendido en muchos procesos como prevenir la reincidencia en actos delictivos por parte de los combatientes (FIP, 2014). No obstante, en los últimos años y en concordancia con la evolución de conceptos de construcción de paz, se ha entendido desde un espectro más amplio: la generación de condiciones en las comunidades en general para abordar las causas que generan los conflictos y promover una transición real desde una cultura de violencia a una cultura de paz.
Fases del DDR
Pese a todos los esfuerzos por tratar de establecer directrices estandarizadas para llevar a cabo procesos de DDR, lo único cierto es que estos instrumentos están muy lejos de convertirse en una doctrina. Más bien, se constituyen como una carta de navegación para que quiénes están a cargo del diseño de sus programas, lo puedan hacer en función de las características específicas de la confrontación armada, los contactos sociales, políticos, económicos y culturales de la región y más importante aún, las necesidades e intereses de la población.
En este sentido, y en vista de la multiplicidad de factores, riesgos y consideraciones que presentan los procesos implementados de DDR a la fecha, es posible encontrar interpretaciones diferentes de los lineamientos, incluso en la secuencialidad con la que se llevan a cabo sus fases Por ejemplo, se puede encontrar programas donde solo se habla de DD (Desarme y Desmovilización) que contempla un retorno a la vida civil sin contraprestaciones o beneficios. También se puede encontrar programas en donde la R de reintegración se comprende en sentidos mucho más amplios que incluye acciones de Rehabilitación, Readaptación, Repatriación y Reconciliación (FIP, 2014). Para Enzo Nussio, añadirle otras R al proceso no otorga ningún valor adicional, puesto que en últimas denotan el mismo valor que debe cumplir la reintegración: lograr que tanto los excombatientes como sus familias puedan volver a ser miembros funcionales de una sociedad (Nussio, 2012).
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Igualmente, las diferencias en los contextos y necesidades de la población, ha llevado a que se generen cuestionamientos sobre la secuencialidad de las fases del DDR. En principio se plantearon como un conjunto de actividades secuenciales e interrelacionados. No obstante, ante la posibilidad de desarrollar estos procesos por fuera del marco de negociaciones de paz, o implementarlo para reducir otras manifestaciones de violencia (no necesariamente llevada a cado por facciones armadas organizadas), el orden puede flexibilizarse según las condiciones lo requieran. Así es posible plantear procesos en donde primero se implementa una fase de reintegración para construir confianza y luego se procede con el desarme y la desmovilización o procesos en donde hay una yuxtaposición de las etapas (FIP, 2014).
Desarme Desde el punto de vista estratégico, en esta fase sobresale la identificación de flujos de armas, rutas y costos y en general, los mercados de armamento dentro y fuera del escenario de guerra, teniendo en cuenta las dinámicas del conflicto. A nivel operacional, se deben separar los combatientes de sus armas, usualmente se proponen mecanismos de acantonamiento o concentración de tropas en zonas de registro. Hacerlo, permite llevar a cabo elaboración de censos y diagnósticos precisos sobre quiénes tienen las armas, en qué condiciones, de qué tipo son, que cantidad hay, quién las provee entre otros. Además, operativamente se deben diseñar y acordar mecanismos de verificación de esta fase que incluyan la veeduría de la entrega y la custodia del material entregado (FIP, 2014). Muchas veces se considera que una fase de desarme es una medida para la construcción y desarrollo de la confianza (Springer, 2005) que resulta de un acuerdo de paz que específica cronogramas, alcances, tiempos y mecanismos. De lo contrario, constituye una decisión voluntaria y asilada de cada combatiente que no necesariamente cabe dentro de un proceso sistemático y colectivo de DDR. Esta etapa no es necesariamente exclusiva de las fuerzas combatientes y puede incluir también a la población civil a través de programas para la recolección de armas ligeras.
Desmovilización Por lo general, esta etapa se desarrolla en paralelo al desarme o inmediatamente después y consiste en la disolución y desarticulación de todas las unidades armadas o de la reducción en el número de combatientes. El objetivo es que esta fase incluya no solamente hombres en armas, sino también operadores logísticos, redes de apoyo, redes políticas clandestinas, cuerpos administrativos, entre otros. Este proceso también puede incluir a las fuerzas armadas regulares que en tiempos de paz, pueden requerir una reestructuración y reducción de sus filas (FIP, 2014). En esta fase de adquiere el estatus jurídico de transición a la civilidad, esto implica necesariamente si desvinculación definitiva de la violencia. En este sentido, la desmovilización es un proceso tanto físico como mental, que además de buscar el despojo de símbolos que vinculan a los excombatientes con la guerra (como la entrega de uniformes), también incluye (o debe incluir) un análisis de necesidades y aspiraciones (Özerdem, 2009). Normalmente, durante esta etapa se presenta un proceso de registro de los datos personales y militares de los excombatientes que en la mayoría de los casos se realiza a través de encuestas. Además, se indaga por variables que permitan caracterizar a los individuos y perfilarlos en función de sus necesidades específicas.
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Dentro de los procesos de desmovilización se reconocen unos riesgos sobresalientes: por un lado la visibilidad y vulnerabilidad de los excombatientes que pueden convertirse en un blanco fácil de retaliaciones o saboteadores del proceso; por otro lado, el subregistro por la imposibilidad de abarcar a toda la población combatiente en tanto los criterios de selección suelen ser restrictivos o por el contrario, el sobre-registro que permite que personas criminales o personas naturales aprovechen el ingreso al programa para acceder a las ayudas brindadas; además, la ineficacia de los programas si no se logran desarticular completamente los grupos armados; y finalmente, a criminalización que se asocia a la inseguridad que se genera en una transición (FIP, 2014). Reinserción Esta fase comprende las ayudas y/o incentivos materiales económicos y en especie que se da a los excombatientes para que estos puedan sobrevivir, mientras la fase de reintegración arranca. Históricamente se ha entendido esta fase como un momento que depende de la fase de Desmovilización y funciona como puente para la reintegración. Esta fase consta de asistencia material o financiera de corto plazo que busca suplir las necesidades básicas de supervivencia por un periodo máximo de un año después de la desmovilización (FIP, 2014). Reintegración La reintegración es la fase en donde se implementan medidas que buscan fortalecer el potencial socioeconómico de los excombatientes y sus familias para reintegrarse a la vida civil. Estas medidas varían entre el apoyo monetario, la compensación en especie, el entrenamiento vocacional, los programas de empleo y la articulación con otra oferta estatal. No obstante, la necesidad de que lo excombatientes puedan insertarse efectivamente en las comunidades receptoras y en la sociedad en general, supone esfuerzos mucho más grandes en la generación de beneficios que comprendan a todos los actores y no sólo unos individuos.
1. Dimensión socioeconómica (individual y comunitaria) Si bien la reinserción acarrea requerimientos específicos de transición, en la reintegración se diseñan políticas de generación de empleo y medios de subsistencia que le permita a los desmovilizados y sus familias generar fuentes de ingresos constantes y sostenibles. Esto implica articular la oferta del DDR con otros programas de superación de la pobreza, entrenamiento vocacional, sistema educativo y sistemas de generación de empleo del Estado en general, así como también una articulación con el sector privado que, haciendo uso de buenas prácticas y estrategias de responsabilidad social, esta en capacidad de aportar conocimientos técnicos, recursos de capital y dinero para el emprendimiento social. Pero la reintegración económica es sólo una de las aristas de un proceso de Reintegración. Más importante aún es la reintegración social que busca recomponer el tejido social a través de la generación de habilidades y competencias de civilidad en el individuo y a través de la generación de escenarios de convivencia y coexistencia pacífica en la comunidad. En este sentido, la reconciliación debe ser la última etapa y objetivo de la reintegración, puesto que busca el restablecimiento del equilibrio social sobre la base de principios como la tolerancia, el pluralismo, el respecto y la coexistencia.
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2. Dimensión política Es fundamental que la reintegración promueva la participación activa de los excombatientes, de sus familias y sus comunidades en la toma de decisiones de los lugares donde habitan. El indicador de éxito de la reintegración política no es exclusivamente la generación y conformación de partidos políticos, sino más importante aún, la participación directa y legítima en el diseño de políticas públicas, en debates y ejercicios de toma de decisiones en comunidad.
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ANEXO 3 - MARCO LEGAL DE LA REINTEGRACIÓN EN COLOMBIA El Estado Colombiano en busca de garantizar los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos y brindar la paz y convivencia de los mismos, a través de la Ley 418 de 1997, adoptó una serie de medidas a favor de las personas o grupos armados organizados al margen de la ley que de manera voluntaria abandonen las armas. Entre esta serie de medidas, se contempla la creación de un programa de reintegración socioeconómica, que tiene como objetivo volver a integrar en la sociedad a dichas personas y la concesión de beneficios jurídicos por delitos políticos y los conexos a ellos. Esta norma ha sido prorrogada cada cuatro años desde el momento de su expedición, siendo su última prórroga y modificación la consagrada en la Ley 1421 de 2010. La Ley 418 de 1997 ha sido reglamentada por los Decretos 128 de 2003, 395 de 2007 y 1391 de 2011.
Asimismo, a medida que el país avanza en la consolidación de una política de reintegración de personas desmovilizadas de los grupos ilegales, se ha ido adoptando un marco normativo, el cual se resume a continuación:
- Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y
1421 de 2010: Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. Esta Ley consagró la posibilidad de otorgar beneficios jurídicos a los integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley que adelanten proceso de paz y que demuestren su voluntad de reincorporarse a la vida civil y ser investigados por delitos políticos y conexos a éstos. Tales beneficios pueden concretarse en el otorgamiento de: resolución inhibitoria, resolución de preclusión de la investigación o el cese del procedimiento dentro de las acciones judiciales que se encuentren en curso, o el indulto para los nacionales condenados por esta clase de delitos. Esta norma es la base a través de la cual se consagran los instrumentos para la desmovilización de los grupos armados organizados al margen de la ley.
- Ley 782 de 2002: Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, y se modifican
algunas de sus disposiciones. Esta ley ajustó el campo de aplicación de los beneficios jurídicos contemplados en la Ley 418 de 1997; es así, como la citada norma en su artículo 19 restringe su aplicación para “quienes realicen conductas constitutivas de actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión”.
- Ley 1421 de 2010: Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 y se modifican algunas de sus disposiciones. La Ley 1421 de 2010, dispuso que no se aplicaran los beneficios jurídicos ni socioeconómicos establecidos en el marco de la política de reintegración a quienes hayan incurrido en delitos de genocidio, secuestro, lesa humanidad, crímenes de guerra o en los tipificados en el título II del Libro II, Capítulo Único del Código Penal, conforme a los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado colombiano. Estas personas podrán acogerse al régimen transicional consagrado en la Ley 975 de 2005 y demás normas complementarias o acudir a la jurisdicción ordinaria para recibir los beneficios jurídicos ordinarios por confesión y colaboración con la justicia; por otra parte quienes se les atribuya responsabilidad penal por delitos cometidos después de la desmovilización, perderán los beneficios que se entregan en esta disposición normativa. Así mismo, señala que los beneficios jurídicos dispuestos en esta ley, (el indulto, la cesación de
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procedimiento, la preclusión o la resolución inhibitoria) quedarán sin efecto alguno, si la persona desmovilizada cometiere cualquier delito doloso dentro del término que dure su proceso de reintegración. Finalmente, a partir de esta modificación se habla legalmente de reintegración más no de reinserción.
- Decreto 128, de 2003: Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, la Ley 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, en materia de reincorporación a la sociedad civil. Esta disposición normativa, dispone que las personas desmovilizadas de manera individual una vez sean certificada por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas – CODA-, (ente certificador que determina la pertenencia y la voluntad de la persona que manifiesta su deseo de desmovilizarse), podrán recibir los beneficios sociales y económicos que establezca el gobierno nacional en política de reintegración, fijando con ello las condiciones, competencias, funciones y procedimientos para el acceso de los beneficios socioeconómicos en materia de reintegración a la población desmovilizada.
- Decreto 3360, de 2003: Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, la Ley 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010. El Decreto 3360 de 2003, establece que cuando se trate de desmovilización colectiva en el marco de acuerdos desarrollados con el Gobierno Nacional, la calidad de miembro del grupo armado organizado al margen de la ley, se acreditará mediante una lista de desmovilizados suscrita por los voceros o miembros representantes de dicho grupo. La lista debe ser aceptada por el alto comisionado para la paz, y sustituye, para todos sus efectos, la certificación expedida por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas – CODA-.
- Decreto 2767, de 2004: Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la vida civil. Esta disposición normativa establece beneficios por colaboración a las personas desmovilizadas de forma individual que voluntariamente realicen un aporte eficaz a la justicia y a la fuerza pública conducente a evitar y esclarecer delitos. De igual forma establece beneficios por entrega de material de guerra.
- Ley 975 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Se debe tener en cuenta, que a partir de las desmovilizaciones colectivas de las autodefensas unidas de Colombia, y con miras a establecer los beneficios jurídicos dispuestos en la Ley 782 de 2002, se estableció en el artículo 71 lo siguiente: “ARTICULO 71. Sedición. Adiciónese al artículo 468 del Código Penal un inciso del siguiente tenor: También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso, la pena será la misma prevista para el delito de rebelión.” Esta norma se aplica a las personas que tienen acreditada la calidad de desmovilizado y registran delitos cometidos con ocasión a su pertenencia al grupo armado ilegal, que no pueden ser objeto de los beneficios de la Ley 782 y que por su gravedad son objeto de la imposición de una pena alternativa, garantizando los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación.
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- Decreto 4760, de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005. Esta normativa, consagro el ámbito de aplicación de la Ley 975 de 2005, en razón a que la investigación y juzgamiento por las conductas cometidas por los miembros de los grupos organizados al margen de la ley, que no puedan ser cobijados por la ley 782 de 2002, podrán ser investigados por el procedimiento de que trata la ley 975 de 2005, siempre y cuando la conducta haya sido cometida con anterioridad a su vigencia, esto es, del 25 de julio de 2005, y a partir del cumplimiento de todos los requisitos estipulados en dicha ley. Así mismo, dispuso que para que las personas desmovilizadas puedan acceder al procedimiento de que trata la ley 975 de 2005, deben estar incluidas en los listados que el gobierno nacional remite a la Fiscalía General de la Nación, y reúna los requisitos de elegibilidad de los artículos 10 y 11 de la citada norma. Derogado parcialmente por el Decreto 3391 de 2006.
- Ley 1592 de 2012: Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005, y se dictan otras disposiciones. Esta disposición normativa, establece que para el caso de desmovilizados colectivos en el marco de acuerdos de paz con el gobierno nacional, la ley de justicia y paz, se aplicará únicamente para hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de su desmovilización; y en relación con los desmovilizados individuales, aquellos cuyo acto de desmovilización sea certificado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas – CODA- y se aplicaran únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su desmovilización que sean anteriores al 31 de diciembre de 2012. Por otra parte, señala que la Agencia Colombiana para la Reintegración de personas y grupos alzados en armas, diseñará e implementará en el marco de la política nacional de reintegración, un proceso de reintegración particular y diferenciado para los desmovilizados postulados a la presente ley que sean dejados en libertad, el cual tiene como objetivo la contribución de estos postulados a la reconciliación nacional. Este programa de reintegración no está supeditado a la prohibición establecida en el artículo 50 de la ley 418 de 1997, y contendrá un componente de atención psicosocial. Quienes se hayan desmovilizado de manera individual o colectiva con anterioridad a la vigencia de la ley 1592 de 2012 (3 de diciembre de 2012), y que pretendan acceder a los beneficios consagrados en la ley 975 de 2005, deberán solicitar su postulación con anterioridad al 31 de diciembre de 2012. Las personas desmovilizadas de manera individual con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley tendrán un (1) año a partir de su desmovilización para solicitar su postulación al procedimiento penal especial de la ley 975 de 2005.
- Decreto 4488 de 2005: Por medio del cual se establece un programa especial de adquisición y adjudicación de tierras en favor de las personas reincorporadas que se hayan desmovilizado en forma individual o colectiva, en el marco del proceso de paz que adelante el gobierno nacional, en la medida que lo permita su situación jurídica. En la actualidad esta disposición normativa se encuentra vigente, sin embargo no se ha hecho efectiva, toda vez que se estableció como población prioritaria para la adjudicación de tierras a la población desplazada y víctima del conflicto armado interno.
- Resolución 008 de 2009: Por la cual se establecen los beneficios sociales y económicos de los servicios y programas del Proceso de Reintegración a la sociedad civil dirigida a la población desmovilizada; procedimiento de suspensión y pérdida de los mismos, culminación del Proceso de Reintegración: y el Sistema de Información para la Reintegración.
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- Ley 1424, de 2010: Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones. Definición de la situación jurídica de las personas desmovilizadas, salvaguardando los principios de verdad, justicia y reparación.
- Ley 1429, de 2010: Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo. Este marco normativo, crea incentivos para la generación de empleos de grupos vulnerables, como descuento en el impuesto de la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina para los empleadores que contraten personas en proceso de reintegración.
- Decreto 1391, de 2011: Por el cual se reglamentan los beneficios económicos de los programas de reintegración de la población desmovilizada.
- Resolución 163, de 2011: Por la cual se reglamentan requisitos, característica, condiciones y
obligaciones para el acceso y otorgamiento de los beneficios sociales y económicos de los programas del proceso de reintegración a la sociedad civil dirigida a la población desmovilizada, y deroga la Resolución 008 de 2009.
- Decreto 4138, de 2011: Por la cual se crea la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.
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ANEXO 4 – INFOGRAFÍA DE LA RUTA DE REINTEGRACIÓN19
19 Tomado de Agencia Colombiana para la Reintegración. www.reintegracion.gov.co
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ANEXO 5 – INFOGRAFÍA DE LA RUTA DE SERVICIO SOCIAL20
20 Tomado de Agencia Colombiana para la Reintegración. www.reintegracion.gov.co