Post on 19-Mar-2016
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1 / Un marco legal para atraer inversiones
2Presentación
8Leyes Pro inversión
22evoLución de Las normas
24 contact centers
30estudios de imPacto ambientaL
34 Premio a La resPonsabiLidad
38tareas Pendientes
44 Preguntas sobre La inversión
66viñeta
ÍNDICE
¿qué papel cumplenlas leyes en la tarea de atraer
inversionistas?
2 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 3
l Perú ha logrado mantener un
crecimiento sostenido en los
últimos años, lo que ha causado
admiración en el mundo entero y ha
devuelto a los peruanos la confianza en
nuestras capacidades, en nuestro talento,
en nuestra riqueza natural y humana. En
2011 nuestro país creció cerca de un 7% y
en el presente año, la previsión es que lo
haga en torno al 5,5 %, por encima de la
media de los países de la región.
Hay un ambiente de estabilidad y
confianza macroeconómica, como lo
señala el Presidente Ollanta Humala
en cada uno de sus viajes al extranjero.
Y, para seguir creciendo, nuestro país
necesita de las inversiones. ProInversión
contribuye con esta tarea desarrollan-
do su labor promotora de atracción de
inversiones. Promovemos inversiones
en áreas o giros de negocio en los que el
Perú tiene claras ventajas comparativas
como la minería, pesca, agro, gas natural,
hidroenergía, turismo y servicios. En es-
tas y otras áreas tenemos vastos recursos
La inversión privada: una
herramienta paraeL desarrOLLOCOn inCLusión
naturales y oportunidades, agregándose
a ello el hecho de que las culturas que
nos precedieron nos han legado forta-
lezas que nos permiten convertirlas en
riqueza.
La promoción de las inversiones apro-
vecha estas ventajas comparativas, las
transforma en sostenibles ventajas com-
petitivas y luego en múltiples proyectos
que se hacen realidad.
Dentro de la permanente búsque-
da de mejora del clima de inversión,
cumplimos con promover la inversión
en infraestructura: carreteras, puertos,
aeropuertos, telecomunicaciones, líneas
de transmisión, entre otros. Para esto,
hemos mejorado permanentemente
nuestros procedimientos, haciéndolos
más transparentes, confiables, seguros
y predecibles; gozamos del respeto y la
confianza de los inversionistas.
Basamos nuestros procedimientos y
conducimos nuestros proyectos con prin-
cipios rectores simples, pero singulares,
y reconocemos muchas veces el mayor
Presentación
4 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 5
conocimiento de los inversionistas en
cada actividad. Por eso llevamos adelante
nuestros procesos con pliegos abiertos,
con el fin de recibir de los participantes
comentarios, sugerencias u observaciones
que, cautelando los intereses del Estado,
muchas veces se aceptan. Por eso también
nuestros procesos son en su mayoría con-
cursos de proyectos integrales, de manera
que aceptamos las incorporaciones tec-
nológicas que abaratan obras y mejoran
rendimientos que conllevan a menores
tarifas o menores aportes del Estado.
Esta gran generación de valor público
recibió el año 2011 una singular mención
a su excelencia que llega desde fuera
de nuestras fronteras, el premio a la
Excelencia en Promoción de Inversiones
en Infraestructura, de la Conferencia de
las Naciones Unidas para el Comercio y
Desarrollo (UNCTAD).
Para recoger esta filosofía y trans-
mitir la experiencia de estos primeros
20 años hemos elaborado ProInversión
1991-2011: Apuntes para una historia,
una iniciativa que tiene como objetivo
contribuir a difundir el trabajo que ha
desarrollado ProInversión desde su crea-
ción como COPRI hasta hoy.
A través del análisis y la descrip-
ción de algunos de estos procesos en el
tiempo, y mediante un estilo ágil, claro y
didáctico, trataremos de compartir con el
lector los logros y aportes en relación al
crecimiento económico, a la infraestruc-
tura y al desarrollo del país. Creemos que
es fundamental compartir hoy con todos
ustedes esta experiencia.
ProInversión 1991-2011: Apuntes para
una historia describe algunos de los pro-
cesos desarrollados por la institución en
aquellos sectores en los que se empezó a
contribuir con lo que es el Perú de hoy.
El lector interesado podrá conocer
cómo se fue desarrollando el marco legal
a favor de la inversión, sabrá que hay nor-
mas para la protección medio-ambiental,
viajará por la Carretera Interoceánica,
será testigo de cómo se expandieron los
servicios públicos como la telefonía móvil
o la electricidad, comprenderá por qué el
Perú es atractivo para los inversionistas
del mundo, entre otros temas. Y tendrá
una visión completa sobre la experiencia
de ProInversión en esos primeros años a
través de estos textos escritos en forma
sencilla y entretenida.
Esta publicación no hubiera sido posi-
ble sin la cooperación y colaboración del
Programa para las Naciones Unidas para
el Desarrollo, PNUD. Somos y hemos sido
aliados en varias oportunidades y hoy este
importante organismo internacional com-
parte nuestra idea de que es necesario que
ProInversión ponga a disposición de los
peruanos su experiencia y conocimiento.
Al PNUD, nuestro reconocimiento.
"A través del análisis y la des-cripción de algunos de nuestros procesos en el tiempo, y median-te un estilo ágil, claro y didáctico, trataremos de compartir con el lector nuestros logros y aportes en relación al crecimiento eco-nómico, a la infraestructura y al desarrollo del país."
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CONTACT CENTERS > Empresas donde teleoperadores especialmente capacitados brindan atención a clientes de otras empresas, transfieren llamadas o venden productos por vía telefónica. La esencia del proceso es una telenegociación entre el usuario telefónico y el teleoperador, que puede ser iniciada por el primero (llamadas in bound) o por el segundo (llamadas out bound).
GLOsariOPROINVERSIÓN > Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú. Es el organismo público ejecutor del sector Economía y Finanzas. Está dentro de sus funciones proponer y ejecutar la política de promoción de la inversión privada y promover la incorpo-ración de la inversión privada en servicios públicos y obras públicas de infraestructura, así como en activos, proyectos y empresas del Estado y demás actividades estatales, de acuerdo a la legislación sobre la materia. Se creó en abril de 2002 con la unión de la CO-PRI, CONITE (Comisión Nacional de Inversión y Tecnología Extranjera), la Gerencia Económica de PromPerú (agencia encargada de promover las exportaciones y el turismo interno y externo) y algunas funciones del Ministerio de Economía y Finanzas.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) > Es un instrumento de gestión ambiental del Sistema de Eva-
luación Ambiental (SEIA). Se trata de un proceso participativo técnico-administrativo, destinado a preve-
nir, minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos negativos que puedan
derivarse de las políticas, planes y proyectos de inversión. Asimismo, intensifica sus impactos positivos. La
certificación de la evaluación ambiental es un requisito obligatorio para todo proyecto de inversión.
COPRI > Comisión de Promoción de la Inver-sión Privada. Entidad estatal que se creó en setiembre de 1991 para llevar a cabo el proceso de venta de las empresas del Estado. Centralizó la toma de decisiones al respecto y fue el organismo rector máximo. Entre 1992 y 1996 realizó cerca de 110 ventas de empresas estatales, lo que generó ingresos al Estado por US$ 7.200 millones.
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP) > De acuerdo con la
legislación (D.S. 106-2011-EF), es la participación de la inversión
privada en la implementación de proyectos de infraestructura
pública o provisión de servicios públicos. Esto se realiza bajo las
diversas modalidades contractuales que permite la ley, como son
las concesiones, asociaciones en participación, contratos de geren-
cia, contratos de riesgo compartido, contratos de especialización,
joint ventures, entre otros.
LEY DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES
EXTRANJERAS > Decreto Legislativo N° 662. Esta norma declara de interés nacional la promoción de la inversión privada en un determinado sector. A partir de agosto de 1991, mediante decretos legisla-tivos, el Estado empezó a declarar leyes de promo-ción de inversiones en casi todos los sectores. Los primeros fueron el sector agropecuario, minero pesquero e hidrocarburos a través de sus respectivos Decretos Legislativos.
CLIMA DE INVERSIÓN > Es el conjunto de factores que configuran las condi-ciones, como las oportu-nidades e incentivos, para que las empresas realicen inversiones producti-vas, generen empleo y amplíen sus operacio-nes en un país. Por lo general, se mide a través de encuestas internacio-nales y se manifiesta por medio de indicadores globales del riesgo país. Este análisis se centra en las restricciones que limitan la inversión y en indicadores agregados del entorno institucional y político: Estado de Dere-cho, corrupción, apertura comercial, marco jurídico, desarrollo del sector financiero, entre otros.
LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO > Es el Decreto Legislativo N° 674 publicado el 27 de setiembre de 1991. Su primer artículo declaró de interés nacional la promoción de la inversión privada en el ámbito de las empresas que conformaban la actividad empresarial del Estado. Estas empresas, según los considerandos, no habían obteni-do resultados económicos y financieros satisfactorios e impedían la generación de los recursos destinados a mejorar sus sistemas productivos y administrativos.
CONCESIÓN > Acto administrativo por el cual el Estado otorga a personas jurídicas nacionales o extranjeras la ejecución y explotación de determinadas obras públi-cas de infraestructura o la prestación de determinados servicios públicos, por un plazo establecido. La concesión se forma-liza mediante la suscripción del contrato respectivo. No otorga un derecho real sobre los bienes; sin embargo, el contrato constituye título suficiente para que el concesionario haga valer los derechos que le otorga frente a terceros. La ejecución de la obra comprende su construcción, reparación y/o ampliación. La explotación de la obra o la prestación del servicio con-sidera la prestación del servicio básico y los servicios complementarios en la forma convenida; también el mantenimiento de la obra y la retribución de la inversión en obra y prestación del servicio, a través del cobro de tarifas, precios, peajes u otros pagos convenidos.
ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL (ACR) > Son zonas delimi-
tadas por los gobiernos regionales con el objetivo de conservar y
proteger sus recursos naturales y su diversidad biológica. Entre
ellas se encuentran: Cordillera Escalera (San Martín), Humedales
de Ventanilla (Lima), Albúfera de Medio Mundo (Lima), Comunal
Tamshiyacu Tahuayo (Loreto), Vilacota Maure (Tacna), Bahía de San
Fernando (Ica), Imira (Ucayali), Choquequirao (Cusco), Bosque de
Puya Raymondi-Titankayocc (Ayacucho), Ampiyacu Apayacu (Lo-
reto), Alto Nanay-Pintoyacu-Chambira (Loreto), Angostura Faical
(Tumbes), Bosque Huacrupe-La Calera (Lambayeque) y Bosque
Moyán- Palacio (Lambayeque).
8 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 9
No existen recetas para alcanzar el progreso, pero desde hace buen tiempo el Perú se ha convertido en un ejemplo de orden económico y visión de desarrollo. ¿Cómo es que un país al borde del abismo logró desarrollar una de las economías más dinámicas de la región? Esta es la historia de ese proceso y de las normas y decisiones que lo hicieron posible.
eL mOdeLO peruanO para COnstruir eLdesarrOLLO Y atraer a LOs
inversiOnistas
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1 8 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 1 9
La economía peruana creció 8,78% el año
2010, y este excelente indicador tiene la bon-
dad de parecerse a la marca de un campeón
de cien metros planos.
Si la carrera por el desarrollo es un mara-
tón, el Perú mantiene un ritmo sostenido y
competitivo desde 1999 y esto es síntoma de
la disciplina del país. Pero es en los últimos
años que ese desempeño económico ha des-
puntado hasta ser reconocido como uno de
los mejores de Latinoamérica. Esta realidad,
en términos económicos y políticos, tiene
un significado concreto: el Perú es un país sa-
ludable para las inversiones. Las inversiones
propician el crecimiento y el desarrollo. Las
exportaciones crecen al amparo de los trata-
dos de libre comercio que el país ha firmado
con economías mucho más grandes (Esta-
dos Unidos, por ejemplo), mientras que la
demanda interna llega a niveles nunca antes
vistos. Los ciudadanos compran propieda-
des. Las empresas se fortalecen. El país crece
en infraestructura. Se reduce la pobreza.
Las tres agencias calificadoras más
importantes del mundo (Moody’s, Investor,
Fitch Ratings y Standard & Poor’s)‒ conside-
ran que el Perú se encuentra entre los tres
mejores destinos para invertir en Latinoamé-
rica, junto con México y Chile, y por encima
de Colombia y Venezuela. Los números le
sonríen al país lo mismo que los pronósticos
sobre el futuro de su economía. Las inver-
siones entre el 2011 y el 2013 sumarán unos
US$ 38 mil millones, según calcula el Banco
Central de Reserva. Es casi la cuarta parte del
PBI actual. Esto significa más trabajo, más
producción, más comercio.
El Fondo Monetario Internacional dice
que este pujante país (del que antes sólo se
difundían malas noticias sobre terrorismo,
hiperinflación y desempleo) será la econo-
mía latinoamericana que más crecerá por lo
menos hasta el 2015. Leer estos pronósticos
es parte de la vida cotidiana de una nación
que, en el nuevo mileno, tiene las metas
claras. El Estado peruano es una suerte de
regulador y promotor de las inversiones pri-
vadas, nacionales o extranjeras y alienta a los
grandes capitales a instalarse en el país.
Hasta hace poco más de dos décadas, sin
embargo, el Perú era un destino dudoso para
los capitales, un país castigado por la hiper-
inflación y los conflictos sociales, mientras su
aparato estatal dominaba toda la actividad
económica del país.
Aquel Estado estaba enfermo. Poseía
223 empresas, y 73 de ellas estaban que-
bradas. Casi siempre brindaban un mal
servicio (sólo hay que recordar los varios
años que podía tardar en ser atendida
una solicitud de línea telefónica). Lejos de
generar ganancias y beneficios, ese modelo
económico que sobrevivía desde hacía
varias décadas estaba llevando el país al
abismo. Además de monopolizar los sec-
tores estratégicos como la electricidad, los
hidrocarburos y las telecomunicaciones, el
Estado poseía más de la mitad del sistema
bancario y participaba en buena parte de
la producción minera, pesquera, turística y
en la comercialización de alimentos1.
Fue en esos años álgidos cuando desde
distintos sectores del país se comenzó a ha-
blar de la necesidad de fomentar la inversión
privada y de realizar un cambio profundo en
la economía del país. El Perú tenía el poten-
cial para ser un lugar moderno y atractivo,
pero le faltaba un modelo de organización
y un conjunto de normas para ordenar su
desarrollo.
Las empresas estataLes¿Cómo había llegado el Estado a ser el gran
protagonista de la economía? Hay que
remontarse primero a los años sesenta,
durante el primer gobierno de Fernando
Belaunde. El Estado administraba unas
cuarenta empresas dentro de un modelo
político aceptado y practicado por esos años
en gran parte de América Latina y Europa.
Sin embargo, en aquella época, la constitu-
ción vigente desde 1933 no proporcionaba
aÑOs de inversiO-nes en 4 pasOs
1.Entre 1990 y 1991 el Esta-
do realizó el saneamiento
financiero de las empresas
públicas y reestructuró muchas
de ellas.
2.Entre 1992 y 1996 el
proceso de privatización
alcanzó un gran dinamismo y en
este período se efectuaron las
más importantes transacciones.
3.Entre 1997 y 2001 dismi-
nuye la venta de las em-
presas y empieza el proceso de
otorgamiento de concesiones.
4.A partir de 2002 el impul-
so a las inversión privada
se realiza a través de ProInver-
sión, entidad que desarrolla una
visión integral y creativa de los
procesos.
20 2 nOrmas FundamentaLesEl Decreto Legislativo 674, de fines de setiembre de 1991, creó la entidad (COPRI) encargada de transferir las empresas públicas al sector privado. Antes de esa decisión, el Estado había dado dos pasos importantes: -El Decreto Supremo N° 041-91-EF,
de marzo de 1991, que dispuso la pri-vatización de 23 empresas públicas. -Posteriormente, en setiembre de ese mismo año, el Decreto Legislati-vo N° 662 estableció que, en adelan-te, la inversión extranjera tendría el mismo trato que la inversión nacional y que podría participar en todos los sectores económicos del país.
un marco legal claro sobre los procedimien-
tos operativos de las entidades públicas. De
modo que el Estado podía crecer aún más si
así lo decidían los gobiernos de turno.
Durante el gobierno de las Fuerzas Ar-
madas se implementó un conjunto de me-
didas que propiciaban la intervención del
Estado en todos los sectores de la economía
considerados estratégicos, los que hasta ese
entonces estaban en manos de entidades
privadas. A diferencia de otros gobiernos
militares en la región, como en Argentina y
Chile (que convivieron con los capitales pri-
vados), el gobierno peruano aplicó políticas
estatistas extremas.
La expropiación de la International Pe-
troleum Company (IPC) marcó el inicio de
una serie de estatizaciones emblemáticas
con énfasis en el sector petrolero, minero,
agrario y de telecomunicaciones. Algunas
compañías que atravesaban dificultades
económicas también pasaban a la admi-
nistración pública. Por ejemplo, al quebrar
el Banco Popular todos sus activos pasaron
al Estado; entre ellos, una empresa textil,
un periódico y el cine Colón. ¿Necesitaba
el Estado un cine? La respuesta es obvia.
A ese crecimiento desordenado de la
presencia estatal, se le sumó la expansión
de las compañías que ya eran públicas. Así
nacieron, por ejemplo, Mineroperú (refi-
nería y exportación de metales), Siderperú
(aceros) y Electroperú (energía eléctrica).
Sólo entre 1970 y 1977, las empresas es-
tatales aumentaron a razón de 15 por cada
año hasta sumar 1742. La administración
de estas compañías no siempre daba resul-
tados positivos; la injerencia política en la
toma de decisiones gerenciales obligó a las
empresas a vender por debajo de sus costos
y hubo que recurrir a los subsidios para
mantenerlas con vida; al final generaban
grandes pérdidas. En medio de ese modelo
de desarrollo, la autonomía gerencial de las
compañías y los objetivos de crecimiento
eran imposibles.
1. Silva-Ruete, Javier. Política económica Para Países emer-
gentes. Santillana. Lima 2008, pág. 99
2. Arias, Luis. Cuba, Elmer. Salazar, Raúl. la sostenibi-
lidad de la Política fiscal en el Perú: 1970-2005. Banco
Interamericano de Desarrollo, Red de Centros de Inves-
tigación, Documento de Trabajo R-316. 2005. Pág. 13
3. Entre ellas, Empresa Nacional de Tabaco, Empresa
del Alcohol, Papelera Peruana, Solgas, Compañía
Minera Condestable, Ampollas Farmacéuticas, Tiendas
Afiliadas.
4. Pronalsa, Aceros del Sur, Deshidratadora de Alimen-
tos de Arequipa, entre otras empresas.
5. Flopesa, Conaa, Mishky, Electro Norte Este, Mesa,
Lascarbón, Sedajunín, Sedapuno, Prolacsur.
extranjera y nacional. El Gobierno anunció
por esos años la venta de 80 empresas. Poco
tiempo después, la Corporación Financiera
de Desarrollo (COFIDE) propuso vender
otras 46 compañías de menor importancia3
que contribuían al déficit estatal. Al final, sin
embargo, sólo se concretaron unas cuantas
liquidaciones: una cadena de supermerca-
dos, una fábrica de tractores y herramientas
y una planta congeladora y conservera de
pescado. Así, el ímpetu privatizador pasó a
un segundo plano y bajó a un nivel ministe-
rial. Tampoco hubo consenso en el Gobierno
sobre si la privatización era el camino ade-
cuado, mientras que la sensibilidad popular
sobre el tema era siempre muy crítica.
El primer gobierno del APRA anunció un
plan de privatizaciones en 1986. Se planifica-
ba vender entre 30 y 40 empresas pequeñas,
con el objetivo de reunir unos US$ 400
millones en los siguientes dos años. Eran los
días más duros del terrorismo, y el Perú tenía
la imagen de un país en guerra civil. ¿Qué se
logró vender? Tan solo reducidos paquetes
de acciones de empresas pequeñas4. Este
segundo intento de privatización también
fracasó acaso debido a las pocas expectativas
de ganancia que tenían los compradores y
a la reticencia del Estado de hacerse cargo
del complejo proceso de la privatización y al
adverso clima para las inversiones.
En esos años, por el contrario, la
presencia del Estado en la economía
creció aún más: además de un intento
de estatizar la banca, se nacionalizó la
compañía petrolera Belco y se crearon
nueve empresas adicionales5. En el mundo,
mientras tanto, ya circulaba el ejemplo de
Gran Bretaña, que había logrado una eficaz
ola de privatizaciones, e inspiraba a otros
países a hacer lo mismo.
un CamBiO de mentaLidad¿Qué alternativas se podía plantear el Perú
para superar su crisis? En un contexto
de dificultades políticas y económicas
generalizadas en Latinoamérica, el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Interamericano de Desarrollo
expusieron en 1989 una serie de propuestas
para empezar a resolver los problemas. Las
más importantes eran dos:
haCia La reduCCión deL estadOLa Constitución de 1979 reasignó al
Estado la función que tuvo antes de 1968:
servir estrictamente de complemento a la
empresa privada, antes que reemplazarla o
confrontarla.
Fernando Belaunde, durante su segundo
mandato, intentó reducir el número de
empresas estatales y estimular la inversión
2 0 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 2 1
> privatizar las empresas estatales
> suprimir las normas que impedían y dificul-
taban la inversión extranjera
Ya en 1990, con el gobierno de Alberto
Fujimori, se decidió aplicar estas reco-
mendaciones. Así comenzó un largo pro-
ceso de reestructuración de la economía
nacional y de la presencia del Estado en
ella. Para eso, fue imprescindible construir
un marco legal adecuado que sustentara
ese proceso de reformas. El Perú debía
convertirse en un país atractivo y seguro
para la inversión.
primeras nOrmasEn 1991 se promulgaron las primeras
normas para establecer un marco legal
adecuado e incentivar la inversión privada.
Entre ellas, las siguientes:
> El Decreto Legislativo N° 662 otorgaba un ré-
gimen de estabilidad jurídica a las inversiones
extranjeras mediante el reconocimiento de
ciertas garantías. Se publicó el 02 de setiembre
de 1991.
> La Ley de Promoción de la Inversión Privada
en Empresas del Estado (Decreto Legislativo N°
674, publicado el 27 de setiembre de 1991). Esta
norma creó la Comisión de Promoción de la In-
versión Privada (COPRI), organismo encargado
de llevar los procesos de privatización a un
nivel profesional y que es el lejano antecedente
de ProInversión.
> El Decreto Legislativo N° 757, que aprueba la
Ley Marco para el crecimiento de la Inversión
Privada; publicado el 13 de noviembre de 1991.
Carlos Montoya, un renombrado doc-
tor en economía y consultor de empre-
sas, fue el primer director ejecutivo de
COPRI. El objetivo inicial era concreto:
privatizar las empresas públicas para
contribuir con la reducción del déficit
fiscal, la hiperinflación, el exceso de
burocracia y fomentar el incremento de
la productividad.
COPRI trabajó activamente en la
reestructuración de algunas empresas
estatales para hacerlas más atractivas
para los compradores potenciales.
Nadie querría invertir en una compañía
quebrada. En Siderperú, por ejemplo, se
entrenó a los hijos de los trabajadores
más antiguos y se efectuó un programa
de retiro voluntario. Bajo estas condicio-
nes, la empresa ya era atractiva para el
sector privado.
En los siguientes años el Estado promul-
gó otras normas para facilitar el proceso de
privatización y la llegada de inversionistas.
> El artículo 2 del Decreto Ley 25570 de junio
de 1992 otorgaba seguridades y garantías
para proteger las adquisiciones e inversio-
nes sin limitación alguna. Este artículo fue
sustituido por el artículo 6 de la Ley 26438 de
enero de 1995.
> El Decreto Ley 25604 determinó la intangibili-
dad de los activos de propiedad de las empresas
que conformaban las actividades empresariales
del Estado, que hubieran sido declaradas en
liquidación o comprendidas formalmente en el
proceso de privatización.
> El Decreto Ley 25681 estableció plazos deter-
minados para el pago del Impuesto a la Renta y
del Impuesto General a las Ventas por parte de
las empresas del Estado.
Esta nueva orientación se consolidó
con la Constitución Política de 1993, que
alentaba expresamente las inversiones
privadas. En adelante, se normaron algu-
nos aspectos fundamentales que fueron
dándole una forma más definida al marco
legal de un país que trataba de abrirse a las
oportunidades. De esta manera:
> Se decidió promover la libre iniciativa privada
y la libre competencia
>Se garantizó el trato igualitario para los inver-
sionistas nacionales y extranjeros
>Se abrió la posibilidad de suscribir Convenios
de Estabilidad entre los inversionistas privados
y el Estado
centraría su atención en tareas propias de
su función: salud, educación, seguridad.
En ese contexto, se empieza a impulsar
y promover las concesiones, a través del
Decreto Supremo 059-96-PCM que aprueba
el Texto Único Ordenado de las Normas con
rango de ley que regula la entrega en Conce-
sión al sector privado de las obras públicas
de infraestructura y de servicios públicos
y su Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo 060>96>PCM.
prOinversiónCon un marco legal adecuado, ProInversión
nació en el año 2002 fruto de la suma de
varias dependencias: COPRI; PROMCEPRI,
que promovía las concesiones de empresas
de proyectos de infraestructura y servicios
públicos desde 1997; la Comisión Nacio-
nal de Inversión y Tecnología (CONITE) y
la Gerencia de Promoción Económica de
PromPerú. De este modo, se reunió toda la
experiencia ganada en los años anteriores en
una sola organización, y desde entonces se
ha seguido alentando las inversiones en to-
dos los sectores productivos, en infraestruc-
tura y servicios públicos del país. Como parte
de su trabajo, ProInversión también alienta el
perfeccionamiento y la continua actualiza-
ción de las normas. En algunos casos, para
proyectos novedosos como la promoción de
la inversión privada en plantas de desaliniza-
ción, se ha creado el marco legal adecuado.
Durante el año 2005, grandes obras como
la carretera IIRSA Norte y la Interoceánica
Sur, se han hecho realidad gracias a los
procesos de concesión. Décadas atrás esto
hubiera sido impensable, pero el marco legal
vigente lo permite y promueve.
Durante la última década, el marco legal
construido para alentar la inversión privada
en el país ha evolucionado hacia un esquema
que promueve las operaciones descentraliza-
das a todo nivel.
¿Podían los gobiernos locales adoptar
políticas de aliento a la inversión privada?
¿Podían entregar sus proyectos en concesión
6. Ley N° 27783
7. Ley N° 27867
8. Ley N° 27972
9. Ley Nº 28059 y su reglamento: Decreto Supremo
N° 015-2004-PCM
CreCimientO Y pOLÍtiCas de LiBre merCadOAntes de los años noventa, el país sólo había experimentado en dos períodos un crecimiento promedio de 6% anual.-Entre 1895 y 1930, gracias al auge del sector exportador.
-Entre 1948 y 1967, por el mismo motivo. Estos periodos de crecimiento coincidieron con la aplicación de políticas que impulsaron una eco-nomía de libre mercado.
>Se permitió a las empresas recurrir al arbitraje
nacional o internacional para solucionar poten-
ciales controversias con el Estado.
A estos avances se añadieron otras nor-
mas de promoción en sectores específicos de
la economía: telecomunicaciones, minería,
agropecuaria, pesca, electricidad, entre otros.
Este paquete normativo permitió importan-
tes resultados.
Por ejemplo, hasta el año 2006 se efectua-
ron 242 privatizaciones. Hay que aclarar que
varias empresas fueron fraccionadas y ven-
didas, bajo esa nueva estructura, a diferentes
compradores.
En esa primera etapa de promoción de
inversiones, el caso emblemático por su im-
portancia económica y social, y por el empu-
je que le dio a la nueva imagen del país‒ fue la
venta, en 1994, de las empresas públicas de
telecomunicaciones del Estado: ENTEL Perú
y Compañía Peruana de Teléfonos.
Telefónica Internacional de España
pagó por esos activos US$ 2.004 millones,
una cantidad sin precedentes para una
transacción en la historia empresarial del
país. «Cuando se escribió dicha cantidad
en una pizarra, ésta quedó chica ante tan-
tos ceros», recuerda Carlos Montoya, ex
presidente de COPRI. «Esa pizarra quedó
como recuerdo durante mucho tiempo
en homenaje de la venta más exitosa».
El segundo postor sólo había ofrecido
US$ 800 millones por aquellas compa-
ñías. Esa apuesta debía leerse como una
señal de que el país empezaba a ofrecer
la confianza que requerían los grandes
inversionistas.
Con el correr de los años, el Estado
fue liberándose de las empresas que no
supo administrar en el pasado, y asumió
un papel más neutral en la economía:
una suerte de árbitro regulador (sobre
todo cuando se crearon los organismos
reguladores de los servicios públicos) y
supervisor de las inversiones en minería,
industria, hidrocarburos, agroindustria,
infraestructura, entre otros. El Estado
de manera directa? Si en un principio fue
el gobierno nacional el que condujo al país
hacia el nuevo modelo de desarrollo econó-
mico, a partir del nuevo milenio las muni-
cipalidades y gobiernos regionales pueden
ejecutar directamente sus propios proyectos.
La Ley de Bases de la Descentralización6 , la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales7 y la
Ley Orgánica de Municipalidades8 dieron a
los gobiernos regionales y locales una mayor
eficiencia administrativa. Luego, la Ley Mar-
co de Promoción de la Inversión Descentrali-
zada9 sentó las bases para que los gobiernos
regionales y locales actuaran directamente
para atraer la inversión privada.
El siguiente paso fue que los gobiernos
regionales y locales crearon sus propias
Agencias de Fomento de Inversión Privada.
Por su parte, el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo han emitido normas que incen-
tivan las inversiones descentralizadas. Es
importante el D.L. N° 973, del año 2007, que
establece el régimen especial de devolución
del IGV sobre importaciones y/o adqui-
sición de bienes, servicios y contratos de
construcción realizados en la etapa preope-
rativa de un proyecto.
Hay algunas normas específicas que
han logrado motivar a las grandes empre-
sas haciéndolas partícipes del progreso
local. La Ley Nº 29230, del año 2008,
impulsa la inversión pública regional y
local con participación del sector privado
incentivando el financiamiento de obras
públicas a cuenta de impuestos. Es decir,
si una empresa construye una pista de
uso público en una localidad, el monto
que gastó en la obra será descontado del
Impuesto a la Renta que debía pagar (has-
ta un tope del 50% del mismo). Gracias
a esta norma se han ejecutado hasta el
momento siete obras importantes, tres
están en proceso y existen 675 proyectos
identificados a nivel nacional.
¿Pueden las empresas privadas y el
Estado ser socios en determinadas obras
o proyectos? ¿Por qué no? Si los gobiernos
(nacional, regionales o locales) lo desean, no
hay traba que lo impida. El Decreto Legisla-
tivo 1012, de 2008, propicia las asociaciones
público privadas. Así, se pueden fusionar
conocimientos, tecnología y capitales con
miras a nueva infraestructura pública o a la
mejora de los servicios.
En estas dos décadas de trabajo, el
Estado ha emitido unas 45 normas prin-
cipales. Estas configuran un cuerpo legal
que facilita eficientemente la realización
de los grandes proyectos. El país ha salido
de la crisis, los inversionistas miran al
Perú con interés y cada vez más ciudada-
nos empiezan a disfrutar de un bienestar
largamente esperado.
I N V E R S I O N E S - 2 3
2 4 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 2 5
[o el boom de los contact centers]
El Perú es ahora una potencia regional en la industria de atención al cliente vía telefónica. Por lo menos 40 mil jóvenes trabajan
comunicándose con usuarios de todo el mundo, y forman parte de los beneficiarios de un sector que despuntó gracias a una norma que el
Estado emitió en 2006. Ésta es la historia de ese éxito.
histOriasteLÉFOnOdetrÁs de un
I N V E R S I O N E S - 2 7
acía ocho meses que Giovanni
Malagreca había perdido el tra-
bajo. Durante ese tiempo buscó
un nuevo empleo pero no tuvo éxito. Él,
un joven extrovertido de 27 años, recuer-
da que se había vuelto irritable y solía
aislarse en su habitación para recordar su
antiguo empleo como jefe de almacén en
una empresa automotriz. Un día, durante
una fiesta, un primo suyo le contó que
trabajaba en un contact center (centro
de contacto), una compañía que brinda
atención a los clientes de otras empresas,
transfiere llamadas y vende productos
vía telefónica. Giovanni nunca había escu-
chado de ese tipo de empleos.
Entonces no sabía que en el Perú se
vivía un boom de ese tipo de servicios y
que desde aquí se gestionaban llamadas
a países como España, Chile, Estados
Unidos, Ecuador y México.
Su primo añadió un detalle clave:
para trabajar en un contact center no
necesitaba experiencia previa; sólo debía
demostrar buen trato por teléfono. Al
día siguiente, Giovanni se presentó en
las oficinas de Tellus, una transnacional
brasileña de contact center que tiene cua-
trocientos trabajadores. Lo entrevistaron.
Pasó las pruebas.
Giovanni es menudo y parece un estu-
diante de vestir esmerado.
Tras una capacitación de dos semanas,
donde aprendió todo sobre los planes
promocionales de una empresa de telefo-
nía en Ecuador, una mañana de diciembre
de 2009 levantó el teléfono por primera
vez desde su nuevo puesto de trabajo. «Me
sentí valorado por mis cualidades», dice
ahora Giovanni, durante un descanso del
trabajo en las oficinas que esa empresa
tiene en el distrito de Lince. El salón
donde él trabaja tiene los techos altos
y está repleto de cabinas de atención,
donde sus compañeros siguen hablando
por teléfono.
Ahora Giovanni es un experto en las
manías de los usuarios de telefonía en
Ecuador. Son especialmente curiosos,
dice, les gusta resolver todas sus dudas.
Giovanni ahora fija su atención por un
momento como si hubiera reconocido
a alguien entre sus compañeros. «Ah, es
ella», se ríe. Se trata de una joven llamada
Shirley Ann Rose, a quien conoció en este
trabajo dos meses después de ingresar,
y que ahora es su pareja. Ambos fueron
ascendidos por su buen desempeño.
Giovanni ya no atiende más llamadas y
ahora es asistente de supervisión, un car-
go al que llegó en tiempo récord. Shirley
ascendió al área de control de calidad. Sus
sueldos aumentaron. Ahora tienen planes
de boda.
***
Desciré Castro es una muchacha de 21
años, de piel canela y sonrisa amable que
se desenvuelve con soltura en cualquier
situación. Dice que se siente feliz de ser
teleoperadora y no sólo porque es el tra-
bajo al que se dedica sino porque estudió
este oficio en un instituto.
Primeras lecciones de telemarketing: a
mediados de los años setenta las empre-
sas aéreas estadounidenses ya vendían
sus servicios vía telefónica; la competen-
cia era ardua: estas compañías conside-
raban que las llamadas no atendidas eran
oportunidades perdidas y regaladas a sus
adversarios. El deseo de intensificar la
atención y de estrechar el contacto con
los consumidores fue el punto inicial
para que las compañías norteamericanas
desarrollaran equipos y software para
la atención telefónica. El siguiente paso
–recuerda Desciré– fue la instalación de
empresas especializadas en brindar ese
servicio de contacto telefónico a las com-
pañías que lo requiriesen.
Los contact center seleccionan a un
grupo de teleoperadores y les asignan la
atención de una empresa (venta de bole-
tos aéreos) o los capacitan para brindar
un determinado servicio (solución de
problemas en servicios telefónicos, de
internet, recepción de quejas). Desciré
siempre fue una alumna aplicada de su
instituto y estudió con una media beca
gracias a su rendimiento.
Un día, siendo estudiante de cole-
gio, vio a un mar de jóvenes contentos
saliendo de una empresa de contact
center y, casi de inmediato, supo que ella
también tenía las cualidades para ser una
eficiente teleoperadora. Ella sabía que el
Perú era una potencia regional en este
tipo de servicios.
Las primeras empresas se instalaron en
1997, atraídas por seis ventajas que ofrecía
el Perú:
1) un marco legal estable y abierto a las
inversiones extranjeras; trato no discrimi-
natorio al capital extranjero, convenios de
estabilidad jurídica y para evitar la doble
tributación, entre otros.
2) calidad, proactividad y trato amable del
personal peruano;
3) tono de voz neutral, sin acentos notorios o
dejos, a diferencia de la voz chilena o argen-
tina; el peruano se comunica de una forma
rápida, fluida, clara y cordial, lo cual influye
en el rendimiento de llamadas por hora;
4) disponibilidad de recursos tecnológicos
en comunicaciones;
5) menores costos inmobiliarios.
6) mano de obra a precio competitivo.
Las empresas fueron instalándose a
un ritmo pausado. Pero es en el año 2006
cuando el boom de los contact center se
dispara. Tanto ProInversión como Prom-
Perú habían identificado que éste podría
ser un importante nicho de mercado y que
podía acelerarse su crecimiento. Después
de que los técnicos estudiaran los detalles
y las posibilidades del sector, el Estado
emitió el Decreto Supremo N° 025-2006-
EF. Esta norma exoneraba del Impuesto
General a las Ventas (IGV) a la exportación
de servicios de Centros de Contacto. Es
decir, si un contact center realizaba una
llamada a Estados Unidos, esa comunica-
ción no pagaría el IGV. El Perú era un país
atractivo y competitivo.
El crecimiento propiciado por esa
norma ha sido inmenso. El movimiento
económico del sector se multiplicó por
317 veces. De facturar sólo US$ 345 mil en
2005, este rubro llegó a los US$ 110 millo-
nes en 20101. De 4 empresas que había en
2005, ahora hay 35. Diecisiete de ellas son
de España, Argentina, Colombia, Chile,
1. Comisión de Promoción del Perú para la Exportación
y el Turismo-Promperú. Perú: centros de contacto 2011.
Lima, diciembre 2010.
2 8 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 2 9
Estados Unidos, India y Francia, llegaron
al país gracias al apoyo de ProInversión
y generaron más de 25 mil puestos de
trabajo directos. Ahora hay más de 40 mil
personas trabajando en esas compañías.
En 2005 sólo sumaban 7 mil.
La joven Desciré postuló a Atento, el
contact center más grande del país, con
cinco mil trabajadores. Pasó la prueba.
La llamaron para trabajar. Su primera
asignación fue vender planes de teléfonos
móviles para usuarios en Chile. «Si un
cliente pre pago hacía muchas recargas, le
ofrecíamos un plan de pago fijo mensual
a menor costo y mensajes de texto gratis»,
recuerda Desciré con entusiasmo.
Con los ingresos de su empleo, ella
estudió inglés en una universidad privada.
Un día se le acercó una supervisora y le
comentó que había un nuevo proyecto y
que le interesaba que ella formara parte
del equipo. Su índice de ventas registradas
era uno de los mejores. Hubo una prueba
y la superó. El nuevo proyecto se trataba
de la Atención Personal Virtual (APV), el
sistema que se adelanta a lo que será el
futuro de los contact center. Si hasta ahora
los teleoperadores son sólo voces a través
del teléfono, en el futuro los podremos ver.
Es más, esto ya existe.
La empresa instala un módulo con
cámara web, escáner e impresora, en un
lugar público como un centro comercial.
Los clientes pueden acceder a él para
realizar sus comunicaciones. El trato es
más amable, porque ambos (cliente y
teleoperador) se pueden ver. Los primeros
terminales los puso Rímac Seguros. Los
clientes recibían atención a sus consultas
e imprimían los documentos solicitados.
Hoy Desciré trabaja con los módulos que
el Poder Judicial ha colocado en el Mega
Plaza del distrito de Independencia, en
Lima Norte, y en el centro comercial Plaza
Lima Sur del distrito limeño de Chorrillos.
Un usuario se comunica, solicita, por
ejemplo, un certificado de antecedentes
penales y este documento se le entrega
impreso en tres minutos.
Desciré, que ha ascendido en su trabajo,
ahora paga sus estudios de Administración
en una universidad que tiene un convenio
por qué trabaja como teleoperador si
tiene una profesión distinta.
«Cuando entré a trabajar, pensé que
sólo sería temporal, un paréntesis para
obtener dinero con qué pagar mi grado
de bachiller», dice Roberto. Ahora él
está convencido que sus estudios le dan
mayores posibilidades en la empresa
para acceder a mejores puestos. Por
ejemplo: analista, supervisor o gerente
administrativo. Su enamorada tam-
bién trabaja en la misma empresa: otro
motivo para seguir trabajando aquí. Se
conocieron durante las actividades que
realizan cuando se «desconectan», es
decir, cuando dejan de responder llama-
das y salen de la cabina. Algunos hacen
deporte, otros conversan en los parques
y otros hasta participan de las celebra-
ciones de cumpleaños que la empresa
fomenta. En esta compañía de cinco mil
trabajadores, casi siempre hay alguien
de cumpleaños y está rodeado de globos
y de compañeros. «Como la mayoría
son jóvenes, las actividades sociales son
importantes para ellos», dice Renzo Ibá-
ñez, Jefe de Comunicación e Imagen de
Atento. Roberto conoció a su enamorada
en una de esas actividades.
***
–Señorita, mi chancho se ha tragado mi
celular. ¿Qué debo hacer?
Para entender bien la situación, hay
que imaginar a una mujer diciendo esta
frase a través del teléfono. En quechua.
Sí, la cliente de una compañía estaba
quejándose ante una teleoperadora
porque su animal se había comido el
teléfono celular. ¿Qué debía hacer?
A inicios de 2008 las personas cuyo
idioma es el quechua o el aymara no
tenían posibilidades de recibir «atención
al cliente» a pesar que podían contar
con teléfonos móviles o internet. Una
empresa de telefonía identificó que este
problema era cada vez más creciente y,
a partir de ese año, se hizo de un equipo
de quince teleoperadores quechuaha-
blantes. Nancy Ayala, una mujer sencilla
de cincuenta años, es una de esas pro-
fesionales. «Mi trabajo me enorgullece,
porque ayudo a muchas personas que,
como nosotros, también tienen necesi-
dades de comunicación», dice mientras
empieza a recordar algunas anécdotas
de su trabajo.
Al inicio, las consultas que recibía eran
jocosas. Que mi celular se lo tragó un
animal, que un fantasma me está robando
el saldo. «Al atender no sólo traduzco,
también interpreto», dice Nancy. «Hay
clientes que no saben qué es un asterisco
y les explico que busquen la figura que se
parece a una estrella». Gracias a este ser-
vicio, todo un mundo de posibilidades se
ha abierto en las comunidades rurales del
país. Otra anécdota: Un cliente de Apurí-
mac hacía unas 20 consultas al día sobre
el uso de su celular. Le gustaba mucho ese
aparato y hasta lo bautizó en una ceremo-
nia que terminó en gran fiesta. Hoy ese
cliente sabe tanto de celulares que brinda
recargas virtuales en su pueblo. Nancy lo
recuerda y sonríe mucho. Las historias
son graciosas. Pero tienen un trasfondo
serio: un país que se comunica, también
se desarrolla.
con su empresa. Los sábados sigue estu-
diando inglés. Algunos compañeros de su
oficina dicen que es un gran partido.
***
El teleoperador Roberto Joyo se
levanta a las seis de la mañana y hace
tres conexiones de transporte para llegar
a su trabajo. Él vive en San Juan de Mira-
flores y su oficina está en Santa Anita. La
empresa donde trabaja se llama Atento
y su local es tan grande que podría con-
fundirse con un campus universitario.
Tiene un campo deportivo, un comedor,
varios parques y muchos pabellones
repletos de salones. Hay jóvenes cami-
nando por los pasajes como quienes se
dirigen a su siguiente clase. Otros están
sentados bajo la sombra de los árboles
mientras se toman un descanso. Roberto
es uno de ellos. Tiene 24 años y cada
día transfiere entre 180 y 200 llamadas a
diferentes países del mundo. Domina el
inglés y es periodista. Algunos ex com-
pañeros de universidad se preguntan
eL neGOCiO en CiFras
El sector de Centros de Contacto en el Perú
facturó en 2010 cerca de US$ 110 millones. Para
el 2011 se esperaba un incremento del 29%
respecto a ese periodo.
Desde aquí se atienden a clientes de España
(54%), Chile (30%) Estados Unidos (5%), Ecuador
(5%), México (4%), Argentina (1%) y a otros países
europeos y africanos, a través del idioma inglés.
La demanda de servicios es ascendente. La ofer-
ta peruana, atractiva por diversos motivos, entre
ellos los beneficios tributarios, le está ganando
mercado a países vecinos como Chile y Argentina
de desarrollo importante en contact center.
inversión COnrespOn-saBiLidad
PM
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[nOrmas de prOteCCión mediOamBientaL]
3 2 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 3 3
os criterios sobre los cuales se
sustenta la protección ambiental
se relacionan con la contribución
al desarrollo sostenible que efectúa la inver-
sión privada. Al promover la inversión res-
ponsable y amigable con el medio ambiente
los beneficios obtenibles se amplían, se
reduce el riesgo y se facilita la continuidad
y permanencia del proceso de inversión.
Todo proceso de promoción de inversiones,
tanto público como privado debe cumplir
desde el inicio con el contenido mínimo
de una «Evaluación preliminar del impacto
ambiental» y, de ser el caso, el Plan de Miti-
gación Social y Ambiental. La ley señala que
antes de realizar obras la autoridad sectorial
correspondiente debe certificar la evalua-
ción ambiental que le concierne al proyecto
específico.
***
La Dirección de Promoción de Inversio-
nes de ProInversión elabora las cláusulas
ambientales de los contratos de concesión,
en cumplimiento con los dispositivos
ambientales. Para ello, toma en cuenta la
experiencia en el diseño de los proyectos
de inversión y los requerimientos de los
sectores correspondientes, los que deberán
posteriormente otorgar las autorizaciones
pertinentes. Esta tarea se cumple bajo la
consideración que los estudios de ingenie-
ría (desde la fase inicial), perfil, pasando
por las etapas de factibilidad y el estudio
definitivo, incorporen los componentes de
los impactos sobre el medio ambiente. Esto
involucra la evaluación de costos de imple-
mentación de los siguientes aspectos:
> Mitigación de los impactos vinculados al
estudio de ingeniería.
> Programas de afectación predial y gestión
socio ambiental.
> Consulta ciudadana.
> Conservación arqueológica
Los resultados de la Evaluación Am-
biental pueden facilitar la incorporación de
modificaciones en la ejecución del proyecto
y la adopción de tecnologías más concor-
dantes con el ambiente con el fin de dismi-
nuir las consecuencias negativas y de que se
puedan administrar acciones mitigadoras y
correctivas que garanticen el éxito futuro y
sostenible del proyecto. Todo ello se efectúa
considerando el respeto por los recursos
naturales, la cultura y la actividad de los
pueblos influidos directa o indirectamente
por las actividades de inversión.
Con la guía del Sistema de Evaluación
Ambiental (SEIA), los proyectos de inversión
han incorporado los aportes de las Direc-
ciones Socio Ambientales de los diferentes
sectores, de acuerdo al tipo de proyecto. Se
coordina con ellas los Términos de Referen-
cia para los Estudios de Impacto Ambiental
y, en tanto las autoridades ambientales,
buscan la certificación correspondiente de
acuerdo al nivel de estudio exigible, de ser el
caso, en el contrato y previamente estableci-
da por el sector concedente.
En algunos procesos también se consi-
deran las salvaguardas de los organismos
multilaterales. Esto ocurre cuando el
proyecto se efectúa con financiamiento
de aquellas fuentes, como fue el caso de la
carretera IIRSA Norte, premiado interna-
cionalmente, que cumplía con cabalidad
las pautas de la enmienda Pelosi, promul-
gada por el congreso de Estados Unidos de
América. Este instrumento se refiere a la
aprobación de un estudio sobre el impacto
ambiental de un proyecto como condición
para autorizar el financiamiento de una
entidad vinculada al gobierno de ese país.
***
Luego de la creación del Ministerio del
Ambiente, el marco legal ambiental en el
Perú se ha perfeccionado y se continúa tra-
bajando de la misma manera que cuando
existía el Consejo Nacional del Ambiente
(CONAM). Es decir, se contribuye a la
formulación y exigencia de normas ambien-
tales. Un ejemplo: los Límites Máximos Per-
misibles, especialmente para los proyectos
de plantas de tratamiento de aguas residua-
les que ProInversión ha concesionado.
El Decreto Supremo 019-2009/MINAM,
Reglamento del Sistema de Evaluación Am-
biental, mantiene el marco de las cláusulas
ambientales que se han respetado desde el
inicio. Por ello se han efectuado Declara-
ciones de Impacto Ambiental (DIA) en los
aeropuertos y Estudios de Impacto Ambien-
tal (EIA) Detallados y Semi-detallados en
proyectos de transporte y otros. De acuerdo
al proyecto, el sector establece el nivel de
Evaluación Ambiental.
En todos los proyectos, las entidades
supervisoras en materia ambiental se encar-
gan de vigilar el procedimiento definido en
las cláusulas ambientales del contrato. Estas
pueden ser: el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental del Ministerio del
Ambiente (OEFA), Osinergmin, Ositran,
Digesa, Dicapi, ANA, Sernanp, entre otras
(cuando les corresponde emitir la opinión
o la aprobación de manera vinculante).
En tanto, la Contraloría emite su informe
previo y el Ministerio de Economía da su
opinión favorable al final del proceso.
ProInversión forma parte y ha tenido
una permanente participación del Comité
Ad-hoc (presidido por el Ministerio del
Ambiente) sobre proyectos que emplean
los Mecanismos de Desarrollo Limpio
(MDL). Ha promovido eventos de capa-
citación vinculados a la ecoeficiencia,
cambio climático y bonos de carbono,
considerando que son oportunidades
de inversión para el futuro del desarro-
llo peruano. Por ello se han formulado
cláusulas sobre bonos de carbono en los
Proyectos de Saneamiento de Taboada y
La Chira y en la operación del Tren Eléctri-
co de Lima.
Por último, pero no por ello menos
importante, se ha incorporado en los
nuevos contratos de concesión de puertos
(Minerales y Muelle Norte), el compromiso
del concesionario de obtener la certifica-
ción ISO 14001 que establece un sistema
de gestión ambiental en el ámbito del
proyecto. La norma permite conseguir un
equilibrio entre rentabilidad e impactos en
el ambiente.
Por Mario Alfredo TejadaAsesor Técnico - PROINVERSIÓN
PM
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3 4 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 3 5
n día, mientras abrían una tro-
cha en la selva del departamento
de San Martín, los obreros que
trabajaban en la construcción de la carre-
tera IIRSA Norte se encontraron con una
poza rebosante de ranas exóticas.
Los batracios pertenecían a las familias
Centrolenidae y Dendrobatidae, muy
apreciadas por su valor científico y eco-
lógico. Aquel hallazgo era oro en estado
puro para los biólogos.
Medio siglo antes, los obreros simple-
mente hubieran hecho de lado la poza
con las ranas para seguir con su trabajo.
El trabajo con las ranas fue sólo uno de
los muchos programas que se aplicaron
para causar el menor impacto ambiental
posible durante el desarrollo de esa obra.
De hecho, la IIRSA Norte era un sueño es-
perado durante más de medio siglo, pues
uniría el Puerto marítimo de Paita, en el
departamento de Piura, con el puerto
fluvial de Yurimaguas, en el departamento
de Loreto. De allí parte la interconexión
con Brasil, vía fluvial, en un eje comercial
multimodal a gran escala.
La construcción de la Carretera IIRSA
Norte comenzó en abril de 2006. En ese
una CarreteraQue aYuda a
La amaZOnÍapreservar
Es poco conocido el cuidado ambiental con el que la concesionaria trabajó al construir la carretera IIRSA Norte, uno de los tramos más importantes de la Vía Interoceánica (o Integración de Infraestructura Regional Sudamericana), que parte del puerto marítimo de Paita y llega hasta el puerto fluvial de Yurimaguas. En dos años, los biólogos descubrieron nuevas especies de aves, protegieron orquídeas y reforestaron las zonas afectadas por la construcción. Esta obra de ingeniería y protección recibió un premio internacional en Washington. Era un reconocimiento a las exigencias de las normas medioambientales que enmarcan las inversiones en el país.
Pero en pleno siglo XXI esa forma de
atentar contra los ecosistemas durante el
desarrollo de las obras de infraestructura,
en el Perú, va en contra de las normas que
fomentan las inversiones en el país. Éstas
deben respetar, en todo nivel, el medio
ambiente. Así que aquel día, el personal
de la empresa que abría las trochas cap-
turó con sumo cuidado a las ranas (eran
muy venenosas) y las trasladó a una poza
similar ubicada a unos diez kilómetros
de su hogar original. La idea era que la
mudanza les ofreciera las mismas condi-
ciones de vida y que no alterase el ciclo
reproductivo de esos animales.
entonces se trabajaba en el primer tramo:
Tarapoto-Yurimaguas. En términos
ambientales, el mayor reto consistía en
atravesar 40 kilómetros del Área de Con-
servación Regional Cordillera Escalera, en
el departamento de San Martín. Se trataba
de una zona protegida desde 2005 para
conservar la flora y fauna y para promo-
ver el desarrollo sostenible de la zona. Es
un territorio de montañas boscosas del
tamaño de media Lima Metropolitana,
que colinda con el llano amazónico. ¿Era
posible que la carretera más importante
de la Amazonía pasara por allí sin causar
daño?
> En el entorno de la Cor-dillera Escalera viven unas 250 familias distribuidas en seis comunidades.> La Cordillera Escalera tie-ne una flora y fauna diversa. No se han hecho grandes investigaciones ni inventa-rios exhaustivos, pero se calcula que allí viven casi el 50% de las aves, el 37% de reptiles y el 30% de anfibios del Perú.
3 6 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 3 7
En junio del 2006, ProInversión había
preparado las cláusulas ambientales
que formarían parte del contrato de
concesión, basándose en los Estudios de
Impacto Ambiental realizados específica-
mente con ese fin. Las indicaciones eran
puntuales, y las empresas pertenecientes
a la concesionaria, Odebrecht y Graña y
Montero, debían trabajar al detalle para
cumplirlas y preservar el paisaje en el que
trabajarían.
> No podían hacer fuego para acabar con la
vegetación.
> Debían reforestar las laderas de la vía para
evitar la erosión del bosque.
> Debían reforestar usando una cantidad
similar de plantas extraídas.
> No podían pescar, cazar ni recolectar
animales silvestres.
Para cumplir con estas disposiciones,
la empresa concesionaria buscó el apoyo
de Organizaciones No Gubernamentales
locales y de pequeñas empresas (Chapa-
rrí, Sociedad Zoológica Frankfurt, Cedisa,
Cooperativa Oro Verde). Asimismo, traba-
jaron junto con las comunidades nativas
para poder conocer las potencialidades y
las características de ese tramo de la vía.
prOGramas amBientaLesUna vez que supo cómo debía actuar, la
concesionaria creó un centro de rescate y
custodia temporal de animales silvestres.
de las zonas aledañas a la Cordillera
Escalera. Los cafetaleros de la zona de
Uruhuasha, por ejemplo, se encontra-
ban aislados del mercado desde que
empezaron a desarrollar esa actividad,
hacía 30 años. Para apoyar su desarrollo,
se promovió su asociación con la coope-
rativa agraria cafetalera Oro Verde. Así
nació el café La Escalera, orgánico y con
sellos de Comercio Justo y Bird Friendly,
etiquetas que garantizaban la calidad
del producto y el respeto hacia el medio
ambiente.
Hoy ese café se comercializa en los Es-
tados Unidos y Europa. El 2% de las ventas
van para un Fondo de Reforestación de la
zona colindante a la Cordillera Escalera.
eL premiODos años después de haber terminado de
construir ese primer tramo (Tarapoto-Yu-
rimaguas) de la carretera, esta historia se
trasladó al lujoso hotel Omni Shoreham,
en Washington. El 25 de enero de 2011,
en ese lugar, se entregaron los galardones
más importantes en el mundo de la cons-
trucción de carreteras: el Global Road
Achievement Awards. La carretera IIRSA
Norte, que estaba nominada, en medio
de aplausos, se llevó el primer premio
dentro de la categoría Program Manage-
ment (Gestión de Programa). El premio
reconoció las soluciones de ingeniería
que se realizaron durante la construcción
de la vía, y los esfuerzos para minimizar
el impacto ambiental en el Área de Con-
servación Regional Cordillera Escalera.
Sí, la carretera más importante de la
Amazonía podía atravesar una zona de
protección y no causar daños.
Hoy, la Cordillera Escalera y el tramo
de la carretera IIRSA Norte impulsan
el desarrollo económico de la región.
La ruta entre Tarapoto y Yurimaguas
se perfila ahora como un camino de
posibilidades, biodiversidad y comercio.
Mientras que las normas de protección
medioambiental del país garantizan ese
desarrollo.
Los animales afectados por el proceso
constructivo podían recuperarse allí
para luego ser reinsertados a su hábitat
natural.
Decenas de animales pasaron por
allí: serpientes, osos perezosos, monos
choros de cola amarilla, tortugas,
ranas. Luego fueron regresados a un
ambiente similar a su hogar original.
En aquel centro, además, un equipo de
naturalistas y biólogos investigó a esos
huéspedes temporales. Los especialistas
identificaron, por ejemplo, a 20 especies
de colibríes nativos. Los hallazgos eran
celebrados por biólogos, obreros e inge-
nieros, ya fueran peruanos, brasileños o
trabajadores nativos.
De la misma manera se trabajó en el
rescate de las plantas. La concesionaria
construyó un vivero con las especies ve-
getales que extraían mientras abrían el ca-
mino. Salvar una orquídea era como salvar
una vida. Los biólogos evitaron así que más
de 300 especies de esas flores se perdieran
y, por el contrario, consiguieron que siguie-
ran creciendo y reproduciéndose.
Para la reforestación de las áreas
colindantes a la carretera, los trabajadores
recurrieron a un conjunto de especies de
cobertura vegetal de desarrollo acelerado
(cuna de niño, torurco, brizantha, kudzu,
maní forrajero, entre otras). Este trabajo
evitó procesos de erosión y de arrastre de
sedimentos.
La concesionaria también trabajó
estrechamente con las comunidades
> En los últimos años, gracias a la concesionaria IIRSA Norte, el gobierno y agencias internacionales de cooperación (GTZ, AECI, SNV) se han introducido en la región prácticas agrícolas sostenibles bajo modelos de producción comunitaria en cultivos de palmito, café y cacao orgánico, además de la promoción de productos nativos y del ecoturismo.
> Con el fomento de la concesionaria IIRSA Norte, en setiembre de 2009, se publicó el libro Cordille-ra esCalera, la ruta de la Biodiversidad, con fotos e información de aves, ma-míferos, reptiles y anfibios representativos de la zona. El documento sirve de guía de campo para los poblado-res y los visitantes.
3 8 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 3 9
aLGunas nOrmasY tareas pendientes
4 0 - P R O I N V E R S I Ó N
orea del Sur tiene la extensión del depar-
tamento de Puno y carece de la magnitud
de las riquezas naturales que tiene el Perú.
Su PBI, sin embargo, es casi 10 veces más
grande que el de nuestro país. Es un claro
ejemplo que demuestra que las ventajas
comparativas no son determinantes, pero
sí lo son el clima de inversión, la educación
y, por supuesto, las inversiones privadas.
En el Perú, un buen clima de inversión
generará desarrollo económico a partir de
las ventajas comparativas que el país ya
posee en minería, pesca, hidroenergía,
agricultura, gas natural, turismo y servi-
cios. Solo así se alcanzarán las ventajas
competitivas que poseen países altamente
industrializados. Por ello, es importante
que más allá de los gobiernos, el país siga
un mismo horizonte.
Para convertir en desarrollo las venta-
jas comparativas mencionadas, ProInver-
sión propone cuatro objetivos permanen-
tes para los siguientes años:
1) Avanzar en la frontera de desarrollo
superando la producción actual, con la
integración y articulación de proyectos de
inversión en nuevos escenarios físicos como
áreas agrícolas, acuícolas, forestales, turís-
ticas, líneas de transmisión eléctrica, redes
de telecomunicación, sistemas de embalse y
distribución de riego, redes de distribución
del gas natural, carreteras, entre otros.
2) Avanzar en la cadena de valor: generar pro-
ductos con mayor valor agregado (en minería,
pesca, agricultura, entre otros sectores);
C3) Liderar sistemas productivos susten-
tables, consolidar procesos productivos
sostenibles y recuperar lo perdido: áreas
agrícolas de la selva degradadas por el mal
manejo de la tierra,
4) Consolidar lo logrado: seguir creciendo
en sectores donde ya hay un desarrollo
importante.
prOinversión: aLGunasCOnsideraCiOnesProInversión es un vector de desarrollo del
país. Allí trabaja un equipo técnico cuyas
características principales son la proactivi-
dad y la creatividad orientadas al cumpli-
miento de los objetivos de la institución.
Esta entidad de gobierno ha ido perfeccio-
nando su labor a lo largo de los años y a
través del conocimiento heredado de otras
entidades antecesoras.
ProInversión cumple una importante
tarea: promocionar los beneficios de inver-
tir en el Perú y brindar la información que
el inversionista necesita; desde reportes
sobre la situación económica del país, por
ejemplo, hasta la facilitación de contactos
tan específicos como estudios de abogados
que dominan el idioma japonés.
Con el tiempo, el trabajo de ProIn-
versión se ha complejizado, y se le han
sumado nuevas tareas. Una de ellas es la
capacitación del personal de los gobiernos
regionales y locales para que promocionen
y ejecuten proyectos de inversión privada.
Los gobiernos sub nacionales tienen la fa-
cultad para constituir sus propios organis-
mos de promoción de la inversión privada.
No obstante, ProInversión ya cumple esta
tarea al enviar equipos técnicos que brin-
dan asesoría a las regiones o cuando realiza
jornadas de capacitación en la capital.
Para que esa labor se realice con me-
jores resultados, el Estado tiene una tarea
pendiente: legislar para evitar la rotación
de los funcionarios capacitados. Se debe
designar personas con cargo permanente
para evitar el cambio de aquéllos que ya
poseen cierto conocimiento. La idea es
que se profesionalice la labor en busca de
la sana competencia entre regiones por
atraer más inversiones. A esto se le puede
sumar otra tarea: lograr que se instalen
sedes desconcentradas de ProInversión en
las provincias más importantes.
Muchos países y entidades especializa-
das reconocen la labor de esta institución y
resaltan la eficiencia y transparencia con la
que desarrolla su trabajo. El reto en ProIn-
versión, es lograr que los proyectos tengan
siempre las siguientes características:
> Social y políticamente aceptables. Los
proyectos de inversión privada deben lograr
el consenso entre el Estado, la población y
el inversionista.
> Técnica y económicamente posibles.
Los proyectos deben tener la dimensión
requerida.
> Financieramente bancables. Se debe
demostrar su rentabilidad para que los
inversionistas puedan estructurar su
financiamiento.
> Comercialmente promotores. Los pro-
yectos deben buscar la competencia en
los sectores; el principal beneficiado debe
ser el ciudadano, quien progresa gracias a
la infraestructura o los servicios nuevos.
eduCaCión e inversión privada: LeYes para La diFusiónEl desarrollo del país será más difícil si
es que la población no está informada
de los beneficios que conllevan las
inversiones. Por ello, es importante que
este conocimiento forme parte de las
currículas escolares. Incluso se debe
promover que los alumnos egresen de
las carreras no sólo como profesionales
y técnicos empleables, sino también
como empleadores.
En 2005, el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur) diseñó el
Plan Maestro de Cultura Exportadora. El
objetivo era fortalecer el contenido de la
currícula de alumnos de tercer, cuarto y
quinto de secundaria con temas asocia-
dos a comercio exterior. Ahora, más de
20 mil alumnos de 83 colegios reciben
material educativo y capacitación en
esos temas. Además, desde aquel año se
realiza el Concurso Nacional de Incenti-
vo al Comercio Exterior y Turismo, donde
se incluye una categoría de Proyectos
Escolares. Este es un ejemplo claro de
cómo se puede educar en temas de desa-
rrollo basados en la inversión. El Estado
y los organismos empresariales pueden
4 2 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 4 3
trabajar juntos para que la inversión priva-
da sea vista cada vez con mejores ojos.
seCtOres Que demandarÁn antenCión Y BeneFiCiOs LeGaLes
Forestal
La industria forestal es uno de los sectores
que ProInversión ha identificado para
recibir una mayor atención normativa. Es
decir: puede potenciarse con un marco legal
modificado. La legislación actual está hecha
para bosques naturales, no para bosques
sembrados. Hay áreas que se pueden tras-
pasar a actores privados para que desarro-
llen una industria forestal sostenible y ge-
neradora de empleo. Gracias a este sistema,
Chile no solo exporta madera sino tableros
estandarizados para puertas y ventanas.
Alcanzar esos niveles donde la industria le
añade valor a los productos permitirá que el
país sea una potencia en la industria forestal
sostenible. Para ello, primero es importante
generar el marco legal.
Servicios
El crecimiento del servicio de Contact
Center ha sido uno de los fenómenos
empresariales más exitosos de los últimos
años. La exoneración del pago del IGV no
es el máximo de beneficios que se puede
otorgar para potenciar esa industria.
ProInversión ha identificado algunos
ejemplos que convendría seguir. En Co-
lombia, el Estado ha declarado como zo-
nas francas a los edificios desde donde se
brindan esos servicios de comunicación,
por lo que están libres de todo impues-
to; allí la única preocupación es generar
trabajo. Ahora en Colombia hay 30 mil
empleados de Contact Center más que
en el Perú. Y solo este año ese país espera
un crecimiento de 50% en ese sector. Allí,
por cierto, las zonas francas se aplican
también a todas las industrias de exporta-
ción de servicios. El Perú debe legislar en
ese sentido ya que el sector servicios será
siempre un gran generador de empleo.
Agricultura
Los inadecuados métodos de riego han
afectado extensas superficies de los terre-
nos agrícolas en el país. El marco legal del
futuro debe ser categórico e imperativo
para todos los agricultores: usar sistemas
de riego tecnificado. Cuando se inunda
el terreno o se riega con el sistema de as-
persión, se pierden grandes cantidades de
[SEGUNDA Y TERCERA OLA DE CONCESIONES] ProInversión ya entró en la segunda etapa de concesiones, las que se irán concretando en las siguientes dos déca-das. Se trata de promocionar inversiones en centros educativos, penitenciarios y hospitalarios. España y Reino Unido son los mejores ejemplos de este modelo de desarrollo basado en el traspaso de estos servicios a manos privadas. La tercera ola de concesiones se refiere a las que tienen que ver con instalacio-nes públicas. Por ejemplo, una entidad privada se encarga de la construcción y administración de una entidad estatal. Este modelo de concesión es exitoso en Chile. Allí se acaba de construir, sobre 54 mil metros cuadrados, un edificio de 10 pisos llamado Centro de Justicia de Santiago de Chile, que alberga a los Tribunales de Justicia, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública. Este edificio es administrado por la empresa OHL que se encarga de proveer todos los servicios, desde los informáticos, hasta la seguridad. En este caso, el Estado sólo se encarga de administrar justicia.
agua, un recurso tan valioso como escaso.
Para motivar la adopción generalizada
del riego tecnificado, el Estado puede
aminorar el costo de la importación de
tecnología para riego, así como promover
el desarrollo de la producción nacional de
sus principales componentes. y, también,
para la instalación de sistemas de drena-
jes que ayuden a recuperar los nutrientes
de la tierras perdidas. La agroexportación
recibiría entonces un gran impulso.
La actual ley de recursos hídricos
(Ley Nº 29338) le da prioridad de uso a la
actividad agraria sobre la industrial. En
primer lugar, por supuesto, se encuentra
el uso para el consumo humano. Se espera
que en el futuro próximo la legislación
también le confiera prioridad al uso
industrial de este recurso.
Minería
En este sector podrían crearse benefi-
cios legales para la generación de valor
agregado a los minerales que se extraen
en el país. Hay ejemplos interesantes. La
Empresa Siderúrgica del Perú, Siderperú,
fabrica y comercializa productos de ace-
ro con valor agregado y de alta calidad.
Todos los metales se venden al precio
de Londres, porque esa es la cotización
mundial. Más empresas como Siderperú
podrían instalarse en el país con ciertos
beneficios. Un ejemplo. Si una empresa
procesadora desea comprar zinc o cobre
en el Perú, debe pagar el precio de Lon-
dres, como precio internacional que rige
para cualquier país, con la ventaja de que
se evita los costos de transporte, flete,
seguros y todos los conceptos y riesgos
que involucran una importación. Por lo
tanto, el procesamiento sería a un precio
FOB, más los costos de transporte local,
que resultará menor que un precio de
importación.
4 4 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 4 5
La prOmOCiónpreGuntasCLave para entender
de Las inversiOnes
4 6 - P R O I N V E R S I Ó N
prOYeCtO
privada
1. CómO naCe un
de inversión
Uno de los aspectos esenciales para cualquier proyecto son las normas que le dan sustento legal. El trabajo de ProInversión se realiza en el marco de una serie de leyes y reglamentos que estimulan la participación de inversionistas privados en actividades de interés público
a cronología de estímulos a la
inversión se remonta a inicios
de los años noventa, cuando se
aplicó una serie de reformas estructurales
orientada a redefinir el papel del Estado
y del mercado con el fin de establecer
condiciones para una economía más efi-
ciente. Una de esas normas fue el Decreto
Legislativo 662, mediante el cual se apro-
bó el régimen de estabilidad jurídica a la
inversión extranjera; también el Decreto
Legislativo 674, la Ley de promoción de la
inversión privada en las empresas del Es-
tado; y en el caso que nos toca, el Decreto
Legislativo 758, que estableció las Normas
para la Promoción de las Inversiones
Privadas en la Infraestructura de Servicios
Públicos. A partir de entonces, todo un
bagaje de reglamentos complementarios
y nuevas leyes han permitido afinar con-
ceptos y procedimientos.
Un paso importante para el avance del
proceso ha sido el Texto Único Ordena-
do de las Normas con Rango de Ley que
regulan la Entrega en Concesión al Sector
Privado de las Obras Públicas de Infra-
estructura y de Servicios Públicos. Esta
norma compila la legislación sobre con-
cesiones, y declara «de interés nacional»
las inversiones de esta naturaleza. Con ese
objetivo, «se podrá otorgar concesiones a
personas jurídicas, nacionales o extran-
jeras, para la construcción, reparación,
conservación y explotación» de obras
públicas. «La concesión de la obra implica
la explotación del servicio».
prOYeCtOs de inversión privada pOr iniCiativa estataLEl cuerpo legal en materia de promoción
de la inversión privada establece, por
ejemplo, que las concesiones otorgadas
por el Estado corresponden a cuatro
modalidades: a título oneroso, «impo-
niendo al concesionario una contribución
determinada en dinero o una participación
sobre sus beneficios a favor del Estado»; a
título gratuito; cofinanciada por el Estado,
«con una entrega inicial durante la etapa
de construcción o con entregas en la etapa
de la explotación, reintegrables o no»; y
mixta, «cuando concurran más de una de
las modalidades antes señaladas».
También se han establecido normas
que otorgan beneficios tributarios (DS Nº
132-97-EF) e incentivos para las inversio-
nes en obras de infraestructura y servicios
públicos (Ley Nº 26885).
Pero la norma que guía de manera espe-
cífica el trabajo de ProInversión es la Ley
Marco de Asociaciones Público-Privadas
(Decreto Legislativo N° 1012). Esta dispo-
sición establece la posibilidad de llevar
adelante proyectos conjuntos entre una
institución del Estado y uno o más inver-
sionistas particulares. En ese sentido, se
explica, las APP son «modalidades de par-
ticipación de la inversión privada en la que
se incorpora experiencia, conocimiento,
equipos, tecnología, y se distribuyen ries-
gos y recursos, preferentemente privados,
con el objeto de crear, desarrollar, mejorar,
operar o mantener infraestructura pública
o proveer servicios públicos».
El DL 1012 establece que las modali-
dades de participación en una APP son
dos: a) Autosostenibles; es decir las que
demandan limitada o nula garantía finan-
ciada por parte del Estado o, en su defecto,
cuando las garantías no financieras tienen
probabilidad mínima o nula de demandar
el uso de recursos públicos; y b) Cofinan-
ciadas, aquella que requiere del cofinancia-
miento, o del otorgamiento o contratación
de garantías financieras, que tengan una
probabilidad significativa de demandar
recursos públicos. La responsabilidad de
establecer la modalidad adecuada es de
las entidades públicas, tras un diagnósti-
co de prioridades y costo beneficio. Si la
modalidad elegida es la primera, es decir
si se trata de un proyecto autosostenible,
el proyecto pasa a la etapa de diseño. Si se
opta por la modalidad de cofinanciamien-
to, el proyecto deberá seguir los procedi-
mientos establecidos por la Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública - SNIP, en
específico, el proceso de concurso para la
elección de la mejor oferta.
Por parte del Estado, los organismos
encargados de promover esta clase de
experiencias son ProInversión, en los
proyectos que se le asignan; los ministe-
rios, a través de los respectivos Comités
de Inversión que establezcan; y también
los gobiernos regionales y municipales,
facultados a promover estas inversiones
4 8 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 4 9
a través de sus organismos pertinentes,
cuya instancia máxima son los consejos
regionales o municipales.
La Ley Marco de Asociaciones Público-
Privadas establece que el diseño de cada
proyecto queda a cargo del respectivo
Organismo Promotor de la Inversión Priva-
da, que luego lo someterá a la aprobación
del Ministerio de Economía y Finanzas.
Del mismo modo, cuando el diseño final
del proyecto esté a cargo de los organis-
mos pertinentes de un ministerio, deberá
contar con la asesoría de ProInversión y la
opinión favorable del MEF.
prOYeCtOs de inversión pOriniCiativa privadaEn el título IV del Decreto Legislativo N°
1012 se establecen criterios para la inicia-
tiva privada, que son los casos en que una
empresa particular plantea la realización
de una obra de interés público que el
Estado no tenía contemplada hasta ese
momento. El sistema ha tenido auspiciosos
resultados en varios proyectos llevados
a cabo por ProInversión, desde obras de
saneamiento y agua potable hasta obras de
infraestructura vial. El Decreto Legislativo
N° 1012 establece que estas iniciativas
«se realizan en proyectos de inversión en
activos, empresas, proyectos, servicios,
obras públicas de infraestructura y de ser-
vicios públicos, las mismas que no podrán
demandar garantías financieras».
De complementaria importancia es el
reglamento de esta ley (Decreto Supremo
146-2008-EF, modificada recientemente
por el Decreto Supremo N° 106-2011-
EF), donde se precisa los requisitos para
la presentación de iniciativas privadas
ante el organismo promotor correspon-
diente. La iniciativa debe contener desde
la identificación y representación legal
del proponente hasta detalles como la
propuesta de modalidad y la descripción
técnica del proyecto, los beneficios que
reportará a la comunidad en que será
realizado, su ámbito de influencia, el po-
sible impacto ambiental y la capacidad
financiera del solicitante.
Toda esta información es analizada
a base de tres criterios: si el proponente
tiene la capacidad técnica y financiera
para sacar adelante el proyecto, si resulta
social y económicamente rentable, y si
su ejecución no dañará un área natu-
ral protegida o declarada Patrimonio
Cultural de la Nación. En los casos que
sea necesario, ProInversión o el organis-
mo promotor respectivo puede solicitar
al proponente, información adicional
e incluso modificaciones que estime
necesarias para darle trámite. Del mismo
modo, solicita la opinión del ministerio
correspondiente y, dependiendo del
caso, del organismo regulador que tenga
competencia.
Si la iniciativa privada es declarada
de interés, la propuesta es publicada a la
espera que otros inversionistas manifiesten
su interés en el proyecto. Si no existiesen
otros interesados, se adjudica el proyec-
to directamente al proponente. En caso
existan otros inversionistas interesados,
entonces empieza el concurso que debe
conducir a seleccionar la mejor propuesta,
que no siempre es la del proponente.
Estas normas han permitido que varias
concesiones hayan resultado beneficiosas
para el Estado, con ofertas muy superiores
a los requerimientos iniciales. Desde las
primeras normas planteadas para incen-
tivar la inversión privada, se ha avanzado
mucho. La maquinaria está afinada y ya
muestra resultados.
REP/Daniel Silva
5 0 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 5 1
Toda obra de infraestructura está diseñada para obtener el mayor beneficio al costo más razonable posible. El caso de la Planta de Tratamiento de Taboada es una muestra del potencial que ofrece el planteamiento técnico y eficiente de las inversiones.
ada día, la población total de
Lima consume veintidós metros
cúbicos por segundo de agua
potable. Quiere decir que sólo la capital
peruana produce una cantidad similar
de aguas servidas. Hasta el año 2004, este
volumen era vertido íntegramente al mar
a través de seis grandes colectores ubica-
dos entre Chorrillos y el Callao. Apenas
el 5% de esa descarga había sido tratada
previamente. Los municipios de los dis-
tritos costeros empezaron a quejarse: se
estaba contaminando el mar, la población
era afectada por diversas enfermedades
y, en ciertas zonas, actividades como la
pesca artesanal padecían los efectos de
un manejo inadecuado de los sistemas de
saneamiento. Sedapal decidió hacer un
gran interceptor y por medio de una enor-
me tubería juntar todos esos colectores y
conducirlos al mar del Callao.
«La idea era poder construir después
una gran planta de tratamiento con la
capacidad de encargarse de ese volumen»,
explica Rossina Manche, Jefa de Proyectos
de Saneamiento de ProInversión. «Como
muchas obras públicas, el dinero no
alcanzó: sólo se pudo hacer el interceptor
y no la planta».
En cierto momento, la Provincia
Constitucional del Callao interpuso una
demanda contra Sedapal por daños y
perjuicios debidos a la contaminación:
todo el desagüe de Lima terminaba en el
Callao. A solicitud de la empresa presta-
dora de servicios, el equipo técnico de
ProInversión asumió la tarea de plantear
una solución. «Para esto le pedimos al
Gobierno Regional del Callao que nos
cediera un área donde pudiéramos cons-
truir la planta y a cambio de eso nosotros
podíamos sacar adelante el proyecto ori-
ginal», refiere Manche. El Callao aportó el
terreno, media hectárea a la que se agrega
un lote ganado al mar con desmonte de
otras obras. Allí se construiría la nueva
Planta de Tratamiento de Taboada.
Entonces empezó el proceso de
análisis sobre qué tipo de planta era más
conveniente y si estaba al alcance eco-
nómico de Sedapal. Mientras el equipo
técnico realizaba esa evaluación, llegó una
iniciativa privada. La empresa Odebrecht
planteó ejecutar un proyecto para tratar
14 metros cúbicos por segundo mediante
una tecnología biológica que, básicamen-
te, consiste en verter al agua servida unas
larvas que se nutren de los desperdicios
y desechan agentes no contaminantes.
La oferta era pertinente, pero había un
problema: estas larvas viven a determi-
nada temperatura y, aunque trabajaban
bien en Brasil, lo más probable era que no
sobrevivieran a las condiciones climáticas
de Lima. Se tuvo que estudiar durante seis
meses si esa tecnología era aplicable en el
Perú. Después de eso se estimó que sí, era
posible, pero a riesgo de elevar el costo
total del proyecto (hacer la planta y man-
tenerla durante 20 años) a cerca de mil
millones de dólares, lo cual era inviable,
puesto que Sedapal disponía de un fondo
que a lo mucho alcanzaba para un proyec-
to de 200 millones de dólares.
«Se le pidió al inversionista privado
que planteara una solución más acor-
de con nuestro presupuesto», explica
Manche. Entonces sugirió una solución
química: mediante la cloración se podía
desinfectar un poco el agua, y mediante
un emisario submarino se vertería al mar,
donde, por efecto de la marea y del cloru-
ro de sodio (es decir la sal) se produciría
un efecto bactericida, hasta eliminar todo
tipo de impureza. Con la ejecución de
esta obra, se pasaría de tratar sólo el cinco
por ciento de las aguas servidas de Lima a
tratar cerca del 85% de ese total.
La propuesta del inversionista original
fue sometida a concurso. Además del
proponente Odebrecht (en consorcio con
Keppel, de Singapur), se presentó el con-
sorcio Agessbio (de capitales brasileños y
chilenos) y la empresa española ACS, que
planteó la oferta más competitiva, incluso
mejor que las anteriores. Odebrecht usó el
derecho que le daba la ley, como impul-
sor de la iniciativa original, para igualar
la oferta del mejor postor. En la segunda
vuelta, ACS volvió a presentar una pro-
puesta más atractiva. Teniendo en cuenta
que uno de los factores de competencia
para este proyecto era la menor tarifa
por el tratamiento de aguas residuales,
ACS ofreció cobrar 0.2277 nuevos soles
por metro cúbico de agua tratada, es
decir 33% menos de lo establecido en las
bases. El otro factor de competencia fue el
tiempo: la planta estaría lista en veintiséis
meses, incluida la elaboración y aproba-
ción del expediente técnico. Con ambas
condiciones, se le adjudicó la concesión a
ACS, firmándose el Contrato de concesión
con dicha empresa el 4 de agosto de 2009.
El proyecto empezó a ser ejecutado en
julio de 2010.
El asunto central, por parte del Estado
Peruano, era la manera de financiar la
Planta de Tratamiento de Aguas Resi-
duales Taboada. La respuesta supuso un
cambio de perspectiva.
eL aGua nO es GratisAunque la solución al tema de los desagües
en Lima estaba planteada desde hacía
tiempo, ni los recursos de la empresa ni
los que podían generarse con la tarifa
vigente alcanzaban para hacer viable
el proyecto. «Se necesitaba demasiado
dinero y entre poner cien millones de
soles para tratar aguas residuales y cien
millones para educación, las prioridades
son distintas», comenta Manche. Enton-
ces, el equipo de ProInversión planteó un
nuevo enfoque a la dinámica del servicio:
si el saneamiento es un servicio comple-
mentario al del abastecimiento de agua
potable, por lógica el usuario debería
pagar no sólo por lo que consume sino
también por lo que produce y desecha y
requiere ser tratado.
Con este nuevo criterio, desde 2009, y
por primera vez en el Perú, los usuarios
reciben un recibo por consumo de agua
en el que se especifica que un porcentaje
corresponde al uso de agua potable y
otro al tratamiento de aguas residuales.
Los ingresos generados de esa manera
constituyen un fondo que a largo plazo
permitirá financiar el íntegro de la obra.
«Es como cuando compras un televisor
con tu tarjeta y lo pagas en cómodas
cuotas. Teníamos que crear un mecanis-
mo que permitiera separar el dinero y
acumular las cuotas que vamos a pagar en
los próximos veinte años».
Todo lo que pagan los usuarios a través
de las recaudadoras de Sedapal, es decir el
sistema bancario, se dirige a un fideicomi-
so matriz que administra el Citibank. A la
fecha, este fideicomiso tiene cuatro obli-
gaciones fundamentales: primero, pagar
un prOYeCtO
privada
2. CómO se reaLiZa
de inversión
5 2 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 5 3
la deuda tributaria que tiene Sedapal con
la Sunat; segundo, guardar el dinero para
los futuros pagos del proyecto Huascaco-
cha, una obra de trasvase cuya cons-
trucción también ha sido gestionada por
ProInversión; tercero, el financiamiento
del proyecto Taboada; y cuarto, para el
proyecto La Chira, una segunda planta de
tratamiento que empezará a construirse
en 2012. A esto se agregarán las obligacio-
nes del proyecto Aguas de Lima Sur, una
planta desalinizadora de agua del mar
que permitirá obtener agua potable para
extender el abastecimiento a los distritos
de la zona sur de la capital.
«Nuestros proyectos tienen la garantía
de tener un fideicomiso que protege sus
flujos de ingreso. Aparte el Estado garan-
tiza el 100% de los montos de inversión,
con lo cual si todos los peruanos decidié-
ramos algún día dejar de pagar nuestros
recibos de agua, entonces el Ministerio de
Vivienda tendría que asumir esos pagos
trimestrales a través de su presupuesto»,
indica Manche. Detalle, esto último, nada
deseable, pues aumentaría el factor de
riesgo país. Por el contrario, lo que sobre
de este fideicomiso, tras llenar cada una
de las cuentas, retorna a Sedapal para su
funcionamiento regular.
suma de FuerZasCada caso requiere soluciones financieras
específicas para sacar adelante los proyec-
tos. Un ejemplo es el trabajo que se está
haciendo para obras de saneamiento en
Pucallpa, una ciudad que carece de redes,
donde buena parte de la población se abas-
tece de agua de lluvia y no existe tratamien-
to de las aguas servidas: éstas se vierten a los
ríos. Un equipo de ProInversión ha estado
realizando la etapa de diagnóstico para
determinar la mejor forma de participación
del sector privado.
«Debemos recordar que estas pro-
vincias no son autosostenibles. La tarifa
de por sí no pagaría el servicio, tendría-
mos que subirla demasiado alto y sería
insostenible para la población. En este
caso, tenemos que buscar aliados», refiere
Rossina Manche.
Una línea de trabajo para casos como
éste, es el contacto con organismos
multilaterales, que tienen entre sus planes
donaciones para este tipo de servicios. Exis-
te, por ejemplo, un fondo para contratar el
servicio de expertos, que es alimentado por
la KfW (la cooperación alemana), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y, si las
gestiones que se llevan a cabo llegan a buen
puerto, el Banco Mundial. Con ese monto se
financiaría íntegramente los estudios.
Una experiencia parecida se tuvo
antes en Tumbes (en la concesión de los
servicios de agua potable y alcantarilla-
do en la jurisdicción de los Municipios
Provinciales de Tumbes, Zarumilla y
Contralmirante Villar y Municipios Dis-
tritales correspondientes), donde gracias
al aporte de organismos multilaterales se
dispuso de US$ 5 millones para obras de
rápido impacto: ProInversión pondría el
dinero para la etapa de diagnóstico, mien-
tras el concesionario buscaría la forma
de obtener financiamiento para hacer
las mejoras. En el caso de Pucallpa, se ha
gestionado una donación de seis millones
de euros para obras de rápido impacto en
los cinco primeros años y un préstamo
concesional, a tasas del Banco Mundial,
de 21 millones de euros destinado al me-
joramiento y ampliación de los sistemas
de agua y alcantarillado de la ciudad.
De todos modos, al igual que en el
caso limeño, la obra debe ser costeada por
los usuarios del servicio. «La población
tiene que acostumbrarse a que el agua
cuesta: no es gratis. Es un servicio que
estás obteniendo y tienes que pagarlo,
pero queremos que este incremento sea
paulatino», refiere Rossina Manche, jefa
del proyecto de ProInversión. Esto supone
un incremento tarifario. La manera más
adecuada de implementarlo, para no afec-
tar de golpe a los usuarios, es establecer
un pequeño incremento el primer año
e irlo subiendo poco a poco, mientras
se genera un fondo que al año veinte de
la concesión calce lo recaudado con la
deuda comprometida. Entonces, cuando
el concesionario se retira, la tarifa que
pague el público alcanzará para mantener
el servicio.
La rentabilidad de estos proyectos pue-
de medirse en función a la cobertura que
permitirán y el impacto que esto supone
en la población. Por ejemplo, al proyec-
to de Taboada se sumará el de la planta
de tratamiento de La Chira, que cubrirá
alrededor del 20% restante de la capacidad
necesaria. Con esto se espera que al 2015,
Lima pueda cumplir una de las «metas del
mileno» establecidas por la Organización
Mundial de la Salud: tener el 100% de las
aguas residuales tratadas, lo cual evitará la
contaminación del mar y varias enfer-
medades contagiosas en la población. El
impacto económico está previsto precisa-
mente en cifras de la OMS: por cada dólar
que un Estado invierte en el tratamiento
de aguas residuales, ahorra siete dólares
en servicios de salud; de modo que la
inversión de 182 millones de dólares de Ta-
boada se traducirá en casi 900 millones de
dólares ahorrados al ministerio de Salud y
por extensión, a la sociedad peruana.
5 4 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 5 5
COntratO3. CómO se eLaBOra un
en prOinversión
odo empieza en una oficina pequeña, para seis u ocho personas, con la ayuda
de un sistema de proyección. Guillermo Rebagliati ha tenido numerosas
reuniones allí para dar forma a los contratos de las obras que corresponden a
su ámbito: las redes viales. Para esa tarea cuenta con el apoyo administrativo y asesores
técnicos en temas de ingeniería, derecho, finanzas e impacto ambiental. Rebagliati
no es un director de orquesta, pero su trabajo como uno de los jefes de proyectos se le
parece mucho: la preparación de un documento tan importante requiere debates, cruce
de opiniones, capacidad de condensar los mejores aportes y prevenir errores basándose
en experiencias previas. Las sesiones con su equipo son la primera instancia.
¿Qué dinámica hay tras la preparación de un contrato?
Hacemos un primer proyecto y nos sentamos en una salita, lo proyectamos en una
pantalla y empezamos a discutir artículo por artículo muy exhaustivamente, hasta
que todos los miembros del equipo estemos de acuerdo. Si no hay acuerdo, se consul-
ta a otros especialistas, prevaleciendo finalmente, en caso de no haber consenso, la
opinión del jefe del proyecto, que es el responsable. Se presenta bajo estas condicio-
nes al Comité.
En el caso de proyectos de infraestructura vial, lo que preocupa en esta primera
etapa es el esquema de riesgos para desarrollar el proyecto: deben ser asumidos por
quien está en mejores condiciones de afrontarlos. También importan las particula-
ridades para elaborar un contrato que, además de preservar los intereses del Estado,
sea motivador para los inversionistas: por ejemplo, si el concesionario va a poder
cobrar peajes a partir del mes que se instalan. Alguien en la reunión puede decir: “¿En
un mes no se ha hecho nada y encima va a estar administrando los peajes, haciendo
caja?”. El financista puede plantear: “Yo creo que habría que establecer un fideico-
miso hasta que haya invertido cierta cantidad de dinero en obras”. Y otro miembro
puede objetar que es muy poco, y que lo conveniente es elevar la cifra a un monto que
garantice su compromiso con la ejecución de las obras sin posibilidad que se retire;
sólo entonces se liberarán los flujos para que pueda disponer del dinero. Este tipo de
discusiones se dan al interior del equipo.
Es una primera etapa.
Terminamos el contrato y nos vamos al comité respectivo. Se lo explicamos a los
tres miembros que lo forman y recibimos sus aportes. Si es aprobado, se publica en
la web de Proinversión y al mismo tiempo lo enviamos a todos los que han pagado
el derecho a participar en el concurso, mediante una circular que dice: “Aquí está el
primer contrato, recibimos observaciones hasta tal día”, y se inicia de esta manera la
interacción con los postores.
Conforme se van recibiendo las opiniones de los interesados empezamos a
trabajar en un segundo proyecto de contrato. Vemos si valen la pena sus aportes o
si procede alguna sugerencia. Si hay una duda jurídica, el jefe de proyecto la pone a
criterio de la asesoría legal. Si es un tema financiero o técnico, el especialista econó-
5 6 - P R O I N V E R S I Ó N
mico o el ingeniero se pronuncian. El jefe de proyecto, que suele ser el más experi-
mentado en procesos de concesión, puede traer a colación algunos antecedentes
para tener más elementos de juicio. Es una discusión intensa.
¿Cuánto toma este proceso?
Depende del tipo de proyecto. Desarrollar un proceso de concesión para construcción de
carreteras toma entre siete y nueve meses, dependiendo fundamentalmente de la cantidad de
proyectos de contrato necesarios. Para el segundo proyecto de contrato nos damos un par de
semanas, en las que nos reunimos todos los días a discutir. Usualmente hacemos tres proyectos
porque para temas viales ya tenemos un esquema que hemos desarrollado en las tres últimas
concesiones. Pero el día que se cambie ese esquema, probablemente tendremos que hacer una
o dos versiones más. Cada proyecto se vuelve a presentar al Comité.
¿Cuándo está listo el documento?
El jefe de proyecto debe determinar cuándo el proyecto de contrato es sólido y está sufi-
cientemente trabajado. Mientras en las discusiones haya muchas dudas y las opiniones
de los postores sean numerosas, el contrato no está definido. Incluso, a veces, cuando
aparentemente el contrato está terminado, uno lanza ideas provocadoras para estimu-
lar la discusión. Depende del estilo de trabajo del jefe de proyecto.
¿Qué otras entidades tienen injerencia en este proceso?
Por ley, tenemos que recabar la opinión del Ministerio de Economía, los organismos
reguladores y los ministerios respectivos. En el caso de carreteras, por ejemplo, opinan,
en forma vinculante, el Ministerio de Economía y Finanzas, Ositran y el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones. Sólo entonces, el documento pasa a consideración del
Consejo Directivo de ProInversión, que está integrado por algunos ministros. Luego de
ello, se envía a la Contraloría General de la República a fin de obtener el Informe Previo.
A partir de allí, se da fecha para la entrega de los sobres 2 y 3 (propuesta técnica y eco-
nómica, respectivamente).
Esto ya es parte del concurso que va en paralelo. ¿Cuál es el procedimiento?
El sobre 1 es el que contiene los requisitos técnicos, legales y financieros que deben
cumplir los postores para su precalificación a fin de presentar propuestas en un concur-
so; puede ser presentado desde el inicio del proceso de concesión y durante gran parte
de éste. Los otros sobres se entregan, en un acto formal, cuando el contrato ya está listo.
¿Cómo se define al ganador?
Dicho procedimiento se encuentra previamente establecido en las bases del con-
curso. El sobre 2 es la oferta técnica y el sobre 3 es la oferta económica. En el acto
de recepción de sobres 2 y 3, el Comité, ante la presencia de un Notario Público,
entregará los sobres 2 a una comisión nombrada para su evaluación. Los sobres
3 permanecen en poder del Notario hasta la fecha señalada para su apertura. En
dicha fecha se definirá al adjudicatario de la buena pro, es decir, a quien presentó
la mejor oferta económica, entre los postores cuya propuesta técnica haya sido
aprobada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las bases. El Comercio/Dante Piaggio
5 8 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 5 9
Cuando se propuso la edifi-
cación de la gran planta de
tratamiento de aguas residuales
de Taboada, con miras a solucionar algu-
nos problemas de salubridad en Lima, el
obstáculo más evidente no fue el técnico
ni el financiero, sino el tema legal: al ser
una obra que se financiará con el pago
de los beneficiarios, se tuvo que hacer un
cambio en la Ley General de Saneamiento
para que se incluyera como criterio de la
tarifa, el servicio de tratamiento de aguas
residuales. Cuando se planteó la construc-
ción de una planta desalinizadora de agua
de mar, la que se levantará al sur de Lima,
se requirió una modificación al Reglamen-
to Nacional de Edificaciones, que no con-
templaba esta posibilidad. Las enmiendas
y nuevas normas no son extrañas cuando
se pone en marcha un nuevo proyecto. Los
encargados de plantear esos ajustes son
los equipos técnicos de ProInversión.
De acuerdo al Reglamento de Organi-
zación y Funciones de la Agencia, los equi-
pos técnicos están constituidos por un Jefe
de Proyecto, otros profesionales de la Di-
rección de Promoción de Inversiones y por
personas naturales y/o jurídicas externas
para la realización de estudios técnicos y/o
económicos necesarios para llevar a cabo
los procesos de promoción de inversión
privada. La conformación de estos equipos
incluye especialistas técnicos, legales,
económicos u otros, de acuerdo al perfil
establecido por los respectivos Comités
Especiales encargados de los proyectos.
Uno de los primeros pasos de cada
equipo de trabajo es el análisis de las
normas que sustentan un proyecto
específico. Una muestra es el caso de la
mencionada planta de desalinización del
proyecto Aguas de Lima Sur. El Regla-
mento Nacional de Edificaciones fue
actualizado por última vez en 1976. La
tecnología de ósmosis inversa o el tema
de la desalinización de agua de mar no
existían. Entonces se tuvo que establecer
unos parámetros: qué calidad de agua de
mar debería captarse para obtener agua
potable, cuál debería ser la calidad de esa
agua potable, qué cantidad de minera-
les debería contener, entre otros. «Estos
parámetros fueron trabajados en consulta
con la Organización Mundial de la Salud»,
traBaJOde CampO
Cada proyecto plantea nuevos desafíos profesionales por resolver, desde la etapa de diseño hasta las coordinaciones con otras entidades públicas para sacar adelante una obra. Los técnicos de ProInversión son expertos en detectar esos detalles (vacíos legales, enredos jurisdiccionales) que pueden poner en dificultad un proyecto.
refiere Rossina Manche, Jefa de proyectos
de Saneamiento de ProInversión.
No fue el único contacto que tuvo
que hacer su equipo para sacar adelan-
te dicho proyecto. «Se tuvo que ir de la
mano con instituciones que recién se
creaban: empezamos con el Ministerio de
Vivienda, hasta que se creó el Ministerio
del Ambiente, que tenía nuevas funciones;
también había que trabajar con ellos. Lo
mismo cuando desapareció el Inrena y se
creó la Autoridad Nacional del Agua. Con
todos había que coordinar, mientras iban
aprendiendo al andar».
Sólo las gestiones para establecer un
marco legal aplicable tomaron un año:
Se tuvo que elaborar el reglamento para
construir una planta desalinizadora y
establecer parámetros para la calidad de
agua potable que debía obtenerse, la sal-
muera (el agua residual con alta concen-
tración de sal que resulta tras extraer el
agua potabilizada), el procedimiento para
devolverla al mar, entre otros.
Determinados casos requieren un
trabajo conceptual. Por ejemplo, en lo
que se refiere a la salmuera producida
por la planta desalinizadora. «Se tuvo que
establecer que no era agua residual, cuyo
manejo se rige por otra legislación, y ex-
plicar que se trata de un agua de retorno»,
explica Manche.
***
Otro aspecto del trabajo en el campo
consiste en revisar y obtener permisos
que en ocasiones no están reglamenta-
dos y/o identificadas las instancias a las
que acudir. Este fue el caso del emisario
submarino en Taboada y La Chira que se
debe construir para desechar las aguas
residuales de Lima a una profundidad
marina conveniente. Al no existir emisa-
rios submarinos en el Perú, al momento
de plantearse este proyecto, no estaba
definido qué autoridad tenía la facultad
de otorgar el permiso para una obra de
esta naturaleza.
«Tuvimos que acudir a la Dirección de
Capitanías, a la Marina y al Ministerio de
Defensa, para que nos indicaran dónde
podíamos colocar este gran tubo que
debía estar sobre el lecho marino, a una
LOs tÉCniCOs deprOinversión
4. CómO reaLiZan eL
6 0 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 6 1
profundidad de un kilómetro aproxima-
damente, sin cruzarnos con ninguna em-
barcación y respetando todas las medidas
de seguridad», refiere la jefa del proyecto.
El primer escollo fue que ninguna de
estas tres entidades tenía establecido lo
que es un emisario submarino y tampoco
una planta desalinizadora, pues no hay
antecendentes de estas construcciones en
el país. Esa circunstancia hacía imposible
proceder. Entonces, el equipo técnico
de ProInversión asignado a esta tarea se
enfocó en crear normas, permisos, formas
y manuales de aplicación de operación
específicos, que fueron propuestos a las
entidades competentes.
A lo largo de un proceso puede suceder
que se requiera crear normas con rango
de ley o decretos de urgencia. Es parte
del trabajo. El Reglamento Nacional de
Edificaciones, por ejemplo, se aprueba
mediante una ley, mientras que otros
mecanismos como el índice de salinidad
del agua, no contemplados en el Regla-
mento de la ANA, tuvieron que generarse
mediante una resolución jefatural.
ProInversión tiene coordinadores
parlamentarios que se encargan de hacer
gestiones dentro del Poder Legislativo
antes que los jefes de proyecto acudan a
exponer y explicar los detalles. Todo avan-
za en paralelo. «A veces hay que explicar
el mismo tema a funcionarios de diversas
instituciones. En el sector, tuvimos cuatro
viceministros, lo cual puede demorar las
cosas, pero es parte del trabajo», explica
Rossina Manche.
Hay otras tareas que debe resol-
ver un equipo técnico. Por ejemplo,
las dieciocho plantas de tratamiento
administradas por Sedapal que han sido
puestas en concesión. Por el crecimiento
desordenado de la capital, estas plantas,
que procesan el 5% de aguas residuales
de Lima, ahora han terminado ubicadas
en medio de localidades como Pucusana,
Puente Piedra, Santa Anita, Carapongo
y Lurín (incluso hay una en medio del
Parque Wiracocha). Sus condiciones
acentúan el problema: ninguna trabaja a
su capacidad de diseño ni cumple con los
niveles de calidad ambiental, nunca les
han hecho rehabilitación, y para mayor
gravedad, la mayoría está instalada en
terrenos que no son de la empresa pres-
tadora del servicio.
La solución supone, progresivamente,
clausurar y reubicar estas instalaciones.
El requerimiento al inversionista privado
es que durante los primeros cinco años
rehabilite, opere y mantenga las plantas,
y paulatinamente, mientras construye
otras, vaya dándoles de baja. «Para esto
estamos haciendo el saneamiento legal de
esas plantas, hay que poner todo en regla,
ver temas como los impuestos prediales
que jamás han pagado, por ejemplo»,
precisa la especialista.
Los equipos técnicos acompañan
al milímetro cada etapa del proceso. El
trabajo es arduo, pero sus resultados se
extienden más allá de las obras específi-
cas: se abre un camino que hará más fácil
futuros proyectos. CMH / Daniel Silva
6 2 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 6 3
COnsOrCiO5. CómO se FOrma un
Numerosos procesos de inversión han sido encargados a grupos de empresas que juntaron esfuerzos para participar en los concursos de concesiones. Esta modalidad ha permitido el impulso de obras que requieren cuantiosos recursos.
a resurrección de muchos trenes
peruanos empezó a fines del
siglo pasado, cuando se sometió
a concurso la administración de tres
rutas del sistema ferroviario nacional. El
objetivo principal era poner en manos
privadas una concesión de treinta años
para el mantenimiento, rehabilitación y
modernización de las rutas del Centro
(590 Kms.), Sur (854 Kms.) y Sur Oriente
(134 Kms.). La mejor oferta daba mayores
porcentajes de ganancias al Estado por la
explotación del servicio: entre 30% y 50%,
según el concepto. La inversión calculada
para este proyecto era, en cálculos con-
servadores, de 157 millones de dólares.
Los ingresos para el Estado, como parte
de las ganancias totales, se estimaban
en 162 millones de dólares. Semejante
planteamiento se basaba en el esfuerzo
comprometido por ocho empresas, entre
nacionales y extranjeras, que se habían
unido para llevar adelante el proyecto. Se
trataba de un consorcio.
En los procesos de inversión es po-
sible que las propuestas vengan de una
empresa o, de ser el caso, de un consorcio
formado por dos o más empresas. Estas
suman esfuerzos para cumplir con los
requerimientos y garantías exigidos para
el proyecto. En el caso de los trenes, por
ejemplo, el consorcio ganador estaba
conformado por cinco empresas peruanas
(Compañía de Minas Buenaventura,
Mitsui del Perú, Juan Olaechea Cía.,
Inversiones Andino y Peruval Corp.), una
del Reino Unido (Commonwealth Deve-
lopment Corporation), una de Estados
Unidos (Railroad Development Corpora-
tions) y una de Bermuda (Sea Containers).
Si su propuesta se manejaba sin contra-
tiempos, el sistema ferroviario podría
alcanzar estándares internacionales en los
siguientes cinco años.
***
La naturaleza de los consorcios está
regulada por la Ley General de Sociedades.
El artículo 445 indica que un contrato de
consorcio es aquel «por el cual dos o más
personas se asocian para participar en
forma activa y directa en un determinado
negocio o empresa con el propósito de ob-
tener un beneficio económico, mantenien-
do cada una su propia autonomía». En el
caso de la inversión privada, un consorcio
es «un grupo de empresas que se juntan
para compartir riesgos», explica Luis Orti-
gas, jefe de Proyectos en Asuntos Eléctricos
e Hidrocarburos de ProInversión.
Una muestra del trabajo de un con-
sorcio es el Mega Proyecto Ciudad Sol de
Collique. Comprende la construcción de
un total de 16.000 viviendas en el distrito
de Comas. En mayo de 2010, se firmó un
contrato con el consorcio DHMont & CG
& M S.A.C; y de esa manera, se estable-
ció un compromiso de inversión de 150
millones de dólares que se ejecutarán en
un plazo máximo de 10 años. El consorcio
deberá entregar un mínimo de tres mil
viviendas en los tres primeros años. Ade-
más, el inversionista asume la construc-
ción del Nuevo Aeródromo para la Escuela
de Aviación Civil de Collique.
«Cuando un operador tiene la capaci-
dad técnica, pero no la capacidad econó-
mica suficiente, puede buscar un socio
que aporte el dinero y así ambos comple-
tan los requisitos. Eso se da de la misma
forma en todos los sectores», indica Luis
Ortigas. Por ejemplo, uno de los procesos
más renombrados fue la concesión de
explotación de gas al Consorcio Camisea.
«De entrada, el proyecto empezó con una
inversión de 1.500 millones de dólares.
Ahora ya llega a los ocho mil millones de
dólares».
Un caso más reciente es el del
proyecto Energía de Centrales Hidro-
eléctricas II, cuya inversión estimada es
de 1.800 millones de dólares. El Estado
licitó la construcción de tres centrales
hidroeléctricas instaladas en Huánuco,
Cusco y Huancavelica, que en conjunto
producirán 911 megavatios de energía.
Al concurso se presentaron seis de nueve
empresas precalificadas. Al final, la central
del Cusco fue entregada al Consorcio
Generadora Pucará. La central Chaglla, en
Huánuco, fue concesionada a la Empresa
Generadora Huallaga. La central de Cerro
del Águila, en Huancavelica, fue entregada
a la empresa del mismo nombre.
De las tres centrales, la más pequeña es
la del Cusco, lo cual sugiere una precisión.
«La formación de un consorcio es inde-
6 4 - P R O I N V E R S I Ó N I N V E R S I O N E S - 6 5
pendiente del tamaño del proyecto.
Puede ser que un proyecto muy
grande sea asumido por una sola
empresa con la capacidad suficiente
y que un proyecto pequeño sea asu-
mido por un consorcio de empresas
menores que de manera individual
no hubieran reunido los requisitos»,
explica Ortigas.
En términos numéricos, pue-
de citarse los casos del Proyecto
Energía de Centrales Eléctricas,
cuya inversión estimada de US$ 300
millones fue asumida por la Empresa
de Generación Eléctrica Cheves S.A.
Por su parte, el proyecto para la Línea
de Transmisión Tintaya-Socabaya,
entre Cusco y Arequipa (inversión
estimada de US$ 45 millones) fue
concesionado al consorcio hispano
peruano REI-AC Capitales.
«En ambos casos, las empresas y
los consorcios tienen que cumplir los
mismos requisitos», dice Ortigas. Sin
embargo, cabe señalar los requisitos
que establece la ley para la participa-
ción de consorcios: si bien no existe
la obligación de inscribir el consorcio
en Registros Públicos, sí se requiere
la promesa formal a través de un
documento que puede ser presentado
incluso después del otorgamiento de
la Buena Pro y antes de la firma del
contrato. El consorcio también debe
acreditar un representante con poder
para ejercer derechos y asumir obliga-
ciones derivadas del proceso. Ninguno
de los integrantes del consorcio debe
figurar en el Registro de Inhabilitados
para Contratar con el Estado.
Entel / Compañía Peruana de Teléfonos S.A. (CPT). El 28 de febrero de 1994 se subastó un paquete compuesto por el 35% de acciones de Entel, alrededor del 20% de acciones del Estado en CPT y la suscrip-ción de capital en CPT para alcanzar el 35% del accionariado. El consorcio gana-dor fue el liderado por Telefónica Interna-cional de España, que ofreció US$ 2.002 millones. De este monto, el Estado recibió US$ 1.391 millones por sus acciones, mientras que US$ 610 millones fueron suscritos como capital adicional en CPT.
Edelnor / Luz del Sur. El 12 de julio de 1994 se efectuó la subasta del 60% de las acciones de las empresas de distribución de electricidad en Lima Metropolitana. Edelnor fue adjudicada a Inversiones Distrilima (consorcio conformado por Endesa, de España; Chilectra y Enersis, de Chile; Cosapi y varias empresas peruanas vinculadas al Grupo Crédito) por un monto de US$ 176.49 millones. Por su parte, Luz del Sur fue adjudicada a Ontario Quinta AVV (Ontario Hydro de Canadá y Chilquinta Internacional de Chile), por US$ 212.1 millones.
CONSORCIOS EN EL PERÚHay consorcios en prácticamente todos los sectores desde que se
inició el proceso de estímulo a la inversión privada, a inicios de los
años noventa. Algunos casos notorios de empresas concesionadas
mediante esta modalidad de inversión son:
Interbank. El 20 de julio de 1994 se subas-tó el 99.8578% de las acciones del Estado en esta entidad. Las adquirió el consorcio conformado por International Financial Hodings (Gran Caimán) e IFH Perú S.A. con la asesoría del Banco Osorno y La Unión (Chile) por US$ 51 millones. Junto con el Interbank también fueron incluidas sus empresas filiales: Financiera Peruana-Interfip, Internacional de Inmuebles y la Empresa de Servicios Internacionales-Interserv.
Empresa Minera Especial Tintaya S.A. (Tintaya). El 6 de octubre de 1994 se su-bastó el 100% de las acciones de esta mina de cobre. La buena pro fue adjudicada a Magma Copper Co. / Global Magma Ltd. (EE.UU.) por US$ 218 millones en efectivo más US$ 55 millones en valor nominal en títulos de deuda y US$ 85 millones como compromiso de inversión en 5 años.
Sociedad Minera Refinería de Zinc de Cajamarquilla S.A (Cajamarquilla). Refinería de zinc. El 4 de noviembre de 1994 se otorgó la buena pro al Consorcio compuesto por Cominco Ltd. (Canadá) y Marubeni Corporation (Japón) que ofreció US$ 193 millones.
Empresa de Generación Eléctrica de Lima S.A. (Edegel). El 17 de octubre de 1995 se subastó el 60% de las acciones de Edegel. Resultó ganador Generandes Co., consorcio integrado por EP.Edegel Inc.(Delaware, USA), Inverandes (Argentina), Wiese Inversiones Financieras S.A.(Perú), Inversiones Graña y Montero S.A. (Perú). Este consorcio ofertó US$ 424.4 millones en efectivo más US$ 100 millones en pape-les de la Deuda Externa.
Empresa Siderúrgica del Perú S.A. (Sider Perú). El 14 de febrero de 1996 se conclu-yó el proceso de subasta de las acciones del Estado. El ganador fue el consorcio denominado Sider Corp. S.A., que se adjudicó el 96.46% de las acciones de la empresa por US$ 161.1 millones en efec-tivo más US$ 25.1 millones en títulos de la deuda a valor nominal. Adicionalmente, se fijaron US$ 30 millones como compromiso formalizado de inversión. El consorcio está integrado por Acerco S.A. (40%), subsi-diaria de GS Industries Inc. de los Estados Unidos; Wiese Inversiones Financieras S.A. (40%); y Stanton Funding Co. (20%). GS Steel Company es el operador siderúrgico del consorcio.
Refinería La Pampilla S.A. - El 11 de junio de 1996 se concluyó el proceso de subasta del 60% de acciones de Petroperú en la Refinería La Pampilla S.A. El ganador fue Refinadores del Perú S.A., que ofreció US$ 180.5 millones (que incluían US$ 38 millo-nes de papeles de la deuda) y un compro-miso de inversión de por lo menos US$ 50 millones en los siguientes cinco años. Refinadores del Perú S.A. es un consorcio integrado por Repsol S.A. de España (55%), YPF S.A. de Argentina (25%), Mobil Oil del Perú S.A. (5%), Graña y Montero S.A. del Perú (5%), Wiese Inversiones Financieras S.A. del Perú (5%) y The Peru Privatisation Fund United de Islas Gran Caymán.
Empresa Minera del Centro del Perú S.A. (Centromín) - Proyecto Minero Antami-na. El 12 de julio de 1996 se adjudicó el Proyecto Minero Antamina al consorcio integrado por Inmet Mining Coporation y Rio Algom Ltd. El contrato se firmó en setiembre de ese año, y allí se establecía el monto de transferencia por US$ 20 millones más un compromiso mínimo de inversión dentro de los dos primeros años de US$ 13.5 millones en estudios y exploración. Si el consorcio decide seguir adelante con el proyecto deberá invertir en el plazo de cinco años contados desde la fecha de suscripción del contrato la suma de US$ 2.520 millones.
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El 15 de noviembre de 2000 el Consorcio conformado por las empresas Flughafen Frankfurt Main AG, Bechtel Enterprises International Ltd. y Cosapi S.A. se adjudicó la buena pro de la Concesión del Aero-puerto Internacional Jorge Chávez por un periodo de 30 años. Este consorcio ofreció una regalía de 46.511% sobre los ingre-sos brutos. Asimismo, se comprometió a invertir US$ 1.214 millones en crecimiento y mejoras de las instalaciones. Se estima que los ingresos del Estado durante el pe-riodo de la concesión serán de US$ 5.328 millones (valor corriente).
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> ¿No te lo dije?
Es una publicación de la Agencia de Promociónde la Inversión Privada (ProInversión)
Concepto: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional - ProInversiónPrimera edición: Enero de 2012Tiraje: 500 ejemplares
Edición, investigación y diseño: Editorial Cometa Diseñador: Mario Segovia Guzmán / CometaIlustrador: Víctor Aguilar / CometaTextos: ProInversión y Cometa
Fotografías: ProInversión, El Comercio,Daniel Silva Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2012-06074
Preprensa: Editorial CometaImpresión: Imprenta Ríos S.A.C.
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